En los últimos días se ha dado por terminado el mal denominado “Diálogo social”, cuyos objetivos iniciales fueron establecidos por el gobierno de Yamandú Orsi en el decreto N°86/2025. A tales efectos se creó la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social (CSPSS) como ámbito de articulación y coordinación interinstitucional en materia de protección y seguridad social, bajo la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). De acuerdo con lo establecido en dicha norma son cometidos de la referida Comisión: a) elaborar y proponer estrategias nacionales en protección y seguridad social, b) coordinar con organismos nacionales e internacionales la elaboración de informes técnicos y estudios de impacto y c) implementar y coordinar el Diálogo Social para impulsar los cambios que fueren pertinentes en la matriz de protección y seguridad social.
El pasado 30 de abril la Comisión presentó sus “conclusiones”, las cuales encendieron luces de alarma entre los principales analistas económicos del sector privado. Si bien el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, dijo que “no es cierto” que “se vaya a un camino de eliminar las AFAP” el jerarca dejó abierta la puerta a modificaciones ya que si bien seguirán siendo “parte de la gestión profesional de los recursos”, puede haber cambios en la “forma de operación” para mejorar “la eficacia y eficiencia”. En pocas palabras: “hecha la ley, hecha la trampa”, sobre todo cuando desde el inicio te avisan “cambios” (sin especificar cuáles) a la forma de operación de las AFAP.
Por otra parte, mediante diálogo con Montevideo Portal, el economista y director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, se refirió a los acuerdos alcanzados entre el Poder Ejecutivo y el Pit Cnt por la seguridad social, cuestionó con dureza los cambios propuestos en relación con las AFAP y lanzó críticas directas hacia la central sindical. Munyo aseguró que le genera una “preocupación grande” este acuerdo, ya que marca un “punto de inflexión” en una discusión que existe desde que las AFAP llegaron al país hace aproximadamente 30 años. Para el economista, lo más complejo de esta decisión es la estatización de las cuentas personales de los trabajadores afiliados a alguna AFAP. “Corta la relación directa entre las personas y los ahorros jubilatorios de su pertenencia”, analizó. Además, explicó que las administradoras privadas pasarían a ser fondos de inversión contratadas por el Estado, las cuales colocarían inversiones ocasionando un retorno económico. Es decir, que los trabajadores “no elegirán como cuidar sus ahorros y multiplicarlos”, agregó.
Por otro lado, se refirió al costo financiero que podría traer que se avance en esta discusión. Estimó que el riesgo país pasaría a estar por encima de los U$S 300 millones. “Es tres veces lo que aumentó todo el presupuesto nacional, eso es lo que puede costar”, mencionó, en relación a las consecuencias que podrían ocasionar que el acuerdo entre el gobierno y el Pit Cnt avance.
Munyo se refirió a los argumentos de la central sindical, quienes promueven eliminar las AFAP para “ahorrar” los costos de la administración, ya que las administradoras privadas “promocionan su propia AFAP con respecto a otras”. “Eso es mentira, porque se hicieron estudios, se discutieron en el Diálogo Social y demostraron que no había ningún ahorro, no había ninguna ganancia potencial en las jubilaciones”, explicó.
“¿Quién en su sano juicio puede pensar que el Estado puede ser más eficiente que el trabajo que hacen 300 personas funcionando en competencia en el sector privado?”, cuestionó el economista.
Además, mencionó que en este acuerdo “se juega mucho” para Uruguay, ya que se está discutiendo una política de Estado que esta activa hace 30 años. “Son las mismas personas que lo han cuestionado desde su inicio que ahora van por otro camino alternativo que, básicamente, afecta los cimientos del sistema y afecta su existencia futura”, agregó. “Hay que sacar los eslóganes, porque todo esto está basado en un capricho ideológico sin ningún fundamento real que pueda sostener”, analizó. En la misma línea, Munyo agregó que eliminar las AFAP “no puede ser positivo en ningún escenario”. “Me gustaría que esto se pusiera en el debate y ver si hay alguna razón con fundamento para festejar esto, que yo no veo nada positivo”.
Igualmente de preocupantes son las declaraciones del gerente general de AFAP Sura, Sebastián Peaguda, para quien “los cambios que se manejan implicarían quitar a las AFAP la relación directa con los afiliados y la gestión de las cuentas individuales, algo que modificaría la lógica del sistema: “Si vos sacás las cuentas individuales y transformás a las AFAP en prestadoras de servicios para el Estado, se queda un esquema donde tenés inversores que le dan servicio al Estado y no le dan servicio a las personas”.
Peaguda advirtió, además, que el impacto en las jubilaciones sería marginal. “Con esta medida, lo que se puede llegar a esperar como una mejora en la jubilación de las personas es un 1%”, afirmó, y agregó que se trata de “una hipótesis de máxima” bajo supuestos muy exigentes. En contrapartida, sostuvo que existen otras áreas con mayor potencial de mejora, como el régimen de inversiones. “Las jubilaciones podrían mejorar sustantivamente, en el entorno del 15%, si el esquema de inversión fuera más sofisticado”, planteó. Peaguda también puso el foco en lo que considera un riesgo estructural: la pérdida de separación entre los fondos de los trabajadores y la órbita estatal. “Ese ahorro que es tuyo está siendo manejado en tu interés y no bajo la premisa de cuál es la idea que puede tener el gobierno”.
El objetivo del Frente Amplio, del gobierno de Yamandú Orsi y del Pit Cnt ha quedado finalmente al descubierto: no sólo se trata de desconocer la voluntad del pueblo –una vez más– que en el año 2024 rechazó la reforma jubilatoria y cuyo objetivo era reformar la constitución para modificar el sistema de seguridad social en Uruguay. En esa ocasión los votos a favor del Sí no pudieron superar el 50% más uno requerido, logrando tan sólo un 40,6% de los votos emitidos, por lo cual no fue aprobado. Ya es sabido que los votantes del Frente Amplio y al Pit Cnt no le gustan perder elecciones y cuando eso sucede de inmediato buscan una forma para desconocer la voluntad popular expresada en resultados democráticamente obtenidos. Es por eso que tienen tanta afinidad ideológica con los gobiernos de Cuba, China, Venezuela o Nicaragua: si quieren ganar en la liga lo que perdieron en la cancha.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, está claro que el único objetivo que tienen Orsi, el Pit Cnt y el Frente Amplio es encontrar de dónde sacar recursos para pagar los gastos de un gobierno cuyos egresos están descontrolados. El problema es que tratándose de las AFAP, Uruguay estará tirando por la borda una política de Estado que le dio reconocimiento y prestigio internacional. Les tocará a las próximas generaciones pagar las consecuencias de estas pésimas decisiones del gobierno frenteamplista y la casta sindical.
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