En los primeros días de la alerta roja, aproximadamente 3.000 personas se alojaron a diario en los distintos dispositivos establecidos por el Sistema Nacional de Emergencia, en coordinación interministerial. Entre fines de mayo y julio de 2025, se registraron al menos ocho muertes de personas en situación de calle en Uruguay. Desde entonces, una problemática que se ha profundizado en los últimos años pasó al debate público nacional e incluso departamental.
El punto central es que una declaración de alerta, con asistencia compulsiva en caso de negativa, no solucionará el problema de fondo: las personas que viven en la calle. En primer lugar, porque el dispositivo funciona únicamente durante los meses de frío. En segundo término, porque no existe una política de Estado sostenida a lo largo de las distintas administraciones que enfrente un dilema evidente y que hoy parece perseguir un único objetivo: comparar gestiones.
En julio de 2011 se registró la muerte de seis personas sin hogar y la entonces ministra de Desarrollo Social, Ana Vignoli, fue removida de su cargo. Ese mismo mes, y de forma urgente, se aprobó la ley de internación compulsiva cuando estuviera la vida en riesgo. La iniciativa fue considerada entonces una salida rápida a un problema que ya desbordaba a las autoridades. Aquel gobierno del Frente Amplio debió lidiar internamente con un tema ríspido, porque se instaló el debate acerca de la libertad individual. Sin embargo, el siguiente titular de la cartera, Daniel Olesker, utilizó esa norma para ordenar el ministerio.
En los años siguientes hubo otras renuncias por desacuerdos sobre la aplicación de esa ley, hasta que el debate volvió a instalarse con la aprobación de una nueva normativa en agosto de 2024. Es decir, las sucesivas leyes no eliminaron el problema de las personas en la calle, sino que intentaron evitar muertes a la intemperie o impedir que personas descompensadas se dañaran a sí mismas o a terceros.
Desde hace más de una década, la discusión permanece anquilosada y centrada en evitar muertes, porque estas personas adquieren mayor visibilidad durante los períodos de bajas temperaturas. El resto del año, el problema sigue allí: en plazas, veredas y porches de casas abandonadas —o no—, con personas que deambulan por los mismos lugares desde hace años.
Tal como ocurre en Paysandú, donde a plena luz del día, en invierno o en verano, puede verse el incremento de personas en situación de calle. Porque la compulsividad de una norma no saca a un individuo de la intemperie de manera definitiva: lo resguarda esta noche, y probablemente también la siguiente.
Entonces, cuando termina el invierno y concluye la aplicación de los programas o estrategias definidos por cada gobierno, muchas de esas personas vuelven a la calle hasta el año siguiente, cuando las temperaturas descienden nuevamente y el debate reaparece.
Lo cierto es que este problema, que parece tan uruguayo y se discute con tanta vehemencia, es mundial. Prácticamente ningún país ha logrado resolver el sinhogarismo, como suele denominarse en los organismos internacionales.
Europa, por ejemplo, ni siquiera sabe con precisión cómo contabilizar a las personas sin hogar. No existen registros ni criterios comunes, aunque algunas estimaciones indican que, solo en 2024, la Unión Europea registró un aumento cercano al 45% de personas sin hogar, alcanzando aproximadamente 1,2 millones. Si bien allí intervienen otros factores vinculados a la inmigración, también pesa el aumento del costo de la vivienda, un temor que atraviesa a siete de cada diez residentes europeos.
A diferencia de Uruguay, donde la situación de calle suele asociarse al consumo problemático de sustancias, al incremento de la violencia y la intolerancia en la convivencia, así como a antecedentes de reclusión, en el viejo continente se habla de exclusión residencial.
El fenómeno del sinhogarismo está en auge porque crece la población con dificultades para pagar un alquiler, se reduce la vivienda pública y las políticas habitacionales difieren de un país a otro. En España, una de cada diez personas declaró haber atravesado una situación de sinhogarismo al menos una vez en su vida.
En Irlanda, el sinhogarismo se cuadruplicó en menos de una década y, en otros países, el aumento ha sido aún mayor, como en Bélgica y Alemania. Incluso Finlandia, considerado un referente global en políticas exitosas contra el sinhogarismo, registró su primer aumento en diez años.
La última encuesta del Eurobarómetro señala que el 61% de los encuestados teme no poder afrontar un alquiler y terminar viviendo en la calle.
Si bien en Europa la discusión parte de otras raíces, el problema de la vulnerabilidad socioeconómica crece en todas partes. En Uruguay, mientras tanto, el debate actual se concentra en la necesidad de ampliar cupos y crear nuevos alojamientos para evitar que alguien quede a la intemperie.
Y así podría continuar indefinidamente. Porque las personas en situación de calle no aumentaron solamente en los últimos cinco años: la tendencia ya mostraba una suba gradual impulsada por múltiples variables. Uruguay tiene casi 17.000 personas privadas de libertad —de un total de 27.000 en conflicto con la ley bajo distintas medidas— y se estima que más de 5.000 están vinculadas al consumo o tráfico de drogas.
Cada año aumenta el número de liberados con vínculos familiares rotos y con la dificultad adicional de cargar antecedentes penales que terminan empujándolos nuevamente a la calle. No es un problema de una u otra administración. Es el resultado de un deterioro progresivo que todos vieron, pero frente al cual muchos eligieron mirar hacia otro lado.
A todos les compete impulsar una política pública que trascienda las administraciones. Eso es lo que suele llamarse una política de Estado, aunque hoy parezca cada vez más difícil de alcanzar.
Por el contrario, muchos han optado por saldar cuentas políticas arrojándose mutuamente la responsabilidad sobre las personas en situación de calle.
