Un grupo de organizaciones y colectivos sociales presentó, al amparo del Derecho de Petición, una solicitud a la Corte Electoral para que anule la resolución que modifica los requisitos para adherir a iniciativas como reformas constitucionales, referéndums y apelaciones.
Por una resolución de marzo, el organismo dispuso que, además de la credencial y la firma, se debe estampar la huella digital en una hoja separada por cada persona. Las organizaciones consideran la exigencia "sumamente gravosa e inviable", ya que un plebiscito requeriría unas 500.000 papeletas.
Sostienen que la resolución "carece de respaldo legal y está invadiendo atribuciones del Poder Legislativo".
Sobre la campaña de Paysandú por un Uruguay Soberano contra el proyecto de HIF —con 17.200 firmas—, el vocero Leonardo Belassi consideró que no debería afectarles por ser anterior, y denunció "demoras intencionadas": la Corte "tiene retenidas las papeletas".
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