La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes comenzó el estudio del proyecto de ley que modifica la Ley N.º 14.005 sobre donación de órganos, tejidos y cuerpo humano para fines terapéuticos y científicos. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone que todo menor sea considerado donante salvo oposición de sus padres o tutores. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, junto a autoridades de la cartera, fue recibida en la citada comisión, donde expuso la posición del Poder Ejecutivo y respondió las consultas de los legisladores.
El proyecto procura la actualización del régimen vigente, incorpora normas específicas sobre la utilización del cuerpo humano con fines científicos y mantiene el sistema de consentimiento presunto para la donación de órganos y tejidos con fines terapéuticos. La propuesta regula con mayor precisión la situación de los menores de edad y de las personas incapaces declaradas judicialmente.
La iniciativa parlamentaria establece mecanismos para la revocación del consentimiento, prevé la intervención judicial en los casos de discrepancias respecto a menores y determina el procedimiento cuando la donación debe coexistir con una investigación penal.
Durante su comparecencia, los representantes del Ejecutivo destacaron el trabajo que desarrolla el Instituto Nacional de Donación y Trasplante (INDT), en coordinación con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Las autoridades destacaron que Uruguay cuenta con uno de los sistemas de procuración y trasplante más sólidos de la región, fruto de un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud Pública, el INDT, los equipos de coordinación hospitalaria y los prestadores de salud.
Ese modelo permite que Uruguay se ubique entre los de mejores indicadores regionales en materia de trasplantes y alcance una de las tasas más bajas de negativa familiar a la donación, cercana al 3%. En la sesión resaltaron que refleja la confianza de la población y del acompañamiento que brindan los equipos especializados a las familias.
Al finalizar la exposición de la autoridades, el diputado del Frente Amplio Juan Gorosterrazú, destacó la importancia de análisis en profundidad de una iniciativa que impacta directamente en la vida de cientos de familias uruguayas.
“La mayoría de niños y adolescentes en condiciones de transplantes se refieren a problemas cardiológicos y es necesario un transplante de corazón. En ese sentido, hay un trabajo muy importante de asistentes sociales, psicólogos y equipos médicos del INDT. Creemos que, más allá de la evidencia, tenemos otros mecanismos para transitar en cuanto a la donación”, dijo a EL TELEGRAFO.
Aspectos relevantes
El legislador señaló que uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que brinda mayor claridad jurídica en situaciones que hasta ahora no estaban suficientemente reguladas, particularmente en relación con los menores de edad y la donación con fines científicos.
“Las leyes deben acompañar los avances de la medicina y de la investigación científica, pero siempre garantizando los derechos de las personas y ofreciendo reglas claras para todos los involucrados” y señaló que en Uruguay “hay una cierta contradicción entre las normas actuales, particularmente hacia niños y adolescentes que pueden tomar la decisión de recibir un transplante”.
Observaciones técnicas
Durante la reunión el Ministerio de Salud Pública presentó observaciones técnicas sobre algunos artículos del proyecto, planteó la conveniencia de introducir ajustes para asegurar su adecuada implementación y compatibilidad con el marco jurídico vigente. Las autoridades también expusieron información sobre el funcionamiento del sistema nacional de trasplantes, la realidad de los trasplantes pediátricos y los desafíos que enfrenta el país para continuar fortaleciendo la donación de órganos.
Gorosterrazú destacó que el intercambio constituye “una instancia valiosa para enriquecer el debate parlamentario. El objetivo es que Uruguay continúe fortaleciendo un sistema de donación y trasplantes que ha sido referente en la región. Cuanta más información técnica tengamos para legislar, mejores serán las decisiones que podamos adoptar en beneficio de los pacientes y de la salud pública”.
El proyecto continuará su análisis en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social antes de su consideración por el plenario de la Cámara de Representantes.
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