En 2050, en toda América Latina habrá 38,3 millones de personas menos en edad escolar que las que había en 2020. Así está planteado el escenario en el artículo “El impacto de la caída de la natalidad en los sistemas educativos de América Latina”, publicado en la edición 122 de Notas de Población, la revista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esta disminución de la población estudiantil ocasionará modificaciones en la demanda de docentes, en las necesidades de infraestructura y en la distribución de los recursos educativos. En contrapartida, el estudio advierte que la disminución de la matrícula “podría dejar disponible financiamiento, espacios educativos y modificar la disponibilidad de docentes”, recursos que podrían reorientarse para reducir el número de estudiantes por aula, ofrecer una enseñanza más personalizada, ampliar la cobertura y fortalecer la educación inicial, secundaria y técnico-profesional, así como la formación docente y la atención de los territorios más rezagados.
Los autores del estudio señalan, no obstante, que estas oportunidades de mejora no se concretarán por sí solas, sino que dependerán de decisiones políticas.
La región —continúa analizando el informe— enfrenta brechas educativas importantes y, a modo de ejemplo, menciona que el 72% de la población en edad de asistir a la educación preprimaria está escolarizada y que alrededor del 41% no alcanza a completar la formación secundaria. A ello hay que sumarle que la inversión educativa “continúa siendo insuficiente para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad”. Por eso, expresa el artículo, “una menor matrícula no debería conducir automáticamente a una reducción de los presupuestos, sino a abrir una discusión sobre cómo redistribuir y reinvertir los recursos disponibles”.
De acuerdo con esta investigación, para 2050, por efecto de este cambio demográfico, se podría liberar alrededor del 30% de los recursos financieros utilizados actualmente en cada nivel educativo, partiendo de la base de que el gasto por estudiante se mantenga constante. Aun así, podría no ser suficiente para alcanzar la universalización de la cobertura obligatoria, mejorar la calidad y atender los niveles y territorios que presentan mayores rezagos.
Respecto a la situación de nuestro país, el caso uruguayo fue presentado a fines de octubre del año pasado por Andrés Peri, director de Planeamiento Educativo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en un seminario internacional compartido con expertos de Chile y Argentina. En la presentación titulada “Proyección de población en edad escolar”, Peri afirmó que la proyección de la población en edad escolar constituye una dimensión clave del planeamiento educativo, ya que permite estimar con cierta precisión la población futura a escolarizar. La primera proyección que empleó datos de estadísticas vitales se realizó en 2005, cuando comenzó a constatarse la caída de la fecundidad, y la segunda tuvo lugar en 2021, cuando se hizo notorio que las proyecciones oficiales distaban de los nacimientos registrados. Tras el Censo 2023, el Instituto Nacional de Estadística (INE) efectuó nuevas proyecciones hacia 2070 para toda la población uruguaya. El Uruguay de la década de los años ‘80 registraba unos 55.000 nacimientos anuales; para 2024 bajaron a casi 30.000. De esta forma, la cantidad de estudiantes de 3 a 17 años en 1996 se contabilizaba en 800.000, mientras que en la actualidad son 673.000. La proyección es que para 2070 la cifra se reduzca a la mitad. Incluso para el final de esta década se estima que la cantidad de estudiantes no superará los 591.000.
Peri planteó dos escenarios respecto al impacto de estas variaciones en el plantel docente de la educación pública urbana para el año 2040. En el primero estimó que, sin alterar la cantidad de docentes actual, el tamaño promedio de un grupo de educación inicial sería de 15,8 estudiantes en 2030 y de 17,7 en 2040, en contraste con el promedio de 18,7 alumnos ya registrado en 2025. En educación primaria, la reducción llegaría entre 2025 y 2030: mientras el año pasado el promedio de niños por grupo era de 21,3, para 2030 se estiman 16,3 y, para 2040, 15,6 estudiantes. El segundo escenario suponía mantener el tamaño medio de grupos del año pasado; en ese caso, la pregunta pasó a ser cuántos cargos docentes se liberarían. En inicial, entre 2025 y 2030, se pasaría de 3.513 docentes a 2.974 con grupo a cargo, lo que implica que 539 docentes podrían pasar a desempeñar otras funciones dentro del sistema educativo. En primaria, de los 10.262 grupos que había el año pasado, manteniendo la media de 18 alumnos, se liberarían 2.416 funciones, una reducción de casi una sexta parte.
Cualquiera de las dos vías supondría una mejora sustancial: tanto mantener el número de grupos con menos alumnos como mantener el número de alumnos por grupo liberando recursos —humanos y materiales— para mejorar la calidad.
La decisión que el país no puede permitirse, al igual que la región, es la de aprovechar esta circunstancia para ahorrar, reduciendo el presupuesto educativo en vez de dar el paso de mejorar la calidad. Aunque, por supuesto, siempre es una tentación en presupuestos de frazada corta, en los que para cubrir un área hay que dejar otra destapada, como ha quedado demostrado con la discusión presupuestal del año pasado y en la actual por la Rendición de Cuentas.
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