De rendiciones, encuestas y otros cuentos

Los resultados negativos en las encuestas no se revierten con discursos. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, apostó fuerte al enfoque de su arenga hacia los militantes reunidos en el teatro El Galpón, y ese error de enfoque frente a los guarismos adversos de las consultoras es habitual en cualquier fuerza política. Pescar dentro de la pecera no da réditos políticos ni mejora la imagen de los gobiernos. Y lo saben.
La alocución del expresidente Luis Lacalle Pou, en el marco de los festejos del Partido Nacional, fue escuchada con atención —y hasta elogiada— por algunos referentes de la izquierda uruguaya. Destacaron la “serenidad” de sus declaraciones dirigidas a su electorado, y sus referencias sutiles abarcaron tanto a propios como a ajenos. Se cuidó de no presentarse como un candidato en batalla electoral, sino como un líder que —al menos por ahora— mira desde la vereda.
Claro que sus referencias generaron repercusiones en ambas fuerzas políticas y entre quienes persisten en no separar la gestión administrativa del perfil de sus liderazgos. La dirigencia de izquierda no da crédito a los resultados que, por su orden, han presentado Equipos, Factum, Cifra y ahora Opción.
Insisten en el vínculo de cercanía que el presidente Yamandú Orsi mantiene con la ciudadanía en sus recorridas –más allá de los desplantes que le ha hecho a Paysandú, claro–, y aseguran que esas reacciones no representan ese 19% de aprobación, como si las respuestas positivas y momentáneas del contacto directo sellaran el futuro del voto del electorado hacia la coalición de izquierda.
La desaprobación hacia el gobierno se elevó al 57%, por lo que también hay un amplio electorado frenteamplista que está inconforme con la gestión actual. Incluso, si se hilara más fino y se analizara específicamente al votante de izquierda, esa desaprobación llega al 28%, algo pocas veces visto en el Frente Amplio.
El contraataque no fue el mejor. Pereira acusó al gobierno anterior de un déficit de 1.000 millones de dólares y una deuda por otros 1.000 millones, además de la compra de dos patrulleras oceánicas con “garantías truchas”. Es un argumento menor para un frenteamplista que no necesita compararse con otros partidos que no vota.
No obstante, cualquier electorado debería saber que el segundo gobierno de Tabaré Vázquez entregó a la administración lacallista un déficit fiscal equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI), unos U$S 2.800 millones, el más alto de los últimos 30 años. Era la “casa desordenada” a la que se refirió el mandatario anterior.
Así como la dirigencia actual defiende que Orsi no puede avanzar en su gestión por el escaso margen que dejó la Coalición Republicana, también el equipo de Lacalle Pou aseguraba en su momento que aquel déficit limitaba su margen de maniobra fiscal, con una presión sobre las cuentas públicas.
Al concluir el gobierno anterior, el déficit fiscal se situó en el 4,3% del PBI y subió a cerca del 4,9% con deuda flotante, tras haber campeado el peor temporal que se recuerda en tiempos modernos: la pandemia de Covid-19. El debate político se centró en las obligaciones financieras y las deudas con proveedores de ASSE, por ejemplo, que debió abordar la administración actual.
Tanto en un caso como en otro, se responde apelando a las rigideces presupuestales acumuladas, a los contextos económicos complejos, a la pandemia o a la crisis de la economía internacional. Es decir, nada nuevo bajo la plataforma de argumentaciones políticas que utilizan los gobiernos para defenderse de las impresiones negativas.
Otros factores presentados como positivos fueron los incrementos salariales y de pasividades. Ambas situaciones atraviesan realidades críticas en cualquier gobierno, porque no alcanzan a satisfacer la demanda de una población que compara lo que gana con el costo de vida. Y lo mismo ocurre cuando se enfatiza en la creación de puestos de empleo —Pereira señaló ahora 33.000 nuevos— que no están repartidos por igual en todo el territorio nacional, ni en todos los estratos sociales. El norte del río Negro no registra esa estadística, y sus habitantes también opinan cuando son consultados. Incluso votan.
Otras cuestiones están vinculadas a señalamientos tradicionales de la izquierda uruguaya hacia el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el votante frenteamplista de toda la vida debe comprender —sin que se le explique— que las cosas cambiaron, y un día ve al presidente en un portaaviones estadounidense o en negociaciones con el gobierno de Donald Trump por el destino de deportados cubanos en territorio uruguayo.
O que, desde hace décadas, haya escuchado e impulsado las críticas sobre el atraso cambiario, y que ahora, una vez en el gobierno, se le diga que esa inestabilidad corresponde a la pérdida de valor de la divisa en un contexto global en caída. O que Oddone diga que un crecimiento de 1% anual es insuficiente en 2023, y ahora sostenga que es no es tan malo. Cualquiera que lo piense con calma se preguntará si el factor tiempo solo operaba de manera negativa en el período anterior, o si es una cuestión que depende de otros factores, como los costos rígidos internos que suben en moneda nacional. Pero la picardía está presente en todos los discursos por igual.
Otro factor es la comunicación, y si bien Pereira asegura que el gobierno no transmite sus logros, tampoco lo hacen sus legisladores. Paradójicamente estamos hablando de un gobierno que vació los medios de periodistas destacados y para trabajar para ellos.
Y después hay desaciertos, como la farsa del “Diálogo social” que impulsaran para modificar el sistema jubilatorio, y la fratricida interna del partido de gobierno, que ya no pueden disimular.
Por eso, cuando se hable de “palos en la rueda” y se advierta que si no se aprueba una rendición se deja sin dinero a los niños pobres, hay que recordar que siguen allí desde hace generaciones. Incluso estaban allí cuando el Frente Amplio, en la oposición, tampoco aprobaba las rendiciones de cuentas, desde el comienzo de la democracia hasta el gobierno anterior.
Ahora que ya se aprobó, la clase política, en vez de enfocarse en pasarse facturas, deberá abordar más temprano que tarde cómo hacer para bajar los gastos de viáticos y viajes que, como hemos visto, no se usan para mejorar la calidad de vida de la gente.