La fiscal federal argentina Josefina Minatta desmintió al presidente Yamandú Orsi y aseguró que la denuncia penal vinculada con el proyecto de HIF Global en Paysandú continúa abierta, mientras que los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay confirmaron que también sigue vigente y avanzando la demanda civil de prevención de daño ambiental que promovieron por la instalación de la planta.
Las afirmaciones surgieron menos de 24 horas después de que Orsi anunciara en Guichón que Argentina había retirado la “denuncia penal” contra el proyecto, circunstancia que el mandatario calificó como una señal positiva en el plano diplomático.
La información conocida ahora desde Entre Ríos no solamente contradice al presidente uruguayo, sino que confirma que existen dos actuaciones judiciales distintas relacionadas con HIF, aunque en alguna forma vinculadas, por la figura jurídica “amicus curiae”.
Orsi había realizado el anuncio el viernes (ver QR adjunto), después de participar en Guichón de la inauguración de las obras de rehabilitación de Ruta 4. Al referirse a la marcha del proyecto de combustibles sintéticos, sostuvo que Uruguay había logrado superar varias de las dificultades que se habían presentado.
“Hemos despejado un montón de complicaciones. La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho”, afirmó. El presidente agregó entonces que consideraba lo ocurrido “una buena noticia a nivel diplomático” porque, según expresó, “vamos ganando en confianza”.
Sin embargo, ayer sábado la fiscal federal Josefina Minatta, responsable de la denuncia penal iniciada en febrero ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, negó expresamente que esa actuación haya sido retirada. “La denuncia no se retiró. Fue impulsada por mí y no he tenido las respuestas por parte de la República Oriental del Uruguay que he solicitado con respecto al proyecto”, manifestó Minatta al medio Análisis Digital de Paraná.
La fiscal fue todavía más categórica respecto a las declaraciones del mandatario uruguayo. “Bajo ningún punto de vista la denuncia se ha cerrado. El presidente Orsi ha dado una información que no es verídica”, afirmó.
“LA CAUSA VA A CONTINUAR EN TRÁMITE”
Minatta explicó además que el expediente seguirá abierto mientras no existan certezas respecto al futuro emplazamiento de la planta y las características definitivas del proyecto. “Hasta que no tengamos algunas certezas, la causa va a continuar en trámite”, señaló.
La fiscal sostuvo además que hasta el momento “no hay ninguna información cierta” respecto de la relocalización anunciada para el emprendimiento y advirtió que, en caso de que el nuevo emplazamiento continúe sobre el río Uruguay, a su entender “el riesgo de contaminación persiste”.
La denuncia penal fue presentada en febrero ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por el eventual daño ambiental que, según la fiscalía, podría derivarse de la instalación de la planta de combustibles sintéticos proyectada por HIF Global en Paysandú. Minatta también planteó posibles consecuencias sobre territorio argentino y cuestionamientos vinculados al cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay.
En esa causa penal, Michel, Bahl y Marclay fueron posteriormente admitidos por el juez federal Hernán Viri como “amicus curiae” o Amigos del Tribunal. Pero, además de intervenir bajo esa figura, los tres legisladores promovieron por separado otra actuación judicial.
TAMPOCO SE RETIRÓ LA DEMANDA CIVIL
La segunda acción es una demanda civil preventiva de daño ambiental, identificada con el expediente 3276/2026, impulsada por Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl con el objetivo de impedir que la planta sea instalada en el lugar originalmente proyectado frente a las costas de Colón.
Precisamente los tres legisladores emitieron en la víspera un comunicado, horas después de conocerse las declaraciones de Orsi, para dejar establecido que esa acción tampoco fue retirada y que, por el contrario, el expediente continúa avanzando.
“Frente a la inacción del gobernador Rogelio Frigerio y del intendente de Colón José Luis Walser, iniciamos oportunamente la demanda civil contra la instalación de la planta frente a las costas de Colón”, explicó Michel. Según los legisladores, la Justicia Federal decidió avanzar con la acción al entender que la legislación ambiental argentina otorga al juez facultades para disponer las medidas necesarias destinadas a investigar o probar la eventual existencia de daños.
Michel destacó especialmente “esa resolución adoptada por la Justicia”, la que “es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No solo queda claro que la Justicia Federal es competente, sino que además ordenó producir las medidas que solicitamos”, señaló.
Entre esas actuaciones fue dispuesta una pericia ambiental, destinada a analizar diferentes aspectos vinculados con el estado actual del agua, turbulencias y otras características del río en la zona donde se proyectaba originalmente la planta. Asimismo, se solicitó a la Comisión Administradora del Río Uruguay que informe si fue oficialmente comunicada sobre el proyecto de la planta de e-combustibles y si HIF Uruguay presentó ante ese organismo el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo.
También se resolvió requerir, mediante exhorto judicial, documentación relacionada con HIF Uruguay SA, HIF Global LLC y sus empresas subsidiarias o vinculadas. Los pedidos están dirigidos, entre otros organismos uruguayos, a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente y al Banco Central del Uruguay.
Minatta registra además antecedentes de controversia en torno a su trayectoria judicial. En 2021, durante un concurso para ocupar el Juzgado Federal Nº 12 de Comodoro Py, pasó del puesto 18º al 6º en el orden de mérito después de una revisión aprobada por la mayoría del Consejo de la Magistratura e impulsada por la diputada kirchnerista Vanesa Siley, decisión que fue cuestionada por representantes de la oposición y recogida entonces por el diario Clarín.
Minatta no llegó a ocupar ese juzgado. Anteriormente, había sido designada fiscal federal de Concordia en 2015 por decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego del acuerdo del Senado.
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