El presupuesto municipal 2026–2030 introduce una amplia reestructuración administrativa con la creación de nuevos cargos de particular confianza (director de Descentralización, prosecretario y coordinador de Gabinete) y dependencias como la Unidad de Planificación y Gestión Territorial, la Agencia Paysandú For Export, la Oficina de Catastro Departamental y el Registro de Contribuyentes Municipales, además de formalizar los municipios de Cerro Chato y El Eucalipto.
Si bien se argumenta que estas medidas buscan modernizar y centralizar la gestión, lo cierto es que implican un incremento significativo del gasto en personal y estructura burocrática. Cada nuevo cargo de alto grado y cada nueva unidad administrativa demandan partidas salariales, infraestructura, equipamiento y recursos operativos que no existían antes. Esta expansión del aparato público, aunque se presente como estratégica, eleva los costos fijos de funcionamiento municipal.
Para financiar este mayor gasto corriente, la lógica fiscal indica que la única fuente sostenible es el aumento de la presión tributaria sobre los contribuyentes. El propio presupuesto crea el Registro de Contribuyentes y el Fondo de Gestión Territorial, herramientas que facilitan la actualización catastral y la determinación de nuevos valores imponibles, allanando el camino para subir impuestos inmobiliarios y tasas municipales. En definitiva, el ciudadano común termina pagando la factura de una administración más costosa, sin una garantía clara de que esa estructura redundará en mejores servicios o mayor eficiencia, sino más bien en un Estado local más pesado y oneroso para quienes lo sostienen con sus tributos.
Dardo Arévalo
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