El Ministerio de Ambiente mantiene suspendida la evaluación ambiental de la planta de e-combustibles que HIF Global proyecta instalar en Paysandú y espera que la empresa comunique formalmente cuál será su emplazamiento definitivo para retomar el proceso. La situación acaba de conocerse a partir de declaraciones realizadas por el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, a Sarandí 690, donde explicó que, si se confirma una nueva ubicación, buena parte de los estudios vinculados al entorno deberán comenzar nuevamente y que una evaluación de esta complejidad puede demandar varios meses.
Nario precisó que la decisión de detener el trámite responde a razones técnicas y administrativas y no contradice el anuncio político realizado días atrás por el canciller Mario Lubetkin sobre la relocalización de la planta.
Explicó que Dinacea venía procesando la solicitud correspondiente al emplazamiento originalmente presentado por HIF Global, pero que paralelamente comenzaron negociaciones entre la empresa y el Poder Ejecutivo que incluyen una eventual relocalización.
“Lo que hicimos fue consultar al proponente, en este caso HIF, si la localización que habían presentado seguía estando vigente o cuál era la definición”, señaló. Explicó que, como funcionarios públicos, tenían la obligación de continuar tramitando el expediente, aunque eso suponía destinar “recursos humanos y materiales analizando esa situación que probablemente terminara no localizándose en ese lugar”.
Ante esa consulta, agregó, la empresa respondió formalmente que se detuvieran las actuaciones “hasta tanto no se definiera” el emplazamiento.
“Esto nos habilita a poner en suspenso y poder dedicar los recursos humanos a la serie de proyectos que tenemos, que son unos cuantos”, indicó Nario. Y marcó una clara separación entre ambos planos. “Yo creo que no tiene ningún vínculo con el anuncio del canciller, que es un anuncio político en función de las negociaciones que está llevando el Ejecutivo con la empresa”, afirmó.
El jerarca señaló que la evaluación permanecerá detenida hasta que exista una definición formal. “Esto se resuelve cuando efectivamente se firma un acuerdo o se define formalmente. Nosotros no vamos a estar estudiando el proyecto. Es solo eso, no tienen un vínculo directo una acción con la otra”, sostuvo.
Una vez concluida la negociación entre Presidencia y la empresa, Dinacea deberá recibir formalmente la información sobre el emplazamiento definitivo. “Cuando se termine esa negociación, que entiendo que en ese marco también va a estar el tema de la localización, nos lo comunicarán formalmente”, explicó.
Y añadió que, si se confirma otro lugar, “deberán empezar los trámites de cero porque los estudios de impacto ambiental son sitio específicos”.
Sin embargo, Nario aclaró que esto no significa que todo el trabajo realizado hasta ahora pierda validez. Algunos componentes del proyecto podrán mantenerse porque no dependen directamente de la ubicación.
Como ejemplo mencionó la descarga de efluentes a través del emisario de Paysandú. Si cambia el emplazamiento, explicó, podría variar la extensión de la conexión hasta el emisario, pero “la descarga no cambia, sigue siendo las mismas condiciones, la misma concentración y el mismo caudal”. Por esa razón, ese estudio no necesariamente tendría que repetirse.
Distinta es la situación de aspectos directamente vinculados al entorno. “El ruido circundante lo van a tener que medir, porque no es lo mismo donde están ahora que donde estaban antes”, señaló.
“Es un ejemplo de cosas que tiene que hacer de cero y cosas que mantienen”, resumió. También indicó que una nueva ubicación podría presentar características diferentes en cuanto a población cercana, implantación industrial y condiciones del entorno que deberán ser evaluadas específicamente.
Consultado sobre cuánto puede demandar una nueva evaluación, Nario evitó establecer un plazo concreto, aunque señaló que “lleva tiempo, estamos hablando de meses”, afirmó. Explicó que los proyectos de alta complejidad requieren equipos multidisciplinarios y, eventualmente, la conformación de mesas técnicas con especialistas de otros organismos del Estado, universidades y distintas áreas del propio Ministerio de Ambiente.
“Implican coordinación también a la interna del Estado y fuera de ella, para tener las mayores capacidades para poder analizar”, indicó.
Nario también fue consultado sobre la incidencia que pueden tener las negociaciones políticas, los anuncios y las controversias públicas sobre una evaluación que debe tener carácter estrictamente técnico. En ese sentido reivindicó la trayectoria de los equipos de la antigua Dinama y la actual Dinacea, que han atravesado diferentes administraciones de gobierno.
“Nosotros como Uruguay tenemos un patrimonio, que son los técnicos de la vieja Dinama y la actual Dinacea, que han pasado por muchas administraciones”, sostuvo.
Destacó además que Uruguay ha mantenido un alto nivel de exigencia sobre proyectos de gran porte, permitiendo que inversiones importantes se desarrollen sin comprometer los estándares ambientales.
“Hemos sido muy exigentes con todo ese tipo de proyectos”, afirmó, y agregó que esa rigurosidad finalmente brinda a las propias empresas “una garantía de que eso funciona bien” y al país la seguridad de contar con equipos técnicos de primer nivel.
