Hay problemas que en Uruguay parecen condenados a eternizarse. Se diagnostican, se anuncian soluciones, se presentan proyectos, se ensayan programas y, pasado el tiempo, la realidad vuelve a imponerse casi en los mismos términos. La falta de especialistas médicos en el Interior es uno de ellos, lamentablemente.
Desde hace décadas, la concentración de los recursos humanos y de la infraestructura sanitaria en Montevideo constituye una de las mayores dificultades del sistema de salud. La capital concentra buena parte de la formación de especialistas, los centros de mayor complejidad, la actividad académica y las oportunidades de desarrollo profesional. Y esa concentración tiene una consecuencia directa: para miles de uruguayos, acceder a una consulta especializada puede depender del departamento en el que viven.
El problema se vuelve todavía más evidente en los departamentos al norte del río Negro. Allí, las distancias, la escasez de determinados especialistas y las dificultades para sostener equipos permanentes terminan traduciéndose en largas esperas, derivaciones y, en algunos casos, ausencia de prestaciones. Para un paciente, dos, tres o cuatro meses de espera no son simplemente un inconveniente administrativo. Pueden significar un diagnóstico que se posterga, un tratamiento que se demora o una enfermedad que continúa avanzando.
Y si no, que lo digan los pacientes sanduceros que recurrentemente se quejan, con mucha razón, en la sección “Cortocircuitos Ciudadanos” de EL TELEGRAFO, de las largas esperas y peripecias que deben sufrir por esa causa.
Por eso, la discusión no puede reducirse a cuántos médicos faltan ni a cuántas horas de atención pueden agregarse. La pregunta de fondo es otra: ¿puede el lugar donde una persona nace o decide vivir determinar sus posibilidades de acceder a una atención médica especializada?
La respuesta que ofrece la realidad actual es un sí rotundo, y ello no debería naturalizarse ni ser motivo de resignación.
El problema, por cierto, tiene raíces profundas. Los especialistas se forman mayoritariamente en Montevideo. Allí construyen sus vínculos personales y profesionales, encuentran mayores posibilidades de capacitación, investigación e intercambio y disponen de una infraestructura sanitaria que muchas veces no existe en el Interior. Incluso quienes nacieron en otros departamentos pueden terminar radicándose en la capital después de varios años de formación, porque encuentran oportunidades y un amplio campo de acción que en su medio no tienen.
No alcanza, entonces, con formar más especialistas, donde también hay un fuerte déficit. Hay que crear, además, las condiciones para que puedan ejercer, desarrollarse y permanecer fuera de Montevideo.
Ese es el punto que durante demasiado tiempo ha quedado relegado frente a soluciones coyunturales. Enviar especialistas algunos días al mes puede atender una necesidad concreta, pero difícilmente modifique una estructura. Un incentivo aislado puede ayudar a cubrir una vacante, pero no necesariamente genera arraigo. Y aumentar el número de profesionales formados tampoco garantiza que esos profesionales elijan radicarse donde más se los necesita.
La discusión ha vuelto al Parlamento con dos iniciativas que plantean caminos diferentes. Por un lado, un proyecto del diputado frenteamplista Federico Preve propone que los profesionales que culminen determinadas formaciones cumplan, durante sus primeros dos años, un servicio asistencial en hospitales públicos de todo el país, con una carga horaria que deberá determinarse reglamentariamente y teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la distancia respecto de Montevideo.
Por otro lado, el diputado nacionalista Andrés Grezzi presentó una iniciativa basada en incentivos para favorecer la radicación de especialistas en centros públicos del Interior. El proyecto plantea herramientas económicas y de formación, prioridad en concursos públicos, fortalecimiento de la telemedicina y convenios con universidades, entre otras medidas.
Son dos enfoques distintos frente a un mismo problema: obligatoriedad, por un lado; incentivos y condiciones de radicación, por otro.
La Federación Médica del Interior ha cuestionado que la obligatoriedad pueda garantizar por sí misma una radicación sostenida y ha planteado, en cambio, fortalecer la formación de especialistas en el Interior, mejorar las condiciones laborales y generar incentivos reales. Es una posición que debe formar parte del debate, del mismo modo que también merece ser discutida la posibilidad de establecer mecanismos transitorios que permitan atender necesidades asistenciales que hoy son concretas y urgentes.
Porque tampoco sería razonable esperar a que una política estructural produzca resultados dentro de diez o quince años mientras hay pacientes que necesitan ser atendidos ahora.
La discusión, por lo tanto, no debería convertirse en una disputa entre modelos cerrados ni en una confrontación de intereses sectoriales. Obligatoriedad e incentivos no necesariamente tienen que ser conceptos incompatibles. La verdadera pregunta es qué combinación de herramientas puede atender la emergencia actual y, al mismo tiempo, modificar las causas que generan el problema.
Y para eso hace falta mirar más allá de Montevideo. Descentralizar la formación médica debería ser una prioridad. Crear ámbitos de residencia y capacitación en el Interior, fortalecer hospitales y centros asistenciales, ampliar la infraestructura de alta complejidad, desarrollar la telemedicina y generar vínculos permanentes entre los centros del Interior y las instituciones académicas puede contribuir a construir algo que hasta ahora ha faltado: un ecosistema profesional capaz de sostener especialistas fuera de la capital.
Porque un médico no decide dónde ejercer únicamente en función de su salario. También importa dónde puede capacitarse, qué posibilidades tiene de desarrollarse, qué tecnología tendrá disponible, cómo podrá continuar vinculado a la actividad académica y qué perspectivas encontrará para su vida personal y profesional.
Si esas condiciones siguen concentradas en Montevideo, la descentralización será siempre parcial y con fórceps.
Uruguay lleva décadas hablando de descentralización. En materia sanitaria, la falta de especialistas demuestra que todavía existe una deuda pendiente. Y mientras se suceden diagnósticos, proyectos y programas, hay pacientes que continúan esperando.
Por eso, el centro de esta discusión no debería ser quién gana o pierde entre una propuesta y otra. Tampoco debería ser qué sector consigue imponer su visión, porque el centro debe ser el paciente.
El paciente que espera una consulta, el que debe viajar cientos de kilómetros, el que no encuentra un especialista en su departamento y ve postergado un diagnóstico porque la fecha disponible está demasiado lejos, con toda la carga de incertidumbre y zozobra personal y familiar que ello implica.
Después de tantos años, seguir dando vueltas en la misma noria ya no parece suficiente. El problema exige respuestas inmediatas para las necesidades actuales y, al mismo tiempo, una política sostenida que modifique las condiciones que lo reproducen.
Porque la verdadera descentralización no consiste solamente en llevar médicos al Interior, sino en lograr que existan las condiciones para que quieran quedarse.
Y es precisamente allí donde, hasta ahora, se ha errado de medio a medio, a juzgar por los resultados.
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