Funcionarios postales reclaman que El Correo sea brazo logístico del Estado

Los trabajadores de El Correo, nucleados en la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU), se movilizan a nivel nacional con paralizaciones de actividades por 24 horas en reclamo por el ingreso de personal genuino. Anualmente se retiran por distintas causales cerca de un centenar de trabajadores y no se ocupan sus vacantes. El sindicato aseguró que hoy son menos de 1.500 funcionarios en todo el país, en tanto en los últimos cinco años se fueron cerca de 410 trabajadores y hasta ahora han ingresado 96 en el mismo tiempo. El vicepresidente de AFPU, Marcelo Giménez, agregó que alertan mayores inversiones y oportunidades de servicios para la empresa pública.

Ejercicio 2025

En el ejercicio del año pasado, El Correo finalizó con un resultado negativo de $1.480,6 millones o US$ 36,4 millones. Comparado en pesos, el saldo negativo mejoró 4,2% respecto a 2024.
Con los últimos estados financieros, el organismo completó seis años consecutivos de déficit. El Correo recibe aportes y subsidios del Ministerio de Economía por $ 1.470 millones en 2025. Eso marca que recibió una asistencia financiera del gobierno muy similar al total de las pérdidas del año.

Giménez reconoció que ese “concepto de pérdida o subsidio del Estado” también lo maneja en otras empresas públicas. Sin embargo, señaló que el organismo “tiene una oportunidad muy importante de llegar a todos los rincones del país, con sucursales y locales, presencia activa y un rol social que es mucho más que el hecho de llevar cartas o paquetes. Es ser el brazo logístico del Estado”. En la última Rendición de Cuentas incorporaron un artículo que fue aprobado, “para que el organismo mejore su servicio”.

Explicó que la demanda por ingreso de personal “es una de las batallas que tenemos los trabajadores de las empresas públicas porque se retiran cientos de trabajadores y no se repone la cantidad necesaria para las tareas. En ese sentido, El Correo ha iniciado un camino hace dos años de convenios con instituciones públicas como INDA, o por medicamentos oncológicos con el INCA o ASSE por medicamentos en general para llegar con servicios esenciales a la población”, dijo Giménez a EL TELEGRAFO.