El Poder Ejecutivo promulgó la ley que crea en Uruguay el Programa Piloto de Justicia Terapéutica, un mecanismo de intervención alternativa dirigido a personas imputadas por delitos leves que atraviesen situaciones de uso problemático de drogas. La norma fue sancionada por el Parlamento y promulgada el 4 de setiembre por el presidente Yamandú Orsi y sus ministros.
El proyecto fue presentado por el abogado penalista y diputado suplente del Partido Colorado, Rodrigo Martínez.
La ley establece expresamente que el programa se crea “como mecanismo de intervención alternativa para personas imputadas por delitos leves que se encuentren en una situación de uso problemático de drogas”. Sus objetivos serán “reducir el consumo problemático de drogas, fomentar la reinserción social y evitar la reincidencia delictiva de los participantes”.
El programa funcionará en la órbita del Poder Judicial y será instrumentado en coordinación con la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Ministerio de Desarrollo Social y la Junta Nacional de Drogas. Durante sus primeros dos años tendrá un máximo de 40 participantes, quienes deberán estar en condiciones de acceder a la suspensión condicional del proceso y presentar bajo riesgo de reincidencia.
Uno de los aspectos centrales de la norma es que el ingreso será voluntario. El artículo 4 dispone que “la persona que ingrese al Programa lo hará libre y voluntariamente” y establece que las actuaciones vinculadas al tratamiento serán “confidenciales y reservadas a terceros ajenos al Programa”. Asimismo, cualquier manifestación que implique reconocer directa o indirectamente la participación en el hecho imputado “no podrá ser consignada en las actuaciones ni jamás podrá ser utilizada en su contra”. La aplicación estará a cargo de un juzgado letrado de ejecución y vigilancia con competencia de tribunal de tratamiento de drogas, que aprobará el plan terapéutico y controlará su cumplimiento. Contará además con un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de salud mental y un asistente social del Mides, en coordinación con la Junta Nacional de Drogas.
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