Las pruebas PISA marcan una tendencia a nivel global, con algunas excepciones, sobre el nivel educativo de los estudiantes de 15 años. Este estudio, coordinado por la OCDE —Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos—, mide la capacidad de los estudiantes para desenvolverse ante situaciones prácticas y se centra en la comprensión lectora, la Matemática y las competencias científicas.
Cada tres años, la realidad educativa se mide a través de esas tres áreas. En general, sus resultados se utilizan a nivel macro para comparar los sistemas educativos y los rendimientos escolares. Pero también permiten que los países observen su desempeño y lo comparen con el de otras naciones de su región.
Mientras América Latina muestra resultados dispares, con una tendencia al deterioro, hay naciones asiáticas que se despegan. Singapur moldeó su sistema educativo sobre la base del rendimiento y la disciplina; sin embargo, introduce los castigos corporales a partir de los 9 años.
Por lo tanto, el rendimiento académico no mide el bienestar de los estudiantes ni la calidad de los vínculos dentro de los centros educativos. Considerar válidos todos los sistemas a partir de sus resultados es, por lo menos, erróneo.
En este caso, el rendimiento y la competencia se transforman en la principal medida de la experiencia educativa, en lugar del aprendizaje.
Las pruebas PISA muestran que, en líneas generales, hubo un estancamiento generalizado del rendimiento educativo a nivel global. Las caídas se registraron en las tres áreas evaluadas, principalmente en lectura, donde existen mayores complejidades para el análisis crítico de un texto.
En este escenario, conviene recordar que Estados Unidos obtuvo su peor marca en lectura y registró caídas pronunciadas en las distintas disciplinas, al igual que otros países latinoamericanos que rozaron sus mínimos históricos en Matemática. Más cerca, Argentina tuvo su peor resultado en Matemática de los últimos veinte años. En el escenario del debate aparecen los cuestionamientos a la gestión del gobierno actual, al ajuste presupuestario y a la formación docente.
No obstante, ninguno de los 13 países latinoamericanos alcanzó el promedio general de la OCDE, lo que consolida un estancamiento en las tres áreas. En cualquier caso, el ejercicio de culpar al anterior no debería ingresar en la polémica partidaria, porque cada país define presupuestos y políticas educativas muy diferentes. El resultado alcanza para medir una realidad que se reitera sin importar el perfil del gobernante de turno.
En Uruguay, a pesar de la estabilidad de los resultados, aparecen otros datos que encienden luces rojas: 16 de cada 100 estudiantes se saltearon una comida durante la semana anterior. La mitad de los estudiantes reveló problemas de angustia o sueño, lo que confirma que el deterioro es mundial.
México atraviesa una realidad bastante más compleja y comparable con la de países africanos, donde la proporción de niñas que no alcanzaron el nivel 2 de competencias supera a la de los niños, con una diferencia de entre 6 y 10 puntos porcentuales.
Estas pruebas abordaron, incluso, el uso de las nuevas tecnologías, como celulares u otros dispositivos, así como las herramientas de inteligencia artificial.
En Uruguay, junto con Argentina y otros países cercanos, más de la mitad de los estudiantes utiliza la inteligencia artificial, lo que implica el uso de un teléfono celular entre sus tareas.
Lo que queda claro a partir de los insumos recogidos en las pruebas es la necesidad de despolitizar una reforma educativa en el país e introducir capacitaciones para el uso de la inteligencia artificial en las aulas, así como establecer criterios claros para el empleo del teléfono celular.
Estos dispositivos han distorsionado las dinámicas del aprendizaje, tanto en Uruguay como en países que conforman la élite del primer mundo.
El alcance del estudio será parcial mientras sus resultados continúen polarizándose y politizándose. Los informes que emanan de las pruebas transmiten mensajes contundentes sobre la existencia de un problema.
Las pruebas PISA tienen un efecto mediático que puede impulsar cambios de hábitos. Casi la mitad de los estudiantes que residen en países que integran la OCDE asiste a centros educativos públicos que prohíben los celulares en las aulas. En Uruguay, esa cifra se ubica en el 14%. En Japón, están prohibidos en casi todos los centros y, en muchos lugares, se controla su uso durante el trayecto de regreso a casa.
Los técnicos que llevan adelante estas pruebas discuten si la tecnología mejora los desempeños. En nuestro país, menos de un tercio de los estudiantes la utiliza para la escritura y la mayoría lo hace para la investigación.
Las reflexiones finales apuntan a un deterioro de los aprendizajes, con lectores que no comprenden los textos y encuentran nuevas dificultades en Matemática. Pero también demuestran que los sistemas educativos avanzan bastante más lentamente que el ritmo global. Hay estudiantes que ofrecen respuestas apresuradas e incorrectas, mientras las bases endebles se trasladan de un subsistema a otro: van de la escuela a Secundaria y de allí a una carrera terciaria.
El deterioro, visible en cada país, se explica por el crecimiento de la pobreza, las desigualdades, un sistema fragmentado y la discontinuidad de las políticas educativas. Tal como ocurre en Uruguay, donde las políticas suelen fijarse para un plazo de cinco años.
La debilidad no se encuentra en una franja etaria determinada, sino en la falta de capacidad para revertir un problema estructural que atraviesa a las diferentes administraciones.
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