Solicitada: ¿Cómo nadie vió nada?

Hay preguntas que, cuando aparecen determinados hechos, dejan de ser incómodas para convertirse en imprescindibles.

Un asesor de un edil del Partido Nacional fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones, en el marco de la Operación Trazador. Y ahora se conoció que ese hombre concurría habitualmente a un local de cobranzas perteneciente a la esposa de Jorge Gandini, actual director de la ANP, donde —según las explicaciones brindadas públicamente— realizaba pagos de facturas.

Entonces aparece una pregunta muy sencilla: ¿Qué controles se hicieron durante todo ese tiempo? Porque un local de cobranzas no es simplemente un comercio donde alguien entra, paga y se va. Está integrado al sistema financiero y tiene obligaciones específicas de prevención y reporte de operaciones sospechosas.

Gandini aseguró que el condenado era un cliente habitual, vecino de la zona, que concurría a pagar facturas de BPS de empresas constructoras y que no realizaba operaciones de cambio. También sostuvo que el local cuenta con cámaras, audios y mecanismos de control, y que tanto él como su esposa están a disposición de la Justicia. Perfecto.

Entonces que se investigue. Pero investigar no significa acusar. Significa determinar qué ocurrió. ¿Durante esos meses las operaciones fueron siempre normales y perfectamente justificadas? ¿Los montos y la frecuencia estaban dentro de los parámetros habituales? ¿Se generó alguna alerta? ¿Se informó alguna operación al organismo correspondiente? ¿Los controles funcionaron?

¿Y si funcionaron, qué detectaron? Porque hay algo que tampoco debería perderse de vista: la propia Fiscalía informó que, al momento de las condenas, no surgían elementos que vincularan a otras personas con actividades de lavado, pero dejó expresamente abierta la posibilidad de que, si aparecen nuevos elementos, intervenga la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Por eso sería injusto convertir una relación comercial en una acusación.

Pero también sería un error pretender que, porque todavía no existe una acusación contra los responsables del local, no haya nada que preguntar. Hay mucho para preguntar. Y hay algo todavía más importante:
hay mucho para investigar.

Porque si un hombre que terminó condenado por lavado de activos concurrió durante un período prolongado a un local de cobranzas para introducir dinero en el sistema financiero, la sociedad tiene derecho a saber si todos los controles funcionaron como debían.

No se trata de Gandini. No se trata del Partido Nacional. No se trata del Frente Amplio.
No se trata de proteger a unos ni de condenar a otros. Se trata de algo mucho más elemental: que las reglas sean iguales para todos y que los controles funcionen antes de que aparezca una condena, no después.

Y si las cámaras, los audios, los registros de las operaciones y los sistemas de control están allí, como se afirmó públicamente, entonces la respuesta debería ser sencilla: que se revisen todos.

Porque cuando aparece un caso de lavado de activos, la pregunta no puede ser solamente quién fue condenado. También hay que preguntarse: ¿Por dónde pasó el dinero, quién debía advertirlo y qué controles funcionaron —o no funcionaron— antes de que la Justicia llegara hasta él? Esa no es una acusación.
Es una pregunta de transparencia. David Doti