Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia se implementará en enero

El presidente Yamandú Orsi recibió este jueves a las autoridades responsables del nuevo sistema de protección social, quienes le informaron que están dadas las condiciones operativas para iniciar la implementación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia el 1.º de enero de 2027.
A la reunión concurrieron el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo.
La nueva prestación integra en un único sistema cuatro transferencias que hasta ahora funcionaban por separado: la Asignación Familiar-Plan de Equidad, las asignaciones contributivas para trabajadores privados, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza. “La propuesta es unificar cuatro beneficios que hoy van por puertas separadas”, había señalado Pardo al presentar la iniciativa. La medida simplifica los mecanismos de acceso y establece montos más elevados, organizados en tres franjas según el nivel de ingresos del hogar.
La primera etapa priorizará a niños y niñas de 0, 1 y 2 años, con incorporación gradual hacia otras edades. En 2027 está previsto el ingreso de unos 54.000 niños, con un costo incremental estimado en 1.240 millones de pesos. Para la franja de 0 a 3 años los montos promedio aumentarán alrededor de 82%, con prestaciones de hasta 10.000 pesos mensuales para los hogares de mayor vulnerabilidad. Las simulaciones del gobierno proyectan que, con su implementación plena, la pobreza por ingresos en la primera infancia se reduciría un 25%.
El sistema prevé condicionalidades: el incumplimiento de los requisitos de asistencia escolar y controles de salud implicará una reducción del 20% del monto, pero no la suspensión total de la prestación. Los niños con discapacidad de entre 4 y 17 años recibirán un adicional del 50%.
El pago se realizará mediante medios electrónicos, con opción a la tarjeta BPS Prestaciones emitida por el Banco República, que habilita compras en comercios con ahorro del IVA, sin posibilidad de uso fuera del país.
El programa apunta a un problema que persiste pese a la reducción general de la pobreza en el país: casi un tercio de los menores de 18 años vive en hogares bajo la línea de pobreza, con una incidencia que supera en promedio en un 70% a la de la población total.