La candidata a representar a los empresarios en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Graciela Álvarez, propone establecer convenios de pago adaptados a la capacidad económica de cada empresa, reforzar la atención personalizada ante las dificultades que genera la digitalización de los trámites y modificar los criterios de fiscalización para combatir la informalidad. También plantea mejorar los controles de las certificaciones médicas prolongadas, al considerar que representan un costo importante para el organismo. Álvarez encabeza la lista 21, respaldada por la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype) y la Comisión Nacional de Fomento Rural, para las elecciones de representantes sociales del próximo 21 de noviembre.
La candidata cuenta con más de 40 años de experiencia en la asesoría legal del BPS, donde ha trabajado directamente con el Directorio, y desde hace más de dos décadas desarrolla un emprendimiento de licores artesanales en Las Piedras. Esa doble experiencia, como funcionaria y pequeña empresaria, constituye uno de los fundamentos de su postulación.
“Muchas de las dificultades que tienen los empresarios muchas veces no pasan solamente por modificar normas, crear nuevas leyes, sino que tienen que ver en muchos de los casos con temas de gestión”, sostuvo en entrevista con EL TELEGRAFO.
CONVENIOS DE PAGO QUE LAS EMPRESAS PUEDAN CUMPLIR
Uno de los principales cuestionamientos de Álvarez refiere al tratamiento de las deudas empresariales. Considera que los actuales mecanismos de financiación no siempre contemplan las posibilidades económicas de los pequeños emprendimientos y terminan agravando su situación.
“No hay un régimen de facilidades de pago adaptado a cada nivel. Se crean leyes de facilidades de pago que a veces son insostenibles, son leyes generales, no adaptadas a las realidades particulares”, afirmó.
Explicó que numerosos empresarios suscriben convenios que posteriormente no pueden cumplir porque deben afrontar simultáneamente las cuotas de financiación y los aportes corrientes. “La gente firma un convenio y después tiene que pagar una cuota elevada del convenio, porque no había otra opción más el aporte mensual y ahí pierde el negocio”, señaló.
Su propuesta consiste en “adaptar las facilidades de pago al tipo de empresa para que sea sostenible en el tiempo”, evitando que los contribuyentes queden atrapados en situaciones de endeudamiento permanente.
MÁS ATENCIÓN HUMANA Y MENOS DIFICULTADES DIGITALES
La candidata reconoció los avances de la digitalización, pero advirtió que la desaparición de la atención personalizada genera dificultades, especialmente para quienes carecen de asesoramiento profesional. “No se encuentra una persona, se encuentra una máquina. Vamos encontrando oficinas casi vacías con un tótem donde hacer directamente el trámite”, describió.
Sostuvo que los sistemas informáticos no siempre contemplan situaciones particulares y que muchos pequeños empresarios no tienen posibilidades de contratar estudios contables o jurídicos. “Se sigue necesitando la presencia de funcionario especializado que pueda solucionar problemas particulares”, expresó.
Álvarez propone fortalecer ese acompañamiento y desarrollar programas de formación sobre derechos y obligaciones de la seguridad social, tanto desde el sistema educativo como mediante capacitación permanente para empresarios.
FISCALIZACIÓN EDUCATIVA FRENTE A LA INFORMALIDAD
Otro de los puntos de su plataforma es la competencia que enfrentan los comercios formalmente establecidos frente a quienes desarrollan actividades sin registrar. “Los comercios se quejan mucho de que las inspecciones aparecen siempre en los locales que están instalados y que no hay un abatimiento de la informalidad fiscalizando”, manifestó.
Sin embargo, consideró necesario distinguir entre quienes deliberadamente permanecen fuera del sistema y aquellos que desconocen las posibilidades de formalizar sus emprendimientos o acumularon deudas imposibles de afrontar. En ese sentido, defendió “una fiscalización educativa y no represiva”, que permita identificar las causas de la informalidad, orientar a los emprendedores y facilitar su incorporación al sistema.
UNA REPRESENTACIÓN VINCULADA AL INTERIOR
La lista 21 reúne representantes de distintas actividades empresariales y regiones del país, entre ellas gremiales de talleres mecánicos, vendedores de neumáticos, comerciantes de Maldonado y organizaciones vinculadas al fomento rural.
Álvarez subrayó que las realidades empresariales varían considerablemente según la región, el rubro y la dimensión de los emprendimientos. “No es lo mismo el problema que se tiene en Artigas que en Montevideo. No es lo mismo para el productor rural que el que va a abrir una carnicería”, señaló.
Finalmente, destacó la importancia de las elecciones del BPS como mecanismo constitucional de participación de empresarios, trabajadores y jubilados en la conducción del organismo.
Reivindicó la necesidad de mantener un vínculo permanente con quienes resulten representados, más allá de la instancia electoral. “Lo que nos importa es tener una representación empresarial activa y que continúe en contacto con las gremiales empresariales, los empresarios en general”, concluyó.
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