Competitividad: los alcances de una ley ante los conflictos de intereses

La discusión en torno a la denominada Ley de Competitividad, Innovación y Reducción del Costo de Vida vuelve a poner de manifiesto una de las grandes contradicciones de la economía de nuestro país: si bien existe un amplio reconocimiento de que Uruguay necesita revisar sus costos internos, modernizar sus estructuras y facilitar la actividad productiva, cada vez que se intenta avanzar en esa dirección aparecen resistencias, advertencias y reclamos sectoriales que terminan convirtiendo cualquier reforma en una negociación compleja, donde el objetivo original corre el riesgo de perderse entre intereses contrapuestos.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción del Senado y continúa su trámite parlamentario, constituye en sí una buena intención, no porque sus medidas vayan a solucionar de inmediato los problemas estructurales de la economía nacional, sino porque coloca nuevamente en el centro de la discusión una cuestión que Uruguay lleva demasiado tiempo postergando: la necesidad de reducir las trabas que encarecen la producción, limitan la inversión y terminan repercutiendo sobre el bolsillo de los consumidores.

El propio ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ha definido la iniciativa como una “modesta pero importante reforma del Estado”, y efectivamente es modesta, porque el alcance de las disposiciones difícilmente permita revertir por sí solo décadas de dificultades acumuladas, e importante, porque supone reconocer que el funcionamiento de la economía requiere cambios y que no alcanza con administrar las estructuras existentes esperando resultados diferentes.

Sin embargo, se suceden los reparos que responden a miradas particulares e intereses legítimos. Últimamente, las observaciones formuladas por supermercados, industriales y productores agropecuarios muestran hasta qué punto resulta difícil pasar del diagnóstico a las acciones concretas, porque cada sector advierte sobre consecuencias negativas de determinadas disposiciones y plantea riesgos que merecen ser examinados. Pero una cosa es analizar con seriedad los efectos de una reforma y otra muy distinta es convertir cada interés particular en un argumento para impedir cualquier modificación del sistema vigente.

Uno de los principales focos de controversia se encuentra en las disposiciones que regulan las relaciones entre proveedores y grandes superficies comerciales. En este sentido, la Asociación de Supermercados del Uruguay ha cuestionado las facultades que se otorgarían a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para establecer pautas de buenas prácticas y plazos obligatorios de pago. Desde el sector se advierte que imponer determinadas condiciones podría llevar a las cadenas comerciales a reducir la incorporación de productos de pequeñas y medianas empresas cuya rotación no esté asegurada. El argumento se basa en que, si una regulación diseñada para equilibrar las relaciones comerciales termina dificultando el acceso de las mipymes a las góndolas, el resultado podría ser exactamente el contrario al buscado. Pero también debe considerarse la situación inversa: las pequeñas empresas pueden encontrarse en una posición negociadora considerablemente más débil frente a grandes compradores, especialmente cuando dependen de pocos canales de distribución.

Por ello, tampoco sería razonable descartar de antemano cualquier mecanismo destinado a evitar prácticas abusivas. Por lo tanto, el desafío consiste en encontrar reglas equilibradas, que impidan los excesos sin convertir la regulación en una nueva barrera de entrada, y hay que tener en cuenta que una norma uniforme puede parecer justa en el papel y resultar contraproducente en la práctica si no contempla las diferencias de tamaño, capacidad financiera y características de los productos comercializados.
La advertencia de los supermercados debe ser estudiada, pero no puede transformarse en una razón suficiente para renunciar a mejorar la transparencia de las relaciones comerciales; del mismo modo, el propósito de proteger a los proveedores pequeños no justifica imponer obligaciones que terminen excluyéndolos del mercado.

Otro punto considerado conflictivo es la flexibilización del ingreso de un segundo importador para determinados alimentos, cosméticos y productos de higiene. En este caso, la iniciativa procura facilitar la competencia y reducir las rentas extraordinarias que pueden surgir cuando la comercialización de una marca depende de un único canal de importación, situación en la que quien pierde es el consumidor ante un monopolio de hecho.

La Cámara de Industrias del Uruguay, sin embargo, advierte que una mayor apertura podría favorecer el ingreso de productos extranjeros a precios especialmente bajos, perjudicando a fabricantes nacionales que deben afrontar costos internos elevados. La preocupación merece atención, particularmente en una economía pequeña como la uruguaya, donde los volúmenes de producción son limitados y los costos fijos pesan proporcionalmente más que en mercados de mayor dimensión.
El punto aquí es que, cuando la falta de competencia permite sostener precios superiores a los que podrían obtenerse en condiciones más abiertas, quienes terminan pagando la diferencia son los consumidores, con el consiguiente mayor costo de vida. Y cuando hablamos de dos, tres o cuatro veces el valor del mismo producto en el lugar de origen, la supuesta protección a la industria uruguaya termina siendo un subsidio indirecto demasiado alto. La posibilidad de incorporar un segundo importador puede contribuir a reducir precios, ampliar las alternativas disponibles y obligar a los distintos participantes del mercado a mejorar sus condiciones comerciales, aunque el efecto no está garantizado: dependerá de la aplicación concreta de la norma, de las condiciones de importación, de la existencia de competencia efectiva y de la capacidad de los fabricantes locales para adaptarse.
Lo que debería evitarse es que una apertura mal diseñada genere ventajas artificiales para determinados operadores o termine desplazando actividades productivas viables sin producir una reducción significativa de los precios finales.

Las dificultades que atraviesan las empresas industriales obligan a preguntarse por qué producir en Uruguay resulta tan costoso y qué cambios permitirían mejorar la productividad sin depender permanentemente de barreras comerciales, pues si los costos nacionales permanecen elevados, las empresas continuarán perdiendo capacidad competitiva, incluso frente a productores extranjeros. La solución duradera pasa por mejorar las condiciones para invertir, incorporar tecnología, aumentar la productividad y generar valor agregado.

Y aquí aparece el gran dilema, el eje de los desvelos: todo lo que se ha enumerado es consecuencia de una distorsión estructural de nuestra economía y, por lo tanto, por mejor intención que se tenga con la Ley de Competitividad, atacar las verdaderas causas, es decir, las estructuras que nos condicionan, requerirá mucho más que una ley que, en el mejor de los casos, podrá atenuar algunos de esos males. Es decir, son solo retoques puntuales ante una problemática que hasta ahora ha permanecido intocable. Porque las reformas del Estado que se han anunciado, grandes o pequeñas, no han llegado a término y han zozobrado desde el vamos debido al rechazo intransigente de los grandes grupos corporativos, que aprovechan sus privilegios y su poder de presión para dejar las cosas como están. Entre ellos se cuentan los gremios del Estado, los verdaderos dueños de las empresas públicas, que rechazan todo aquello que no los beneficia o que puede amenazar sus privilegios y “conquistas”, a costa de los sectores privados que son el sostén de la economía.