Entre la “guerra frontal” y el combate “con inteligencia”

Estados Unidos y agencias como la DEA, el FBI y el Servicio Secreto manifestaron su preocupación por el avance del narcotráfico internacional, el lavado de dinero y la delincuencia en Uruguay. La voluntad de alcanzar un acuerdo dio lugar a un programa de cooperación de 6,5 millones de dólares, con la participación de una comitiva de más de diez agentes federales estadounidenses en Montevideo.
Las agencias de ese país señalan al puerto montevideano como un punto clave para el tránsito de cocaína hacia Europa y Asia. También mantienen la alerta por el uso del sistema financiero, los bancos y las criptomonedas para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. En este contexto, monitorean la posible influencia de grupos como el Primer Comando Capital (PCC) y la mafia albanesa, aunque las autoridades locales y diplomáticas aclaran que no existen bases de operaciones permanentes instaladas a gran escala en el país.
El desembarco de las agencias durante octubre marca el comienzo de un acuerdo que busca revisar las herramientas jurídicas y reforzar las capacidades operativas e institucionales del Estado uruguayo. El ministro del Interior, Carlos Negro, declaró que los mercados de drogas «no se combaten a los disparos ni a los balazos», sino que deben ser controlados e intervenidos mediante la inteligencia para evitar que generen violencia y problemas de seguridad pública.
Como sea, Uruguay no es un productor de cocaína, pero está consolidado como un punto clave de tránsito y salida de cargamentos de droga provenientes de Paraguay y Bolivia, con destino a Europa y África. El énfasis está puesto en el puerto de Montevideo, considerado una plataforma logística crítica para el envío de estupefacientes al exterior.
También existe una fuerte inquietud por el uso del sistema financiero, la banca y las criptomonedas para blanquear los millonarios ingresos del narcotráfico. Un informe de la DEA —la agencia federal estadounidense encargada de combatir el narcotráfico y el lavado de activos— señaló la existencia de una red financiera opaca que vincula a Irán y Venezuela a través de Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong, con el propósito de evadir sanciones internacionales y financiar actividades de grupos como Hezbollah y Hamás.
Las advertencias también apuntan al uso de pistas y rutas aéreas clandestinas, en un escenario marcado por las limitaciones para controlar el espacio aéreo nacional. Los antecedentes que sustentan estas preocupaciones son claros. El Primer Comando Capital (PCC), de Brasil, y otras redes criminales operan en el país mediante alianzas logísticas con bandas locales, sin necesidad de instalar una base formal ni mantener un liderazgo visible en el territorio.
El uso de personas jurídicas para ocultar flujos ilícitos, sumado a la necesidad de mayores recursos tecnológicos y humanos en organismos de control como la Senaclaft, facilita las operaciones de las mafias. En la actualidad, la preocupación por las criptomonedas y el sistema bancario se centra en la utilización de activos digitales para el lavado de dinero por parte del crimen organizado y en los desafíos operativos, e incluso normativos, que enfrenta el Estado para rastrearlos e incautarlos.
En este contexto, las autoridades judiciales y policiales encuentran dificultades técnicas y legales para acceder a billeteras digitales y custodiar las criptomonedas incautadas en causas penales. A ello se suma la elevada rotación del personal técnico capacitado en el Estado, que dificulta mantener una estrategia de rastreo sostenida en el tiempo.
El narcotráfico crece impulsado por la demanda y, por esa razón, se intensifica la polémica sobre las estrategias para combatirlo. Mientras la oposición respalda un enfrentamiento frontal contra estas organizaciones, otra postura propone cambiar el paradigma y priorizar la inteligencia policial, la mejora de las condiciones carcelarias y la intervención en los mercados donde el narcotráfico tiene mayor presencia.
Esta última visión, sostenida por el ministro del Interior, Carlos Negro, parece constituir la base de las explicaciones que ofreció al comienzo de su gestión sobre el agotamiento de la «guerra contra las drogas» y la necesidad de que el Estado regule los mercados y debilite la capacidad de violencia de las bandas criminales.
Para alcanzar ese objetivo, deberán tenerse en cuenta los informes de expertos que advierten sobre las limitaciones de organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera, tanto en personal como en infraestructura tecnológica, frente al volumen global de las operaciones digitales y a la magnitud del narcotráfico como delito precedente del lavado de activos.
La ley exige que, paralelamente a la investigación de estos delitos, se realicen indagatorias destinadas a rastrear el origen de los bienes y detectar posibles redes de blanqueo de capitales. Sin embargo, en la práctica persiste el desafío de lograr que el volumen de las investigaciones y los decomisos patrimoniales acompañe la elevada incidencia de los delitos precedentes.
En los últimos tiempos, Uruguay avanzó en la regulación de los activos digitales mediante un marco normativo sujeto a la supervisión del Banco Central del Uruguay. A su vez, la capacitación de las autoridades en el uso y rastreo de criptomonedas atraviesa una etapa de rápida expansión, impulsada por organismos internacionales y fiscalías.
No obstante, se reconoce que la brecha técnica frente a los delincuentes sigue planteando importantes desafíos. Oficinas de las Naciones Unidas y otras agencias gubernamentales estadounidenses asumieron el liderazgo regional en esta materia y desarrollan talleres avanzados destinados a fortalecer las capacidades de supervisores y reguladores.
El narcotráfico global no necesita instalar centros de producción en Uruguay: busca aprovechar su consolidada infraestructura comercial y convertir el puerto de la capital en un centro de acopio y una plataforma de salida hacia otros continentes.
Sin embargo, el tránsito de drogas también deja excedentes que alimentan el microtráfico local, con disputas territoriales violentas, reclutamiento de menores y un aumento de los homicidios. Así lo expuso el último informe del Ministerio, que vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta el país ante un fenómeno que trasciende sus fronteras y exige respuestas institucionales sostenidas.