La ola de protestas que atraviesa Francia, Italia, Bélgica, Portugal y Albania expone una contradicción cada vez más difícil de ignorar: sectores de la sociedad que reclaman más prestaciones, mejores servicios y mayores subsidios, pero se resisten a aceptar los límites económicos que hacen posible financiarlos. Francia, paradigma del Estado social europeo, enfrenta el desafío de responder a esas demandas sin agravar una crisis fiscal, política e institucional que amenaza con profundizar la fractura social.
Europa vuelve a encenderse con protestas estudiantiles, huelgas sindicales, movilizaciones contra los recortes presupuestarios y disturbios callejeros. Aunque las demandas presentan particularidades nacionales, comparten un denominador común: el descontento por el costo de vida, el deterioro de algunos servicios públicos, la insuficiencia de los salarios y la percepción de que las instituciones ya no responden adecuadamente a las expectativas de la población.
Sin embargo, cuando una movilización se convierte en una excusa para saquear comercios, atacar edificios o agredir a los agentes de seguridad, sus protagonistas dejan de defender un derecho y comienzan a vulnerar los derechos de los demás.
Lo que comienza como una reclamación concreta termina, con frecuencia, convertido en una protesta general contra el sistema político y económico. A ello se suma la actuación de grupos radicalizados que buscan capitalizar el descontento e imponer sus propias agendas. Entre ellos pueden encontrarse sectores de extrema izquierda y grupos vinculados al islamismo radical, aunque su participación y sus objetivos deben evaluarse en cada caso, sin atribuir una dirección común a todas las movilizaciones.
Los manifestantes no constituyen un grupo homogéneo. Hay ciudadanos que protestan legítimamente por sus reivindicaciones, organizaciones políticas que procuran ampliar su influencia y sectores extremistas que pretenden aprovechar el conflicto para debilitar las instituciones democráticas. La precariedad económica y el descontento juvenil pueden convertirse así en terreno fértil para quienes buscan transformar una demanda puntual en una confrontación más amplia con el Estado.
La educación aparece como uno de los detonantes de las protestas en Francia, Italia y Bélgica. En Portugal, los salarios, las pensiones y la vivienda ocupan un lugar central, mientras que en Albania las reivindicaciones educativas y ambientales se entrelazan con denuncias de corrupción y cuestionamientos al Gobierno.
La coincidencia temporal y la circulación de convocatorias por las redes sociales alimentan la impresión de un contagio de las protestas a escala continental. Esto no significa que exista una dirección única detrás de las movilizaciones ni que todos los países atraviesen la misma crisis. Sí revela un clima político en el que las frustraciones locales encuentran rápidamente un lenguaje común y en el que las reivindicaciones legítimas pueden derivar en enfrentamientos que terminan favoreciendo a los sectores más radicalizados.
La pregunta es si los gobiernos europeos se enfrentan a una sucesión de conflictos coyunturales o al agotamiento de un modelo que, durante décadas, prometió ampliar los derechos sociales y mejorar la calidad de vida sin resolver de manera definitiva cómo financiar esas prestaciones.
Francia ocupa un lugar central en este debate porque representa, quizá mejor que ningún otro país europeo, la aspiración de construir una sociedad protegida por un Estado con una presencia particularmente amplia en la vida económica y social.
Su modelo incluye sanidad pública, educación gratuita en sus niveles fundamentales, pensiones basadas principalmente en el sistema de reparto, prestaciones por desempleo, ayudas familiares, subsidios para determinados sectores productivos, apoyo a agricultores y empresas, regulación de los alquileres y una extensa legislación de protección ambiental. También se distingue por una jornada laboral legal de 35 horas semanales, aunque existen excepciones y mecanismos que permiten superar ese límite.
Muchas de estas políticas fueron impulsadas durante décadas por la izquierda y los sindicatos como conquistas sociales irrenunciables. Algunas han contribuido efectivamente a mejorar los ingresos y proteger a los sectores más vulnerables. Sin embargo, sería un error considerar que esos derechos carecen de costos o que pueden ampliarse indefinidamente sin consecuencias sobre los impuestos, la deuda, la inversión, el empleo y la competitividad.
El Estado francés absorbe una proporción extraordinariamente elevada de los recursos de la economía. Las estadísticas comparables de Eurostat sitúan el gasto público de Francia en torno al 57% del producto interno bruto en algunos ejercicios recientes, aunque la cifra varía según el año y el indicador utilizado. Esto no significa que el Gobierno se apropie literalmente de ese porcentaje de los ingresos de cada ciudadano, sino que el conjunto de las administraciones públicas gasta una cantidad equivalente a esa proporción de la producción anual del país.
Se trata de uno de los niveles más elevados de Europa. Sin embargo, el gasto y la presión fiscal no han conseguido eliminar las dificultades educativas, evitar los conflictos laborales ni garantizar que todos los ciudadanos perciban que el sistema funciona satisfactoriamente. A ello se suman déficits públicos persistentes, una deuda considerable y crecientes disputas sobre las prioridades presupuestarias.
También existen problemas de integración social que afectan a determinados sectores de la población inmigrante. Las diferencias culturales, las dificultades socioeconómicas, la segregación y los conflictos en torno a determinados valores pueden convertirse en obstáculos para la convivencia cuando faltan políticas eficaces de integración o se toleran prácticas incompatibles con los principios democráticos y la igualdad ante la ley. El desafío consiste en afrontar esas dificultades sin generalizar ni atribuir a comunidades enteras las conductas de determinados grupos o individuos.
Aquí aparece una contradicción que la política suele preferir evitar: un Estado puede gastar muchísimo y, aun así, no conseguir satisfacer todas las expectativas que él mismo ha contribuido a generar. También puede ocurrir que quienes reclaman una mayor intervención estatal protesten contra el funcionamiento del mismo Estado cuya expansión han defendido, sin considerar suficientemente los límites de sus recursos.
Si se pretende aumentar el gasto educativo, sostener las pensiones, ampliar los subsidios, mejorar la sanidad, proteger a los desempleados y mantener las ayudas a empresas y agricultores, alguien debe financiar esas prestaciones. Las alternativas son conocidas: aumentar los impuestos, reducir otros gastos, elevar la deuda o promover un crecimiento económico capaz de ampliar los ingresos públicos. Ninguna permite eludir indefinidamente las restricciones presupuestarias.
La izquierda ha defendido históricamente la expansión de las prestaciones sociales, la regulación de los mercados y una mayor intervención estatal. Sin embargo, algunos de los mismos sectores políticos y sindicales que promovieron esas políticas se movilizan ahora porque consideran insuficientes los recursos destinados a sostenerlas. La paradoja es evidente: se reclama una ampliación de los beneficios sin que exista una discusión realista sobre su financiación y sostenibilidad.
No se puede exigir un Estado cada vez más grande y actuar, al mismo tiempo, como si financiarlo no tuviera consecuencias. Esa lógica, característica de buena parte de las propuestas de la izquierda más intervencionista, subestima con frecuencia los efectos de la presión fiscal, el endeudamiento y la falta de incentivos sobre la actividad económica. Las experiencias internacionales muestran que los modelos que descuidan la productividad, la disciplina fiscal y la capacidad de generar riqueza terminan enfrentando dificultades para sostener sus propias promesas.
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