El anuncio de la concreción de una inversión de 5.700 millones de dólares para instalar un parque tecnológico de centros de datos en Canelones y San José, con generación solar propia en Florida, constituye una noticia muy significativa para Uruguay, por su magnitud, por las oportunidades laborales que promete generar y por el potencial de posicionamiento internacional que supone.
El emprendimiento de la española Solaria Energía y Medio Ambiente merece ser recibido con satisfacción, aunque paralelamente el anuncio también deja al descubierto una contradicción que el gobierno debería explicar: mientras exhibe una diligencia notable para concretar inversiones en el sur del país, mantiene en una prolongada indefinición un proyecto de hidrógeno verde en Paysandú que comenzó a gestarse durante la administración anterior y que podría convertirse en uno de los mayores emprendimientos privados de la historia nacional.
El presidente Yamandú Orsi firmó el miércoles 14 de octubre un acuerdo con la compañía española para desarrollar un parque tecnológico de centros de datos de 500 megavatios, en un proyecto cuya inversión total se estima en 5.700 millones de dólares.
De ese monto, unos 5.500 millones se destinarán a los centros de datos y otros 200 millones a la instalación de 350 megavatios de generación solar fotovoltaica, que abastecerán las instalaciones con energía renovable.
La iniciativa se desarrollará bajo el régimen de zona franca y tendrá dos etapas. La primera, prevista para 2029, comprenderá 200 megavatios de centros de datos y la generación solar asociada. La segunda incorporará otros 300 megavatios de capacidad para el procesamiento de datos, con posibilidades de ampliar la generación energética. De acuerdo con las estimaciones oficiales, durante la construcción de la primera fase se crearán 3.100 puestos de trabajo, mientras que el complejo, una vez que funcione en su totalidad, generará unos 1.500 empleos permanentes.
Son cifras que justifican plenamente el entusiasmo expresado por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, quien destacó que el acuerdo se alcanzó después de cinco o seis meses de trabajo y lo calificó como una inversión histórica, capaz de trascender los períodos de gobierno y consolidar a Uruguay como un centro regional de servicios digitales.
La rapidez con la que se ha avanzado en esta negociación demuestra que, cuando existe voluntad política, coordinación institucional y disposición para resolver los aspectos necesarios, es posible construir condiciones favorables para allanar la llegada de capitales de gran porte.
Pero la interrogante que surge desde el vamos es por qué no se observa una determinación equivalente para concretar otros emprendimientos de magnitud comparable, particularmente cuando estos se proponen instalarse en las regiones del país que más necesitan nuevas fuentes de actividad económica.
Porque el problema no radica en que la inversión española se radique en el sur. Todo capital que llegue a Uruguay debe ser bienvenido, independientemente del departamento elegido, y sería un error plantear una oposición entre proyectos por su localización. La cuestión es otra: ¿qué está haciendo el gobierno para que las oportunidades de desarrollo no sigan concentrándose en el área metropolitana, mientras el norte del río Negro continúa enfrentando dificultades estructurales para atraer industrias, generar empleos de calidad y retener a su población?
La cuestión adquiere especial relevancia cuando se observa el contraste con el proyecto de HIF Global en Paysandú, destinado a producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono. Se trata de una iniciativa que comenzó a tomar forma durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y que, pese a las expectativas generadas, todavía no ha logrado avanzar hacia su concreción definitiva. El emprendimiento representa una oportunidad estratégica para el departamento y para el país. No solo por el volumen de capitales que supondría movilizar, sino también por su capacidad para dinamizar actividades conexas, incorporar tecnología, generar empleos directos e indirectos y abrir nuevas posibilidades de desarrollo industrial a partir de la transición energética. Su importancia trasciende, por tanto, el interés de una empresa o una administración departamental: está en juego la posibilidad de diversificar la matriz productiva nacional y de instalar una industria de futuro fuera del tradicional eje metropolitano.
Sin embargo, mientras el gobierno presenta como un logro extraordinario haber cerrado en pocos meses un acuerdo con Solaria, el proyecto de HIF Global continúa sujeto a negociaciones y definiciones que parecen prolongarse indefinidamente. Según se ha señalado desde distintos ámbitos, uno de los puntos centrales pendientes es el precio de la energía que debería suministrar UTE, un componente determinante para la viabilidad económica del emprendimiento.
La diferencia entre ambos casos resulta difícil de ignorar. En uno, el Poder Ejecutivo destaca el trabajo coordinado de los organismos públicos, la acción diplomática y la rapidez con la que se despejaron los obstáculos para alcanzar un acuerdo. En el otro, una iniciativa que lleva años en discusión sigue esperando definiciones fundamentales, sin que se perciba la misma urgencia por resolverlas.
No se trata de atribuir automáticamente todos los retrasos a una sola autoridad ni de desconocer la complejidad de los proyectos energéticos. Pero tampoco puede soslayarse la responsabilidad política de quienes conducen las áreas involucradas. La ministra Cardona, que hoy destaca con razón la trascendencia de la inversión española, debe explicar por qué no se ha conseguido imprimir una dinámica semejante a una iniciativa que podría cambiar sustancialmente el panorama industrial de Paysandú y su entorno.
Los departamentos del norte enfrentan desventajas competitivas que no se resuelven únicamente con discursos sobre descentralización, por cuanto el costo de la energía, los fletes, la distancia respecto de los principales centros de consumo y la disponibilidad de infraestructura inciden directamente en las decisiones empresariales. Si a esos factores se suma una actitud gubernamental que no transmite la misma determinación para destrabar proyectos, la brecha territorial corre el riesgo de perpetuarse.
El resultado es una dinámica conocida: las inversiones encuentran mejores condiciones en el sur, donde ya existe una concentración mayor de infraestructura, servicios y actividad económica, mientras que las regiones más alejadas siguen esperando iniciativas capaces de modificar esa realidad. Así, las diferencias que deberían corregirse mediante políticas públicas terminan reforzándose por la propia lógica de localización del capital.
La descentralización no consiste solamente en anunciar obras o promover actividades en el Interior. Exige generar condiciones para que las empresas encuentren viable instalarse fuera de Montevideo y su entorno, lo que supone coordinar infraestructura, energía, logística, formación laboral y decisiones políticas. También requiere que el gobierno asuma un papel activo para resolver los obstáculos que impiden concretar proyectos estratégicos.
El país no puede permitirse que el desarrollo dependa de la cercanía con la capital ni que una región deba resignarse a esperar indefinidamente mientras otras reciben respuestas rápidas y compromisos concretos. La inversión española merece ser celebrada. La postergación de Paysandú, en cambio, merece una explicación y, sobre todo, una solución que a esta altura resulta impostergable.
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