Lo que dice la estadística, lo que dice la realidad

El 64% de los uruguayos prefiere la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno, aunque un 45% aceptaría un régimen no democrático si lograra resolver los problemas del país, según el último informe de Latinobarómetro.
El documento señala que el respaldo al sistema democrático cayó seis puntos porcentuales en comparación con 2024, cuando alcanzaba el 70%. Sin embargo, pese a este descenso, Uruguay se mantiene entre los países con mayor apoyo a la democracia en la región, solo por detrás de Argentina y por encima del promedio latinoamericano.
Entre las instituciones que inspiran mayor confianza, lidera la Policía, seguida por las Fuerzas Armadas, la radio y la Corte Electoral. En el extremo opuesto, con los menores niveles de confianza, vuelven a aparecer los partidos políticos, las redes sociales y los sindicatos.
En líneas generales, la población desconfía de la forma en que el Estado administra los recursos obtenidos a través de los impuestos y disminuye el porcentaje de consultados que considera que el Estado ha hecho “mucho o algo” por su familia.
Desde hace tiempo existe una sensación de desconexión con la clase dirigente, a la que se suman preocupaciones como la inseguridad y la insatisfacción con la administración de los recursos públicos.
Incluso, llegan al 50% las opiniones que sostienen que el país está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado. La percepción de ineficacia de las respuestas del Estado frente a estos flagelos genera una sensación de vulnerabilidad que desgasta la credibilidad en las herramientas tradicionales del sistema político para contener el problema.
Sin embargo, en Uruguay está profundamente arraigada una cultura política que permite la coexistencia entre una fuerte desconfianza hacia la gestión estatal, los actores políticos y la administración de los recursos públicos, y una dependencia constante de ese mismo Estado para resolver los problemas.
En este marco, el ciudadano uruguayo promedio cuenta con una fuerte matriz de protección pública frente a las crisis.
Las causas de esta paradoja no son difíciles de encontrar. Se encuentran en la propia historia uruguaya y, particularmente, en el legado batllista, que consolidó un modelo de Estado de bienestar integral y generó, a lo largo de sucesivas generaciones, un consenso implícito en la sociedad. Desde entonces, aquel “escudo de los débiles” quedó incorporado a la cultura política, independientemente de la ideología del gobierno de turno.
El Estado es percibido, entonces, como el último garante de la estabilidad social y económica. Es lo que ocurre cuando surgen crisis graves, como el desempleo, los problemas de salud o la inseguridad. La primera reacción colectiva no suele ser buscar soluciones exclusivamente en el mercado privado, sino reclamar mayor presencia estatal, más controles normativos y subsidios económicos.
Aunque estos informes interpelan sobre la crítica opinión pública respecto al desempeño de los organismos estatales y la administración de los recursos disponibles, los servicios esenciales en Uruguay gozan de una aprobación comparativamente alta respecto al resto de América Latina. Por ejemplo, la satisfacción con los hospitales públicos y la Policía se mantiene por encima de los promedios regionales.
El uruguayo desconfía del burócrata, pero al mismo tiempo exige al Estado que actúe como un amortiguador indispensable frente a cualquier incertidumbre. Es una realidad que debería ser motivo de debates más profundos y recurrentes tanto en la sociedad como en la política uruguaya. Se trata de una tensión cultural, económica y social que puede resumirse en el dilema de un Estado cuestionado, con instituciones sometidas permanentemente al escrutinio ciudadano, pero al mismo tiempo “omnipresente”.
Quienes reclaman por el costo del Estado conviven con una elevada carga impositiva. Uruguay tiene una de las presiones fiscales más altas de la región y tanto las empresas como las personas sienten que una parte importante de sus ingresos se destina al pago de impuestos.
El sector productivo, particularmente el agro y la industria exportadora, sostiene que el costo del Estado contribuye a encarecer al país frente al exterior. El reclamo apunta, entre otros aspectos, al exceso de funcionarios públicos en determinadas áreas, la duplicación de funciones y la falta de modernización de algunos servicios.
El uruguayo promedio, por razones culturales, valora la estabilidad. Cuando el mercado falla o se contrae, el Estado aparece como el principal garante para evitar que la economía colapse.
En cualquier caso, no es posible pretender un Estado pequeño y barato que, al mismo tiempo, disponga de la billetera y de la infraestructura necesarias para rescatar a la producción, sostener el empleo y financiar la salud pública durante una emergencia.
Tampoco es posible expandir indefinidamente el gasto para atender cada demanda sin aumentar los impuestos o recurrir a un mayor endeudamiento, lo que termina elevando el costo país.
En definitiva, el reclamo ciudadano refleja un deseo difícil de conciliar: contar con un Estado que gaste menos y sea muy eficiente en épocas de bonanza, pero que resulte lo suficientemente fuerte y protector cuando las circunstancias se complican. El sistema político uruguayo vive en una negociación permanente para encontrar el equilibrio en esa balanza.
La desconfianza tampoco nace de la nada. Puede ser el resultado de promesas incumplidas y fallas institucionales. La ineficacia burocrática se traduce en trámites lentos, sistemas colapsados y atención deficiente, alimentando la percepción de que el Estado puede convertirse en un aparato pesado e ineficiente.
A esto se suma la percepción de que los recursos públicos benefician a las élites políticas o a determinados grupos de interés. Estas contradicciones y demandas constituyen un terreno fértil para los discursos populistas. Algunos líderes canalizan el malestar contra el “Estado fallido”, mientras otros prometen un “Estado presente” capaz de resolver todas las necesidades.
Pero no necesariamente se trata de una contradicción, sino de una paradoja de supervivencia. El ciudadano desconfía del Estado porque muchas veces lo experimenta como deficiente o injusto, pero recurre a él porque continúa siendo la principal institución encargada de garantizar el orden, los derechos básicos y la convivencia social.
Esa tensión, lejos de ser circunstancial, forma parte de la propia cultura política uruguaya. El desafío no parece consistir en elegir entre un Estado omnipresente y uno ausente, sino en construir uno que pueda justificar su tamaño, su costo y su presencia mediante resultados concretos. Porque la confianza no se reclama: se construye cuando las instituciones funcionan, los recursos se administran con eficiencia y el ciudadano percibe que aquello que aporta al Estado vuelve a la sociedad en forma de servicios, seguridad, oportunidades y protección.