El mundo no está preparado para adaptarse a las condiciones climáticas actuales y mucho menos a las que traerá el exceso de 1.5 grados centígrados por el calentamiento global. Así lo afirmó esta semana la directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, al señalar que la financiación para ayudar a las comunidades está muy por debajo de las necesidades.
Los esfuerzos globales para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático siguen estando infrafinanciados y, mientras las barreras institucionales están limitando la implementación, las pérdidas y daños relacionados con el clima no dejan de aumentar.
El costo humano del cambio climático es uno de los temas que atraviesa las sesiones de la COP31 que se realiza en Turquía, donde se han expuesto problemas que van desde la inundación de viviendas al derretimiento de glaciares.
Por primera vez en una conferencia climática de la ONU se mantuvo un diálogo de alto nivel a la resiliencia urbana, la adaptación y la acción climática que planteó un desafío creciente que involucra hasta 3000 millones de personas que carecen de una vivienda adecuada, y a más de 1000 millones viven en asentamientos informales, a menudo expuestos a inundaciones, deslizamientos de tierra y calor extremo en diferentes regiones del planeta. Quedó claro también que los desastres climáticos están borrando décadas de avance en desarrollo porque “no se puede erradicar la pobreza cuando los desastres climáticos no dejan de devolver gente a ella”.
Sectores cruciales, como la alimentación y la agricultura representan aproximadamente un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pero también son sectores muy vulnerables al cambio climático, ya que el aumento de las temperaturas, las sequías y las inundaciones amenazan las cosechas y los medios de vida de millones de agricultores.
Los científicos, por su parte, están cada vez más preocupados por los vínculos con los partos prematuros mientras que los trabajadores al aire libre, los niños y las personas mayores se enfrentan a riesgos particulares.
Sin embargo, en las salas de negociación de la COP31, los delegados siguieron lidiando con desacuerdos sobre la financiación de la adaptación y el futuro de los combustibles fósiles. Por ejemplo, los pequeños Estados exigieron reducciones de emisiones más rápidas, y los países productores de combustibles fósiles defendieron sus prioridades de desarrollo, lo que evidencia las dificultades para llegar a un acuerdo.
En nuestro rincón del mundo, hablar de cambio climático y adaptación suele activar el reflejo de señalar las restricciones referidas a la escasez de fondos internacionales pero la vulnerabilidad de nuestras ciudades no se resuelve esperando que llegue parte de los 305.000 millones de dólares anuales que la ONU reclama en un informe de este mes para que los países en desarrollo pueda adaptarse.
La verdad es que ese es un partido que se juega todos los días en la manera en que el gobierno departamental, los ministerios y los actores departamentales deciden gastar, planificar y priorizar el territorio con los recursos y programas que ya gestionan.
Sería injusto afirmar que en Paysandú no se está atendiendo este problema. De hecho, existen iniciativas valiosas que demuestran que el diagnóstico técnico está más que claro. Podemos citar como ejemplo el caso de “Paysandú reverdece”, impulsado este año desde la órbita departamental para inventariar el arbolado público y avanzar hacia la meta de plantar miles de ejemplares nativos para mitigar las olas de calor.
También se destaca la concreción del ecoparque Mburucuyá, fruto de la cooperación internacional, para amortiguar impactos hídricos del entorno urbano, así como el proceso de consulta regional iniciado en agosto por el Ministerio de Salud Pública para elaborar el Plan de Adaptación al Cambio Climático en Salud. A esto se suman los antecedentes y estudios del plan piloto NAP Ciudades, desarrollados junto a la academia, que dejaron guías técnicas precisas para adaptar viviendas en zonas inundables frente a crecidas y estrés térmico.
El problema no es la ausencia de diagnósticos ni proyectos piloto, sino la profunda brecha entre estas islas de innovación y la realidad estructural de las ciudades que continúan destinando la inversión gruesa a transformaciones estéticas, puesta en valor de paseos públicos y las obras pensadas para el turismo o la dinamización comercial.
No se trata de discutir si son necesarias o si un litoral atractivo es vial para la economía regional, pero la adaptación urbana no puede ser un privilegio de las zonas comerciales o un muestrario de buenas intenciones técnicas.
Es que si no se invierte con criterio de justicia en el espacio comunitario barrial, es posible que en algunos años las obras costeras y los ecoparques terminarán pareciéndose a oasis de diseño rodeados de vulnerabilidad social.
Por otra parte, existe una falsa dicotomía entre la gran geopolítica ambiental -como la que se discute sin acuerdos claros en la COP31 de Turquía- y la gestión cotidiana de las ciudades del Cono Sur. Es cierto que los gobiernos departamentales enfrentan restricciones presupuestarias severas y una dependencia importante del gobierno central, pero ya va siendo hora de pasar a una agenda de políticas públicas exigibles desde el territorio para construir resiliencia.
La situación actual del El Niño llama a la reflexión sobre la necesidad de reorientación presupuestaria con lupa social que destine presupuestos exclusivos a la infraestructura hídrica, el saneamiento pluvial y la mitigación de riesgos en los barrios periféricos y zonas inundables.
El ordenamiento territorial puede frenar la presión inmobiliaria sobre áreas inundables y traduciendo las recomendaciones técnicas del NAP Ciudades, mientras que se perfila necesario trabajar las redes comunitarias y alertas tempranas potenciando el tejido social ya existente para contar con capacitación técnica descentralizada, protocolos de autogestión barrial frente a eventos climáticos extremos. En definitiva, poder tener una verdadera cultura de prevención ciudadana.
La crisis climática y la desigualdad urbana no son fuerzas de la naturaleza inevitables, sino el producto de decisiones políticas concretas. Es necesario gobernar el riesgo.


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