Es un hecho alentador que un grupo de sanduceros haya sido distinguido recientemente por el Ministerio de Ambiente, como prestadores de servicios turísticos que han incorporado buenas prácticas ambientales en sus actividades y servicios desarrollados dentro de las áreas protegidas y sus zonas adyacentes.
El acto de reconocimiento tuvo lugar en una convocatoria que se desarrolló en Laguna Garzón, para destacar las acciones en aras de la conservación de áreas protegidas, en este caso de 17 prestadores de servicios turísticos en áreas como la mencionada, Laguna de Rocha, Esteros de Farrapos e Islas del río Uruguay, Montes del Queguay y Valle del Lunarejo, correspondiendo a los sanduceros precisamente la tarea desarrollada en Montes del Queguay.
Es que en un país donde la conciencia ambiental, –por ser benignos con el término– es muy relativa, y las acciones de control y punitivas correspondientes muy light e insuficientes, el priorizar estas prácticas ambientales es doblemente valioso, porque en realidad también se lucha contra factores culturales adversos y no alcanza solo con la intención de ser amigables con el ecosistema, cuando el factor humano suele echar por tierra con las mejores intenciones y desvelos.
El director de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, Gerardo Evia, señaló en el acto que “se tomó en cuenta que estas actividades estén alineadas con los objetivos de conservación de las áreas, que cumplan con la normativa, con los planes de manejo, que hagan un uso eficiente de los recursos, un adecuado manejo de los residuos, cuiden los ecosistemas y la biodiversidad, entre otras cosas”.
La distinción aplicó a la cadena productiva del turismo y a las áreas asociadas a lagunas costeras, quebradas del norte y litoral, donde históricamente se ha abusado y avasallado recursos naturales y flora y fauna silvestre, incluso con prácticas agresivas en depredación por cazadores pero también porque no se ha tenido cuidado en explotaciones productivas pese a regulaciones mínimas que sin embargo tienden a ser ignoradas.
Paralelamente, en un país como Uruguay, que históricamente ha dependido de sus recursos naturales y fundamentalmente de su producción de base agropecuaria, el agregado de hacerlo en forma ecológicamente amigable debe ser considerado como un diferencial de valor agregado en el presente pero sobre todo de cara al futuro, en un mundo donde la degradación del medio ambiente es cosa de todos los días, de la mano con el crecimiento de la población mundial y la contaminación.
En este contexto es pertinente recordar que a mediados de este año fue presentado el denominado el Plan Nacional de Producción con Bases Agroecológicas, en el Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento y contó con las exposiciones de Adrián Peña; ministro de Ambiente, Sebastián Da Silva; presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado; Juan Moreno, presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados; Natalia Bajsa de la Red de Agroecología, Irina Aldabe de la Red de Semillas, Rafael Vidal integrante de la Comisión Honoraria de Agroecología por la UdelaR y de Eduardo Blasina, presidente de la Comisión Honoraria de Agroecología.
En esta presentación en el parlamento los disertantes expresaron que el cometido del diseño de un plan se logró cumplir en una primera etapa, logrando mantener el consenso de las partes y construirse a nivel parlamentario.
Esta iniciativa responde a la Ley N° 19.717 que declara de interés general a la producción con bases agroecológicas, que tiene por objetivo la promoción y desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica para fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria, contribuir al cuidado del ambiente y mejorar la calidad de vida. Tiene como sujeto principal de estos sistemas de producción con bases agroecológicas los productores familiares agropecuarios, así como los sistemas de producción agrícola urbana y suburbana.
La norma fue votada por todos los partidos y se constituyó una comisión que tiene participación de la órbita pública y de las organizaciones sociales, a la que se le encomendó la elaboración de un plan, que finalmente fue acordado, en tanto el consenso que tuvo el parlamento también lo tuvo la comisión para presentar este documento que fue aprobado unánimemente.
La Ley N.º 19717 entiende por Agroecología “la aplicación de los conceptos y principios ecológicos al diseño, desarrollo y gestión de ecosistemas agrícolas sostenibles”, en una definición amplia y sistémica de la agroecología, abarcando la producción, distribución y consumo de productos en estado natural o procesados, no limitada al ámbito biofísico y/o tecnológico, incorporando la dimensión socioeconómica, cultural y objetivos de soberanía y seguridad alimentaria y calidad de vida.
La seguridad alimentaria implica especialmente el acceso físico y económico para todas las personas en todo momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos.
Además, existen múltiples formas de practicar la agricultura que, a partir de un enfoque o base agroecológica permiten avanzar en la sustentabilidad de los agroecosistemas. Entre ellas se mencionan la agricultura ecológica u orgánica, agricultura biodinámica, permacultura, sistemas agroforestales, sistemas agrícola- ganaderos integrados, rotaciones, cultivos de cobertura, policultivos.
Ahora, más allá de los compartibles enunciados de buenas intenciones en cuanto a normas de producción amigables con el medio ambiente, debe evaluarse la idea desde el punto de vista práctico como valor agregado a presentar ante los mercados, a un consumidor que efectivamente puede estar ávido de acceder a productos que salen de procesos naturales, pero no siempre dispuesto a pagar el costo adicional de este tipo de producción.
Los objetivos guardan estrecha relación con la preservación de áreas protegidas considerando la naturaleza como un todo, tanto en el cuidado de los recursos como en la preservación del ecosistema, y en todos los casos, más allá de la necesaria concientización y adaptación cultural, es menester no dejar los proyectos y normas solo como buenas intenciones y como un ideal a cumplir, porque de lo contrario estaríamos solo ante letra muerta para salvar las apariencias.
Es de esperar que el Ministerio de Ambiente siga trabajando en esta línea y enfatice el cumplimiento de sus cometidos, en tanto en el caso de la Ley N° 19.717, la normativa conlleva varias líneas de acción que tienden a generar por lo menos un nicho significativo de producción, comercialización y capacitación profesional en el área de la producción ecológica a través de una coordinación de instrumentos que tienden a este fin.
Lo que es mucho mejor que medidas aisladas improvisadas de dudosa efectividad, por lo que es de esperar que este impulso no se diluya con el paso del tiempo y que se consolide como una necesaria política de Estado.
