La venta ilegal de tabaco se incrementó a 49 millones de cajillas de cigarrillos por año en comercios y ferias de la capital y de todo el país. Ante ello, la Asociación de Distribuidores de Cigarrillos expresará su preocupación al Congreso de Intendentes –tras varias reuniones con otros organismos– en busca de que las autoridades se comprometan con el tratado internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, firmado por Uruguay en 2014.
Afirman que las autoridades deben comprometerse con la fiscalización y aplicación de sanciones (herramientas a su disposición, que no se utilizan) y alinearse al protocolo de la OMS que definen como “un conjunto de medidas que deben adoptar los países en cooperación entre sí” con el objetivo de “eliminar todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco”.
“Nos preocupa que, de 2008 a esta parte, el mercado ilegal sigue creciendo y que los productos que se venden son más baratos que una flauta de pan y ni siquiera cumplen con ninguna de las restricciones previstas en la Ley 18.256”, señaló Gustavo Márquez, presidente de la asociación en un comunicado público.
La asociación refiere a la necesidad de aplicar las herramientas que las autoridades ya tienen a su disposición, como el retiro de mercadería falsa en comercios y ferias o multas a quienes no cumplan con la ley.
“Si se pudo lograr regular algo tan intangible como el humo, los espacios libre de humo, ¿cómo no se puede controlar la venta de un producto que es tan fácil de identificar? Porque las cajillas ilegales no cumplen con las advertencias, fotografías y colores que exige la ley, así como los bajos precios”, cerró el presidente de la asociación.
CONTRABANDO Y FALSIFICACIÓN
En tanto, Fernando Lasso, delegado de la asociación, expresó a EL TELEGRAFO que la problemática es insostenible. “Estamos ya con niveles de alevosía, como debe estar pasando hoy con los demás productos en el litoral. Tenemos un problema todavía diferencial que el producto nuestro lo intentaron encarecer con esa lucha que vienen haciendo desde el Estado para hacerlo menos accesible a todos. Nos han levantado el IMESI y el IVA, entonces estamos fuera de precio con el comercio ilícito y llegando cada vez a más. Actualmente tenemos una diferencia de 4 a 1, que es lo mismo que está pasando con muchos productos que se compran en Argentina”. Y ejemplificó que prueba de ello es que hoy día “la tercera marca de cigarrillos más vendida en este país es de contrabando”.
Pero al problema del contrabando “ahora le tenemos que sumar otro integrante más que es la falsificación que ya está siendo con las marcas nacionales”. “Con todos los requerimientos pictográficos y de colores que nos impuso el Estado, nos dejó con una mercadería muy fácil de falsificar y muy difícil de detectar para el consumidor. No tenemos ningún distintivo que pueda ayudar al consumidor que ya compró su producto, está en su casa y cuando lo abre quiere saber si realmente le vendieron por lo que pagó.
“Al comerciante antes se le ofrecía una mercadería ilícita y obviamente que se cuidaba, trataba de comprarla lo más sigilosamente posible y demás, pero a través de los años eso se ha ido naturalizando y ya todo el mundo vende lo que le parece. Hoy estamos en un momento en que el cliente cuando le ofrecen la mercadería primero pregunta qué marca tiene y luego a qué precio, y hasta niega o no acepta una oferta porque sabe que consigue precios menores. Es decir que llegamos a un punto donde hay competencia de precios en el mercado del contrabando, porque productos hay infinitamente y es corriente conseguir, nunca quiebra stock, y con la lucha de precios se torna en un fenómeno increíble”.
Asimismo, sostuvo que esa situación lo hace aún más complejo. “Si todas las empresas de productos, ya sea fabricados o importados, estuvieran en el nivel de contrabando que tenemos nosotros con nuestros productos sería muy grave. Si Ancap vendiera un 36% menos o la Coca Cola o la fábrica de café, como nos pasa con los cigarrillos, ya son números que entran a afectar el funcionamiento y el derecho que tenemos a que nos defiendan con el negocio”, precisó Lasso.
El delegado comentó que el problema golpea a todo el país, pero sin dudas los departamentos fronterizos con Argentina y Brasil lo son aún más. “Baja un poco en la capital y Canelones pero estamos hablando que en el litoral es el 83% de participación. Tenemos el estudio de Cifra del año pasado donde marca que hay zonas que son un fuego con el contrabando. En Rivera el 93% de los comercios ofrecen cigarrillos de contrabando; seguido por Melo con el 80%, Artigas con 65%, Las Piedras y Maldonado con 53%, Salto y Paysandú con el 50%”, detalló Lasso.
Referente al producto falsificado dijo que resulta más difícil de medir. “Es un producto que lo tenés que esconder por órdenes y directrices de Salud Pública, tanto el legal como el ilegal; la diferenciación entre el original y el falsificado es difícil de hacer a simple vista, entonces es complejo de cuantificar y medir, pero cuando te empiezan a falsificar una marca ya es gravísimo”, comentó.
Además, hay comercios donde se venden a igual precio el original y el falsificado. “En otros lados los falsificados los camuflan como si fuera mercadería de Free Shop para que el comerciante baje los brazos y crea que está haciendo un buen negocio con la mercadería original pero no lo es, es una forma de engaño que hay. Hay de todo, gente que lo vende al mismo precio y otros que no, es amplio el aspectro”, indicó.
Los integrantes de la Asociación de Distribuidores de Cigarrillos han venido manteniendo reuniones por estos temas desde el año pasado, “incluso lo hemos presentado ante la Comisión de Industria del Parlamento dando nuestra visión”, así como “con el Poder Ejecutivo, ministros, actores políticos de renombre, senadores, algunos dirigentes sindicales, la Comisión de Control de Tabaco, entre otras”.
“Hay un proyecto de ley que está impulsando el diputado Martín Melazzi de Soriano de rotulación de productos, es decir para identificarlos como fabricados, importados o fraccionados en nuestro país. Porque hoy una caja de bombones vendida en Porto Alegre, en Buenos Aires o en Paysandú es la misma caja y no tiene absolutamente ninguna distinción, la única es contraponiendo stock de importador. Esto pasa con infinidad de productos donde no sabemos si el comerciante lo adquirió por la vía que tiene que comprarlo. Entonces es una forma de defender la industria nacional y la importación como tiene que ser”, comentó el delegado.
ARRUINA POLÍTICAS DE SALUD
Sobre las consecuencias que las maniobras de contrabando y falsificado acarrean, Lasso precisó que genera “varias problemáticas”. “La primera y más importante, por la que ha luchado el Gobierno, es que el comercio ilícito debilita la política pública de salud, porque uno puede poner políticas de precio al producto nacional pero si está entrando un producto a un precio del 25% del valor del que pretendo que vendan en el mercado interno va también contra la política de salud. Después la baja en la recaudación y la pérdida de recaudación millonaria, que estimamos en 6.000 millones de pesos, que son 154 millones de dólares, que se pierden por estas 49 millones de cajillas de contrabando que ingresan al país, y eso está cuantificado y tomado del último estudio de Cifra”, dijo.
“Toda la cadena lleva también a la afectación de los puestos de trabajo, tanto directa como indirectamente. Y algo que no es menor, que es el estado de Derecho de quienes tenemos una empresa y cumplimos con nuestros deberes que de adentro se ven espantosamente. El estado de Derecho no se está cumpliendo porque no se nos está defendiendo como comerciantes, empresas, dadores de trabajo, etc”, comentó Lasso.
Asimismo, fue crítico al indicar que del estudio realizado por Factum en 2008 “cuando se instaura la Ley 18.256 referente a las políticas de salud que ‘enfrenta el flagelo del cigarro’, como le pusieron, la participación del comercio ilícito era de un 17% y hoy estamos parados en un 36%. Es importante esa foto porque esta política lo único que hizo fue incrementar y darle más ganancia, más margen y más plata a todo el comercio ilícito”.
