Por iniciativa del edil nacionalista Esc. Andrés Giménez se ha pasado comunicación a los organismos competentes respecto a los elementos contenidos en su moción planteada en la Junta Departamental de Paysandú respecto a “Registro de ventas de chip telefónicos”, como una forma de contribuir a prevenir delitos, sobre todo de carácter informático.
En tal sentido expresa que “asistimos en los últimos tiempos a una nueva modalidad delictiva que ha venido tomando relevancia y que pone en el ojo de la tormenta los avances en la informática. Hackeos, ciberataques, estafas, entre otros, son algunos de los modos comúnmente usados por los delincuentes para hacerse de cuentas bancarias u obtener información confidencial que les permita cometer un delito posterior.
Entre las modalidades más comunes están las estafas telefónicas, llamadas desde teléfonos celulares solicitando algún tipo de información personal o de cuentas bancarias de la víctima, las compras o ventas falsas de productos o servicios (las más comunes a través de redes sociales), el cuento del tío, apuntando sobre todo a personas de tercera edad, quienes son más vulnerables a este tipo de maniobras”.
Consigna que “todos ellos ilícitos cometidos mediante llamadas telefónicas provenientes de teléfonos celulares cuyo número no se encuentra registrado, existiendo incluso, llamadas que, luego de una investigación, se han comprobado que provienen de los propios centros carcelarios y que son efectuadas por reclusos”.
Precisa Giménez que “al existir en nuestro país la venta libre de chips telefónicos, no se puede tener un control y por ende una identidad de quienes son las personas portadoras de ese número de celular, salvo aquellos que, en razón de tener un contrato de telefonía móvil, están registrados en el sistema. De este modo los delincuentes tienen libre acceso a la compra de chips, usan ese número telefónico para cometer delitos u estafas y posteriormente se deshacen de él”.
“Entiendo pertinente que debemos regular la venta de chips telefónicos y que los mismos deben ser registrados en una base de datos para saber a ciencia cierta quién es la persona física portadora de dicho número, sin que ello configure un contrato con la empresa proveedora del servicio, claro está, y de esta manera que el número de chip se encuentre ligado a una persona física, quien deberá proporcionar su documento de identidad al momento de comprar el chip”, sostiene el representante oficialista.
“De esta manera sería posible contar con un registro de personas portadoras de números telefónicos que permita identificar en caso de delitos que se cometen por esta vía, quién es la persona titular de ese número, identificarlo y así poder investigar con mayor profundidad”, indica Giménez.
Su moción al respecto plantea que “se oficie este planteo a la Cámara de Senadores, Cámara de Representantes, Comisión de Legislación parlamentaria y a la Ursec”, a la vez que “se oficie la iniciativa al Congreso Nacional de Ediles, al Congreso de Intendentes, y a los diputados departamentales.