Especialistas de Uruguay y Argentina tuvieron a su cargo la conducción de dos sucesivas instancias convocadas por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en Fray Bentos y Paysandú, enmarcadas en la denominada Jornada sobre Trata de Personas, apuntando a la generación de espacios de reflexión y concientización sobre esta problemática.
Las jornadas han estado dirigidas fundamentalmente al personal que se desempeña en organismos que tienen que ver con el trasiego fronterizo particularmente, apuntando especialmente a personal de CARU y de los organismos representados en el Area de Control Integrado fronterizo, como es el caso de la Dirección de Aduanas, Dirección de Migraciones, Prefectura Nacional Naval, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, entre otras dependencias regionales.
Se hicieron presentes además en este encuentro jerarcas del organismo binacional y de las dependencias de ambos países involucradas, como es el caso de representantes consulares y Policía Federal argentina, haciéndose hincapié en el hecho de que la trata de personas es un delito que afecta a miles de personas en todo el mundo, por lo que instancias como las desarrolladas en estos dos días buscan reforzar la capacitación de los funcionarios que desempeñan tareas en los puntos de frontera, permitiendo una mejor identificación y prevención de posibles casos.
En el desarrollo de estas acciones jerarcas de CARU reafirmaron el compromiso con la lucha contra este flagelo y señalaron la importancia de la cooperación binacional para abordar la problemática de manera integral.
Precisamente con estas jornadas se ha procurado una mejor coordinación entre organismos de ambas orillas, habida cuenta de que las fronteras son puntos clave en la lucha contra este flagelo, a la vez que cada país cuenta por su lado con organismos que participan directamente en esta problemática, y la idea es que haya una comunicación más fluida e interacción entre las dos orillas para maximizar el combate contra este flagelo.
En el caso de Uruguay se estableció en su momento el Plan Nacional de Acción para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, mediante trabajo colectivo entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la problemática y la Organización Internacional para las Migraciones –que, a su vez, aportó el apoyo y el asesoramiento técnico– en el marco de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas (Decreto 304/015).
El plan ha incluido los acuerdos interinstitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el país en la lucha contra la trata y explotación de personas, fenómeno complejo y multidimensional que atenta contra la dignidad y los derechos humanos.
Entre otros aspectos, se destacó la importancia de las acciones interinstitucionales para el combate al delito y la atención y protección de las víctimas, con participación además de organizaciones sociales, tanto en el seguimiento del cumplimiento de las metas y responsabilidades planteadas como para garantizar la transparencia de las acciones desarrolladas.
Un aspecto sustancial es constituir en los respectivos países un espacio de articulación, coordinación y asesoramiento para el desarrollo de políticas públicas que contemplen un sistema integral de respuesta a la trata de personas (que involucre acciones de prevención y sensibilización, de investigación y persecución del delito, y de atención y protección de las víctimas).
