Las tensiones entre la libertad de expresión y la regulación de plataformas digitales representaron el eje central del primer día del simposio sobre desinformación organizado por el semanario Búsqueda, en alianza con el medio argentino Chequeado y con el apoyo de la Unión Europea y la Universidad Católica del Uruguay (UCU). El encuentro, de carácter internacional, se llevó a cabo el lunes 4 y martes 5 de agosto en uno de los edificios de la UCU en Montevideo.
La actividad incluyó una conferencia magistral de la abogada y académica colombiana Catalina Botero y una mesa de debate con tres voces de referencia: Carolina Aguerre, doctora en Ciencias Sociales; Jan Mikolaj Dzieciolowski, jefe de la sección Política de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay; y Daniel Mordecki, director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).
La jornada giró en torno a los desafíos regulatorios que enfrentan las democracias frente a la circulación masiva de contenidos falsos o manipulados, muchas veces amplificados por sistemas automatizados sin control.
Apertura tecnológica y cercos digitales
“Todos nos hemos beneficiado de un ecosistema abierto como Internet, pero hoy estamos frente a un entorno cada vez más segmentado, con fronteras definidas por plataformas que utilizan múltiples capas de tecnología”, sostuvo Carolina Aguerre en el arranque del panel. A su entender, los intentos de regulación deben contemplar esta complejidad. “Cuando el problema es grande, quedarse solo con una ley o una norma es quedarse corto. La gobernanza requiere un enfoque sistémico”, afirmó.
Aguerre elogió el modelo europeo, que –además del DSA (ley de servicios digitales)– incluye una batería de instrumentos como el Digital MarketsAct, el Data GovernanceAct y el futuro AI Act. “No se trata sólo de regular contenidos. También hay que generar cambios sociales, incorporar más actores al debate y crear mecanismos de participación ciudadana, porque este no es un problema exclusivamente estatal”, indicó.
La investigadora también hizo una advertencia sobre la cooperación internacional entre actores maliciosos. “Hay una forma de cooperación negativa que es muy poderosa. Estamos hablando de ensamblajes sociotécnicos, de tecnologías que se conectan con intereses políticos o económicos, y que operan de manera deliberada para desestabilizar sistemas democráticos”, alertó.
Amenaza estructural a la democracia
Por su parte, Jan Mikolaj Dzieciolowski, representante de la Unión Europea, puso el foco en el concepto de Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI), un término que desde hace años forma parte del vocabulario diplomático europeo. “No se trata de alguien que dice una pavada en redes. Estamos ante estructuras organizadas que buscan influir decisiones personales y nacionales de forma maliciosa”, explicó.
El funcionario recordó que la primera señal de alerta para Europa se encendió en 2014, con la invasión encubierta de Crimea por parte de Rusia. “No fue una guerra declarada. Aparecieron soldaditos verdes que nadie sabía de dónde venían, pero todos sabíamos quién estaba detrás. Desde entonces venimos siguiendo el tema con mucha atención”, dijo.
El DSA, según Dzieciolowski, establece reglas claras y obliga a las grandes plataformas a ser más transparentes. “No queremos ser censores. El DSA no obliga a eliminar contenido legal, pero protege a los usuarios de decisiones arbitrarias. Cualquier persona tiene derecho a saber por qué se moderó su contenido y a apelar si lo considera necesario”, aclaró.
También informó que la Comisión Europea inició en 2023 investigaciones contra varias plataformas –entre ellas X, TikTok, Meta, Temu, AliExpress y sitios de contenido adulto– para verificar el cumplimiento de las nuevas normativas. “No va a ser fácil. Son investigaciones complejas, pero estamos comprometidos con ese camino”, sostuvo.
Regulación sin perder innovación
Desde la perspectiva uruguaya, Daniel Mordecki planteó que el país ya ha comenzado a regular ciertos aspectos del ecosistema digital, aunque buena parte de la sociedad aún lo desconozca. “Hay una ley aprobada en el gobierno anterior que regula plataformas de transporte como Uber o Pedidos Ya. Establece derechos básicos para los trabajadores, como saber por qué una plataforma toma decisiones en su contra o tener derecho a reclamar en territorio nacional”, afirmó.
A juicio del director de Agesic, regular no significa limitar. “Cuando no hay reglas, vale la ley del más fuerte. Y ahí pierden los más chicos, las empresas nacionales, los innovadores. La innovación necesita reglas, como en el ajedrez. No se puede jugar sin ellas”, ejemplificó.
También puso en cuestión el enfoque excesivo en los contenidos, señalando que el verdadero problema está en el medio. “La gran novedad no es lo que se dice, sino cómo se amplifica. El mensaje más extremo, sin algoritmos, no tiene impacto. Pero con algoritmos que clasifican y segmentan usuarios, se convierte en un arma”, advirtió.
Mordecki explicó que la mayoría de las plataformas funcionan con algoritmos de inteligencia artificial, que deciden qué mostrar a quién en función de predicciones. “Ese proceso de clasificación es opaco, muchas veces ni siquiera los técnicos pueden explicarlo. Pero es ahí donde se juega el impacto social más profundo”, indicó.
La segunda jornada del simposio, centrada en experiencias de verificación y buenas prácticas en la región, incluyó presentaciones de Chequeado, La diaria, La Silla Vacía y el medio chileno Mala Espina. En ese espacio se abordaron iniciativas concretas de colaboración periodística, el uso responsable de inteligencia artificial y las nuevas formas de estafa digital.