El presidente de la caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), el médico sanducero Gonzalo Deleón, detalló a EL TELEGRAFO la situación por la que pasa la institución, que desde febrero mantiene un conflicto con sus funcionarios, entre otras cosas por el ajuste salarial que regirá a partir de enero de 2019.
“Se están haciendo medidas totalmente disruptivas en un organismo de seguridad social cuando hay una mesa de negociación, se los recibe cuando quieren”, dijo Deleón, considerando que una de las medidas es el paro en el sector Cuentas Corrientes, que hace las liquidaciones para el cobro de los aportes a los afiliados activos, y es el 65% de los ingresos reales a la institución. No obstante, aseguró que todas las prestaciones se pagarán, aún perdiendo capital o endeudándose.
SIEMPRE HAY ALGÚN CONFLICTO
Deleón dijo que “hemos tenido varias reuniones bipartitas para tratar los problemas, y alrededor de noviembre nos llegaron reclamos distintos para la negociación sobre licencias de maternidad y paternidad, y después de consultar al BPS que no les correspondían, estamos dispuestos a incluirlo en el convenio y pagárselos; un tema de IRPF retroactivo, se hizo consulta a la DGI y estaría en vías de resolución; un tribunal de competencias, que está resuelto; participación en la redacción del proyecto de ley de la Caja y hubo acuerdo”.
“Ellos tienen siempre algún conflicto en carpeta. Han discutido mucho los contratos que hace la Caja con terceros, como el profesor y abogado Mario Garmendía, nuestro asesor legal, el contrato de seguridad (con una empresa), el de inversiones financieras con Deloitte, la empresa Improfit de comunicaciones que se bajó el canon a la mitad, el de auditoría externa, que se renovó mediante un llamado y se contrató bajando un millón de pesos del pago anual”.
Dijo que “cuando nos empezamos a reunir con Afcapu, el único tema eran las tercerizaciones. Un convenio de 2009, que firmó el anterior Directorio para cerrar un conflicto, decía que no se iban a hacer más tercerizaciones, pero era sobre contratos de empleo directo, porque en ese momento había dos empresas que proporcionaban personal como secretarios y auxiliares, que podían ser empleados directos de la Caja, por lo que no se hizo más después de 2009. Pero el sindicato ahora entiende que son todas tercerizaciones. Una empresa no puede hacer todo, y recurre a terceros en áreas específicas (como Deloitte) pero ellos dicen que algunas tareas las pueden hacer ellos y otras que deberían ser en acuerdo con el sindicato. Hay cosas como las inversiones que sería muy difícil que lo haga personal no entrenado, por lo que eso quedó en punto muerto”.
EL CONVENIO SALARIAL
“Quedan algunas cosas menores –reconoció– pero lo que empieza a tomar fuerza es el convenio salarial, que creo es lo jugoso y central. El último es de 2014, y da casi un tres por ciento de aumento real sobre la inflación, 1% de recuperación semestral y 0,5% anual por productividad”.
Para la actual negociación, “el Directorio consideró que no está en condiciones de pagar esto, que tiene deudas sociales con sus jubilados, ya que el 22 de julio de 2016 se le recortaron beneficios cuando esa es su razón de ser, y si no se puede, tampoco está al alcance dar esos aumentos”. La pauta del Poder Ejecutivo para el Consejo de Salarios da tres tipos de aumento, según la condición de la empresa, del 8%, el 7% y el 6%, con la inflación del 7%”.
Dijo que además “quieren que se les pague los paros realizados en enero, febrero y marzo de 2017, tarjeta de entrada los viernes a las 17 y de salida los lunes, y la Caja está cerrada los fines de semana. Lo mismo hicieron en Semana de Turismo”. Otro problema “es la licencia sindical, que no está reglamentada en la Caja y no nos parece bien que haya un miembro de Afcapu que gana 150.000 pesos y no vaya a trabajar en dos años.
SECTOR “NEURÁLGICO”
Recordó que “el 22 de febrero comenzó el conflicto en Cuentas Corrientes, donde hay seis funcionarios, que es un sector neurálgico y nos puede parar todo porque es donde se manejan los cobros, y trastocó el funcionamiento de la Caja”. Explicó que “con esta medida no se pueden cobrar los aportes de los afiliados a la Caja, porque no se cobra en mostrador, no se mandan las actualizaciones a las bases de datos de las tarjetas de crédito con las que pagan muchos afiliados, tampoco se mandan a las redes de cobranza e incluso para las empresas que esperan que lleguen las bases de datos para pagar, y tampoco se pueden cobrar los convenios que hicieron quienes se atrasaron, y eso causó un problema económico”.
Otro problema que se creó es que “no se emiten certificados (de estar al día) y sin presentar eso no se puede cobrar el sueldo”.
SIN MULTAS NI RECARGOS
La Caja ahora recibe únicamente el cobro de los timbres profesionales, por ejemplo el que se paga cuando se retiran medicamentos de la prestadora privada u otras actividades profesionales y es parte de la recaudación de la Caja, representando un 35% del total. “Es lo único que no está trancado porque es automático y viene por Internet”, dijo Deleón.
Ante esta situación, se resolvió que “no va a haber multas ni recargos (a los que no puedan pagar) mientras dure el paro, y se extendió la validez del certificado de estar al día para que los profesionales puedan cobrar sus sueldos”. No obstante, la falta de certificado “complica a otras prestaciones, como el trámite para jubilarse, el subsidio por enfermedad o por maternidad”, que necesitan que esté al día, pero “resolvimos que con el último que tiene y una declaración jurada, ya se hagan los trámites”.
SALEN U$S 25
MILLONES MENSUALES
De mantenerse el problema, “se afectaría el cobro de las jubilaciones. La Caja vuelca unos 25 millones de dólares mensuales en prestaciones, que es casi el 96 por ciento de sus egresos. Pero hemos buscado alternativas, una es que en marzo faltaron 200 millones de pesos para pagar las obligaciones y se subsanó no renovando activos financieros (inversiones que hace la Caja y cuando vencen las renueva) que dio para cubrir el faltante y pagar las jubilaciones y prestaciones. Pero es seguro que el pago de las prestaciones no se va a comprometer. Tenemos una línea de crédito con el Banco República por 26 millones de dólares, lo que da para un mes, y hemos optado por no renovar alguna de las inversiones para tener liquidez y cumplir los compromisos. Pero también se resolvió que la Caja está obligada a pagar las prestaciones y va a buscar el dinero para hacerlo, pero si la Caja no tiene dinero propio no se va a endeudar para pagar los salarios, es una resolución muy firme”.
PAGAR ELECTRÓNICAMENTE
Se creó un sistema de cobro mediante un link en la página web, que permite que el profesional pueda pagar su aporte desde su cuenta de banco por vía electrónica. “Hicimos un convenio con una empresa para que los afiliados puedan pagar a través de la página web de la Caja, les dice cuánto debe pagar, los lleva a la página de su banco para que hagan el traspaso. Para esto fue fundamental el trabajo del cuerpo gerencial de la Caja”, reconoció su presidente.
Hasta el momento, y desde que se puso en marcha este sistema el jueves 22 de marzo (con Semana de Turismo en el medio) se han recaudado poco más de 10 millones de dólares de alrededor del 50 por ciento de los aportantes, que Deleón calificó como “muy buena respuesta” a lo que se suman los seis o siete millones de dólares de los timbres profesionales.
El mensaje a los profesionales universitarios es que “tienen que pagar por un tema de solidaridad, Hay quienes tienen subsidio por maternidad, por enfermedad o discapacidad, pensiones y quienes están esperando su jubilación. Y pagar también el Fondo de Solidaridad, porque se afectarían muchísimas becas y también las construcciones edilicias de la Universidad, y si no pagan las prestaciones deben pagarse con las reservas, o los créditos con intereses.”
RESERVAS DE LA
CAJA DE PROFESIONALES
“La Caja tiene 450 millones de dólares de respaldo. 150 millones en el área inmobiliaria y la forestal, y 300 millones están en activos financieros. Esas reservas están garantizando a los colegas su futura jubilación”.
La CJPPU tiene135.000 afiliados activos, de los cuales unos 58.000 tienen declaración de ejercicio liberal de la profesión por lo que paga, por medio de la Caja al Fondo de Solidaridad, lo que representa unos 4 millones de dólares mensuales para becas de estudiantes universitarios.
Para su administración trabajan 166 funcionarios. El salario mínimo que se paga, correspondiente a un auxiliar de segunda es de 45.000 pesos, y el promedio de salario entre todos los funcionarios, es de 150.000 pesos. “No son salarios sumergidos”, afirmó Deleón.
