Cuando se habla de brechas de género, pocas veces se aborda la situación de las mujeres rurales. Por eso, suele quedar pendiente dimensionar el importante rol que desempeñan y, a la vez, la desigualdad que enfrentan quienes viven en el campo uruguayo.
En Uruguay, las mujeres rurales están presentes en la producción familiar, en la educación rural, en las ferias locales, en las redes de salud comunitaria y en organizaciones de sus pueblos y parajes. Su papel es fundamental para la agricultura familiar, la soberanía alimentaria y el mantenimiento del tejido social de las comunidades donde residen. Sin embargo, las estadísticas revelan una persistente brecha de género que limita su visibilidad y participación plena.
Aproximadamente el 70 % de las mujeres rurales no cuenta con ingresos propios, lo que refleja una dependencia económica de otros miembros del hogar. Esta situación limita su autonomía y el acceso a derechos fundamentales como la jubilación, el crédito o la formación profesional. Además, la titularidad de la tierra continúa siendo mayoritariamente masculina, y el trabajo no remunerado sigue siendo una constante. Esto excluye a muchas mujeres rurales de la seguridad social. También tienen menos oportunidades de capacitarse en áreas productivas y enfrentan mayores obstáculos para acceder a financiamiento, incluso cuando son propietarias de la tierra.
Se configura así una paradoja persistente en América Latina: las mujeres son pilares de la vida comunitaria, pero permanecen invisibilizadas en las políticas públicas, en las estadísticas oficiales y en los espacios de decisión. Y Uruguay no es la excepción.
El 15 de octubre se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Este año, es posible destacar algunos avances concretos que comienzan a incorporar sus realidades y necesidades en el diseño de políticas públicas. En ese sentido, cabe señalar el reciente lanzamiento de la primera Política de Género Agro y su Plan de Acción 2025-2029, que busca consolidar la equidad en los sectores rural y pesquero, con énfasis en el acceso a la tierra, la formación, la participación institucional y la autonomía económica. Asimismo, la Comisión Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes destacó el papel fundamental de las mujeres rurales en la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, la protección ambiental y los cuidados comunitarios.
“Desde los gobiernos departamentales y municipales, tenemos la responsabilidad de construir territorios más equitativos, donde ser mujer y vivir en lo rural no implique barreras, sino oportunidades. Acceso a la tierra, a la salud, a la educación, a la conectividad, a la representación política y a una vida libre de violencias son derechos que deben estar garantizados para todas (…) Este 15 de octubre reafirmamos nuestro compromiso con una mirada descentralizada, interseccional y de género, que integre la voz de las mujeres rurales en todas las políticas públicas”, señala la declaración de dicha comisión.
Pensar la ruralidad desde una perspectiva de género implica reconocer que no hay desarrollo territorial posible sin equidad. La voz de las mujeres rurales debe ser escuchada en la planificación territorial, la gestión de los recursos naturales, la economía social y la educación rural. Por su rol en las comunidades y sus múltiples aportes, pueden y deben ser actores clave hoy y en el futuro, en un campo cada vez más despoblado.
Si nos preguntamos en qué áreas claves pueden contribuir de forma significativa, algunas respuestas son claras: la agroecología y la soberanía alimentaria, el cuidado comunitario y la salud rural, la economía social y la creación de emprendimientos con valor agregado. Hoy muchas mujeres rurales son protagonistas en la producción de alimentos a pequeña escala, el manejo sustentable de la tierra y la preservación de semillas nativas. Son prácticas y saberes que resultan decisivos para impulsar modelos agroecológicos que reduzcan el uso de agrotóxicos, fortalezcan las economías locales y promuevan la seguridad alimentaria.
El cuidado ha sido históricamente una tarea asumida por mujeres, y en el ámbito rural esto no es distinto. Cuidan a niñas, niños, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas o adultas mayores. Su aporte al bienestar comunitario es incuestionable, pero podría potenciarse si contaran con respaldo institucional, lo que permitiría a muchas de ellas liderar redes de salud y prevención comunitaria.
También son protagonistas en las actividades socioculturales de las pequeñas comunidades: participan en comisiones vecinales, organizan actividades culturales, apoyan a las escuelas e incluso crean espacios de cultura y educación no formal, como bibliotecas. Desde hace tiempo, la mujer rural uruguaya ha ampliado su radio de acción más allá del predio familiar. Participa en la producción artesanal, la transformación de alimentos, la forestación y en pequeños y medianos emprendimientos de diversos tipos. Estas actividades generan ingresos para sus hogares y fomentan el empleo local. Acceder a más formación como emprendedoras, al crédito y a redes de comercialización no solo beneficiaría a estas mujeres y sus familias, sino que podría dinamizar la economía del interior profundo, diversificando la matriz productiva rural, fortaleciendo su autonomía económica y el comercio local.
Sin embargo, todavía son pocas las mujeres rurales que ocupan cargos de decisión en concejos municipales, alcaldías, cooperativas, gremios u organizaciones comunitarias. Es imprescindible que lleguen también a esos espacios, porque su perspectiva sobre el territorio, los cuidados y la sostenibilidad puede enriquecer notablemente las políticas públicas locales, haciéndolas más inclusivas y equitativas.
Estas contribuciones no solo son posibles, sino que es urgente tenerlas en cuenta. Para ello, es necesario redistribuir recursos que permitan aterrizar las políticas nacionales en el territorio, democratizar el acceso a la tierra, garantizar servicios básicos y reconocer el valor del trabajo que las mujeres rurales realizan, muchas veces en silencio. Porque su invisibilidad no es solo una omisión estadística: es una forma de exclusión e inequidad que se reproduce en las decisiones y en los presupuestos.
