Entre el período legislativo anterior y el actual, se han presentado cerca de una decena de iniciativas impulsadas por legisladores de todos los partidos, ya sea de forma individual, coordinada entre diferentes fuerzas políticas o junto a sus bancadas. Todas tienen un mismo objetivo: solicitar al Poder Ejecutivo de turno que analice la pertinencia de reducir la carga impositiva sobre los bloqueadores solares. Los proyectos varían en sus propuestas de concientización y difusión de buenas prácticas de prevención, y se respaldan en datos relevantes sobre la incidencia del cáncer de piel en Uruguay.
Los últimos datos de Globocan, correspondientes a 2022, indican que Uruguay presenta las tasas más altas de incidencia y mortalidad por melanoma en Latinoamérica, ubicándose en el segundo quintil a nivel internacional.
En el período 1990-2022, las tasas de mortalidad crecieron a razón de 1,23% anual en hombres y 1,48% en mujeres; en estas últimas, el incremento es similar al observado en las tasas de incidencia.
Para tener una mejor idea: se diagnostican alrededor de 3.200 casos anuales —incluyendo no melanoma— y se registran unos 145 fallecimientos por año, siendo el melanoma el más letal. Es el tipo de cáncer más frecuente y, además, puede generar metástasis, aun cuando generalmente no produce dolor.
En el período pasado, fue aprobado en diciembre de 2023 y remitido al Poder Ejecutivo un proyecto de resolución —antes denominado minuta de comunicación— en el que se solicitaba la exoneración del IVA, junto con otros proyectos de ley.
Otras propuestas parlamentarias apuntaban a un etiquetado que informara sobre el tipo de producto, su factor de protección y los efectos nocivos de la exposición prolongada al sol. En general, citan al Ministerio de Salud Pública como organismo de vigilancia, con un registro de proveedores y el rol de habilitación y fiscalización.
La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, dio el paso que le era posible. La semana pasada anunció que cualquier especialista de la salud podrá recetar protectores solares. Más allá del trámite formal y burocrático para su incorporación al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), la ministra aseguró que se busca un cambio de paradigma.
“Me resulta inadmisible que la especialidad de dermatología, como una manera de restringir el uso en los prestadores, sea la única que pueda indicar protectores solares”, afirmó. Según Lustemberg, los dermatólogos deben abocarse a los temas propios de su especialidad y no destinar horas de consulta a indicar protectores solares.
Algo que parece obvio para cualquier usuario está sometido hoy a la receta de una especialidad. Entonces, la urgencia que los dermatólogos transmiten cada verano respecto a la exposición solar no parece tan urgente cuando requiere un paso adicional para acceder al producto.
Cuando ocupaba una banca como diputada del Frente Amplio en el período pasado, Lustemberg firmó uno de los proyectos de ley que apuntaban a mejorar la accesibilidad a los protectores solares dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Las marcas básicas de estos productos oscilan entre $800 y $1.500. Desde la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, los especialistas exhortan desde hace tiempo a exonerar impuestos para disminuir el costo y que resulten accesibles para toda la población. De lo contrario, cualquier campaña de promoción y prevención del cáncer de piel puede resultar estéril y contribuir al aumento de las estadísticas. De acuerdo con datos oficiales de la comisión, en Uruguay cerca del 19% de los cánceres son de piel.
Sin embargo, algunos especialistas aseguran que la incidencia es incluso mayor. Es decir, en nuestro país la tasa de cáncer de piel es muy elevada. “La ubicación geográfica de Uruguay hace que sea un área de radiaciones altas. Es de los países con cáncer de piel más frecuente en Latinoamérica”, afirmó a finales del año pasado el presidente de la comisión, Robinson Rodríguez.
Incluso la Sociedad de Dermatología promovió una ley para abaratar o eliminar los impuestos aplicados a los protectores solares, que aún no ha sido aprobada. Rodríguez subrayó que “sería de utilidad” evitar esa carga impositiva para que el producto resulte accesible, al menos durante los meses de verano.
Pero la iniciativa de quitar o no impuestos es privativa del Poder Ejecutivo. Los sucesivos legisladores han insistido y presentado acciones parlamentarias que no han logrado traspasar la barrera de las resoluciones gubernamentales. Si la demora en resolver obedeciera al temor de un eventual abuso en el uso de protectores, entonces habría que buscar una regulación adecuada para evitar lo que ocurre hoy: pagan justos por pecadores.
El protector solar no es, de ninguna manera, un producto cosmético, aunque los comercios del rubro suelen ubicarlo en el área de cosmetología. Y si el argumento es la imposibilidad de agravar el déficit fiscal, seguramente resulte más costoso para la sanidad pública el aumento —sostenido— de usuarios oncológicos. Ni hablar del costo —no solo económico— para las familias.
Existe abundante evidencia, y Uruguay puede jactarse —con razón— de contar con estadísticas sistematizadas de las distintas afecciones de salud pública. Pero de nada sirve la evidencia ni las campañas de concientización dirigidas siempre a la población, a la que se le pide que se cuide y prevenga un tipo de cáncer que, si se detecta a tiempo, puede curarse.
Porque, al menos hasta ahora, han fracasado todos los intentos —políticos y técnicos— de lograr que baje el precio del producto que puede ayudar a mejorar la estadística. Si bien existen otras acciones —evitar la exposición solar en horas pico o usar vestimenta adecuada—, el bloqueador solar sigue siendo la medida más relevante.
Las barreras para acceder al producto son culturales y económicas. Y mientras no se aborde ese problema, todo lo demás será insuficiente.