La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el lunes una declaración que ha sido calificada como histórica, ya que implica un compromiso global con metas concretas y medibles que sitúan a la salud pública como eje de la justicia social y del desarrollo sostenible.
El documento, titulado “Equidad e integración: transformar vidas y medios de subsistencia mediante el liderazgo y las medidas en materia de enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental y el bienestar”, integra dos agendas que hasta ahora habían transitado caminos paralelos: la lucha contra las enfermedades no transmisibles (ENT) y la promoción de la salud mental.
El acuerdo, respaldado por 175 países —con los votos en contra de Estados Unidos y Argentina y la abstención de Paraguay—, propone reducir en 150 millones el número de consumidores de tabaco, lograr que otros 150 millones de personas tengan la hipertensión controlada y garantizar que 150 millones accedan a servicios de salud mental.
Las enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, el cáncer o la diabetes, provocan 18 millones de muertes prematuras cada año, mientras que los problemas de salud mental afectan a más de mil millones de personas en el mundo, según datos de la ONU. Se trata de realidades que comparten factores de riesgo prevenibles —dietas poco saludables, consumo de alcohol y tabaco, y contaminación atmosférica—, lo que refuerza la urgencia de abordar los determinantes sociales y ambientales de la salud. Además, la declaración incorpora temas novedosos como la salud bucal, los cánceres infantiles, los daños digitales derivados de la exposición excesiva a pantallas y la contaminación del aire, ampliando así el alcance hacia problemáticas que hasta ahora habían quedado relegadas de las grandes discusiones en materia sanitaria.
La declaración no se limita a fijar metas de salud, sino que posiciona a la salud como un derecho humano y como una condición indispensable para el desarrollo sostenible. Asimismo, en un contexto de crisis económicas, hace un llamado a los países a asegurar el financiamiento interno y a fortalecer la cooperación internacional, con el objetivo de que la salud deje de ser un asunto exclusivo de ministerios y hospitales y se convierta en un eje transversal de las políticas públicas, abarcando desde la educación hasta el medioambiente.
En este sentido, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a la responsabilidad compartida al afirmar que “juntos podemos cambiar la trayectoria de las enfermedades no transmisibles y la salud mental”.
El consenso sobre estos temas fue casi unánime entre los países representados en la ONU: se registraron 175 votos a favor, mientras que Estados Unidos y Argentina votaron en contra y Paraguay se abstuvo.
De acuerdo con analistas internacionales y con lo señalado por la propia ONU en su sitio web, la principal razón del aislamiento estadounidense y argentino radica en que el texto de la declaración reconoce el derecho a la salud sexual y reproductiva y destaca que las mujeres soportan una doble carga —como pacientes y como cuidadoras— en la mayoría de los países.
Este punto, que para 175 países resulta incuestionable, se convirtió en el detonante de la disidencia de los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei. La postura estadounidense refleja la influencia de sectores conservadores que buscan limitar, en los foros multilaterales, cualquier referencia a los derechos reproductivos. El gobierno de Milei se alineó con esta posición, reforzando su vínculo político e ideológico con la administración de Trump.
El rechazo no es menor ni pasa desapercibido. Estados Unidos, como potencia mundial, y Argentina, como país con liderazgo regional en el Cono Sur, quedan en una posición incómoda frente a la comunidad internacional.
Este posicionamiento plantea interrogantes igualmente incómodos: ¿qué mensaje reciben los ciudadanos que enfrentan diariamente la hipertensión, la depresión o el cáncer? ¿Qué impacto tiene en la credibilidad internacional de ambos países votar en contra de iniciativas tan claras a favor de la salud de la población?
A su vez, se trata de una decisión reveladora, ya que evidencia cómo la salud puede convertirse en rehén de disputas culturales y políticas. En lugar de respaldar la cooperación internacional frente a desafíos que afectan profundamente la vida de las personas, ambos países optan por la resistencia.
Sin embargo, este aislamiento no perjudica a la ONU ni a otros Estados, sino principalmente a sus propios ciudadanos, al apartarse sus gobiernos de compromisos internacionales orientados a mejorar la calidad de vida.
Argentina, además, se distancia de sus socios del Mercosur y de la mayoría de los países latinoamericanos que apoyaron la declaración. Por su parte, Uruguay se enfrenta a la situación de que su vecino más cercano se aparta de un acuerdo en un tema tan sensible como la salud, lo que podría permitirle capitalizar su prestigio internacional en políticas sanitarias y reforzar su liderazgo regional.
Cabe recordar que nuestro país, a pesar de su pequeño tamaño, fue pionero en políticas antitabaco, enfrentando incluso litigios internacionales contra la industria tabacalera, y que cuenta desde 2017 con una Ley de Salud Mental. Es cierto que en este último ámbito aún queda mucho por avanzar: persisten la falta de recursos, la concentración de servicios en Montevideo y las dificultades para garantizar una atención integral en el interior del país. Precisamente por ello, estas deberían ser metas de corto plazo en el marco del consenso mundial recientemente respaldado, ya que resulta evidente que la magnitud de estos desafíos exige acciones concretas, más allá de discursos y declaraciones.
Como sostiene la ONU, en un mundo interconectado —donde las enfermedades no transmisibles y los trastornos mentales son comunes y aún se arrastran las secuelas de la pandemia—, la salud debería ser una meta colectiva, no un motivo de división ni un campo de disputas ideológicas. No obstante, el rechazo de Estados Unidos y Argentina pone de manifiesto las tensiones persistentes entre derechos, ciencia, salud y política, y abre un debate sobre la instrumentalización ideológica de la salud.
