Ha sido derivado a estudio de la Comisión de Higiene y Medio Ambiente de la Junta Departamental de Paysandú un planteo formulado en la corporación por la edila nacionalista Patricia Vásquez Varela, quien denuncia “amenazas y hostigamientos en el Programa Nacional de Salud Bucal Escolar”.
Trae a colación la representante del oficialismo departamental que “este programa iniciado en la primera administración de Vázquez y cuya presidente fue su esposa, María Auxiliadora Delgado, apuntaba al tratamiento integral de los educandos de las escuelas de contexto crítico y rurales. Dicho programa se inició oficialmente en el año 2005 y buscaba establecer una política de Estado para reducir inequidades y promover la salud bucal desde la infancia, incorporando, incluso, ortopedia maxilar para problemas de desarrollo. Esta herramienta llegó a atender a unos 75 mil niños por año, pero esta cifra ha venido en caída, pasando de 63 mil en 2019 a 35 mil a la fecha”.
Entiende la edila que “con un equipo inicial compuesto por 142 odontólogos, que se ha reducido a 80 y con un presupuesto que no ha variado significativamente con los cambios de administración, con denuncias de desmantelamiento del proyecto por parte de las nuevas autoridades, el programa actualmente está en riesgo. Esta herramienta pasó de la órbita de Presidencia a la del Ministerio de Salud Pública durante la administración Mujica y en el 2020 pasó a ASSE. En la rendición de cuentas del año 2018, en el segundo gobierno de Vázquez se creó la Unidad de Educación, Prevención y Diagnóstico de Salud Bucal Escolar en ASSE, responsable de los programas de salud bucal, auditiva y visual, incorporando el de salud bucal ya existente en ese entonces”.
Destaca que “el de salud visual se creó, el de salud auditiva aún no. ASSE proveería los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para estos objetivos y en el caso del programa de salud bucal los créditos transferidos no podrían destinarse a otros fines. El personal debería además trabajar en los centros educativos, lo que no se está cumpliendo. Laura Miller, mano derecha de María Auxiliadora Delgado, integrante del programa desde hace 20 años y coordinadora desde hace 15, puso su cargo a disposición y presentó una denuncia ante la unidad de acoso laboral de ASSE, por acoso moral, acoso laboral, hostigamiento reiterado y sistemático y amenazas”.
Indica que la funcionaria “sostiene que ha habido un redireccionamiento de los recursos hacia otras poblaciones, fondos que estaban destinados a atender la salud bucal y colocar ortopedias, en caso de ser necesario, a niños de las escuelas públicas de todo el país. Otros funcionarios del programa también se refieren en la misma línea a una carencia de recursos y de un compromiso real; el programa cambia y se pone el foco en adultos desprotegiendo a los niños, y con la orden de no iniciar nuevos tratamientos de ortopedia funcional hasta el 2026”.
Señala Vásquez Varela que frente a esta situación el senador nacionalista Martín Lema elevó un pedido de informes a ASSE y al Ministerio de Salud Pública, “por la presunta reducción de recursos en programa clave de salud bucal y ortopedia funcional. La denuncia se basa en quejas que ha recibido por parte de funcionarios donde advierten que el plan está en riesgo. Se estaría llevando adelante un recorte inadmisible que refleja una nueva contradicción de un Gobierno que prometió priorizar la primera infancia y que se erige como adalid en su defensa. Comparto la solicitud del senador a ASSE, para que rinda cuentas y garantice la continuidad de los tratamientos”.
Además del tratamiento por la Comisión de Higiene y Medio Ambiente, Vásquez Varela solicita que la inquietud se eleve al Senado, al Congreso Nacional de Ediles y a las juntas departamentales de todo el país.
