En junio próximo se van a cumplir 15 años desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaraban el acceso a Internet como un derecho humano. Esto ocurrió puntualmente el 9 de junio de 2011, cuando, junto con ese reconocimiento, la entidad instaba a los gobiernos de todo el mundo a garantizar el acceso a sus ciudadanos.
Ríos de bytes han corrido de un lado a otro del planeta y con destino al espacio desde entonces, las mejores y las peores cosas se han hecho con el soporte de la conexión a internet. Sobrevivimos a una pandemia en ancas de esta tecnología, sin ir más lejos, pero también se han orquestado las atrocidades más aborrecibles por los canales digitales. Permitió abrir nuevos canales comerciales, abriendo la posibilidad a nuevos públicos de participar de los negocios, pero también los ha abierto para que plataformas globales pongan contra las cuerdas al comercio local de toda la vida.
Hace bastante tiempo que internet está instalada en nuestras vidas y –salvo que ocurra algún tipo de cataclismo–, hace rato que se puede afirmar que llegó para quedarse.
¿Pero qué fue en concreto lo que vio entonces la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para promover tal declaración? El relator Frank La Rue emitió una declaración en la que condenó a los países que filtren o bloqueen contenidos en Internet, ya que se consideró que los individuos deben ejercer su derecho a opinar, a expresarse y a disentir. Internet es una herramienta que impulsa el progreso social. “Asegurar el acceso universal del internet debe ser una prioridad de todos”, mencionaba el relator.
ero más que garantizar el acceso a la infraestructura de telecomunicaciones (Internet), hacerlo al contenido (web), se consideraba entonces como una extensión del derecho al conocimiento. ONU además pidió que los países cuenten “con un marco legal regulatorio para tipificar y sancionar los delitos en Internet”, punto que fue el más cuestionado de la declaración, pues si bien se defiende a ultranza el derecho de información, quedaban dudas sobre cómo actuar en caso de protesta o desobediencia civil, que en este tiempo no han dejado de ocurrir, como en toda la historia del Mundo, con reacciones no muy diferentes a las que había antes, y con cortes de internet y redes sociales a las primeras de cambio. Y ocurrió en gobiernos de todo signo.
Pero en aquel momento ONU no tenía sobre la mesa el diario del lunes, el que indica cuál ha sido la evolución de la internet al cabo de estos años y el uso que le damos, y no contaba con que la aparición de la inteligencia artificial sería capaz de poner en jaque nuestra propia percepción de lo que es real y la ficción realista que se ha mostrado capaz de generar. Hoy, frente a esta realidad, tal vez sea tiempo de hacer hincapié en ese “temita” del marco legal regulatorio.
En una jugosa entrevista con el programa Agenda Abierta, de Radio Sarandí, la Dra. Agustina Pérez Comenale hizo una actualización sobre cómo viene el debate en el mundo sobre la conectividad, la inteligencia artificial y el manejo de datos, detrás del planteo de considerar a la internet como un servicio esencial. Este es un enfoque diferente (aunque con puntos de contacto) al del derecho humano fundamental que ya está consagrado.
En la conversación la profesional planteó casos concretos de legislaciones que ponen la mira en la regulación de los datos personales que las empresas y los Estados obtienen de las personas cuando estas usan los diferentes recursos, herramientas, redes, en fin, todo a lo que se puede acceder en la red global. Se ha dicho innumerables veces aquello de que cuando un servicio es gratuito, es porque el producto es el usuario, y vaya si será aplicable en este mundo donde lo que se disputa y se premia es la captura de la atención, del tiempo/pantalla de los usuarios. “Seguimos muchos de los lineamientos de la Unión Europea pero también en lo que es a nivel región ya desde hace unos años, y antes de la normativa de la Unión Europea, se empezaron a practicar y a ejercer directrices y algunos temas vinculados tanto a los datos con a inteligencia artificial”, y un exceso en la regulación puede derivar tanto en una sobrecarga que frene la innovación, pero también afectar la libertad de expresión. La aplicación de inteligencia artificial hoy es trasversal a todas las industrias prácticamente y una sobrerregulación puede impactar en aspectos como la competitividad.
Sin embargo hay que ponderar entre estos beneficios indiscutibles y los riesgos a los que nos exponemos. “Cuando hablamos de datos personales a veces lo pensamos de manera muy estrecha y es nuestro número, nuestra cédula de identidad, nuestro domicilio. Pero hay que también tener en cuenta que muchas veces esa cantidad de datos llevan a perfilados y esos perfilados llevan a datos o información que se traslada a otras plataformas y que hay noticias que han alarmado un poco a algunas partes de la población”, dijo la experta. Mencionó el caso de las plataformas que se emplean en el tránsito, caso Waze o Maps. “Muchas veces pasa que algunos de esos datos son abiertos y por determinados servidores o algoritmos de procesamiento podemos deducir por ejemplo dónde trabaja una persona, dónde vive, entre otros datos, y se ha mostrado cómo se pueden llegar a utilizar, por ejemplo, para espionaje. Y no estoy hablando de espionaje a nivel gubernamental, estoy hablando más en el ámbito hasta privado”, planteó.
De hecho hay una relativamente vieja teoría conspiratoria que habla de la implantación de chips en los cuerpos de las personas a través de las vacunas para poder obtener este tipo de datos. Y de verdad que no tiene el menor sentido, cuando esos datos los estamos proporcionando voluntariamente en la medida en que estamos permanentemente conectados desde un aparato que no parecemos capaces de dejar de revisar cada pocos minutos y de tenerlo a un brazo de distancia así se esté cargando nuestra batería.
