El beneficio de devolución del Imesi que se extendió a localidades ubicadas en un radio de 60 kilómetros de las fronteras, beneficiará principalmente a Quebracho, Chapicuy y las zonas de influencia. El diputado Juan Gorosterrazú, valoró como “una herramienta clave para la frontera” el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General.
La iniciativa sustituye la Ley 20.419 y faculta al Poder Ejecutivo a reducir el Impuesto Específico Interno (Imesi) para estaciones de servicio ubicadas dentro de un radio de hasta 20 kilómetros de los pasos de frontera terrestre, extendiendo el beneficio hasta un máximo de 60 kilómetros.
El legislador frenteamplista subrayó que la medida “no solo impacta en la ciudad de Paysandú, sino que beneficiará a muchas localidades del interior de los departamentos de frontera que también sufren las asimetrías de precios con Argentina y Brasil”.
En Paysandú, “estamos hablando de localidades como Quebracho, Chapicuy, pero también de otras zonas que, si bien no están pegadas al puente internacional, se ven directamente afectadas por la diferencia de precios en los combustibles”, señaló. Explicó que cuando se produce una fuerte brecha cambiaria o de precios, “la caída en las ventas de combustibles repercute en estaciones de servicio, transporte, comercios y empleo”.
En ese sentido, destacó que ampliar el radio de alcance hasta 60 kilómetros permite contemplar una realidad territorial más amplia y ajustada a lo que vive el departamento. El proyecto establece que la reducción se aplicará a consumidores finales y mediante medios de pago electrónicos, con el objetivo de asegurar control y trazabilidad. Asimismo, el Poder Ejecutivo definirá la forma y condiciones de aplicación, pudiendo limitar su alcance según la evolución de los precios en los países limítrofes.
Según Gorosterrazú, “se trata de una señal clara de respaldo a la actividad económica de frontera y al trabajo de cientos de familias sanduceras” y adelantó que seguirá de cerca el tratamiento parlamentario del proyecto.
Remarcó la necesidad de “contar con instrumentos flexibles que permitan defender la economía departamental frente a escenarios cambiantes”, en tanto “gobiernos anteriores se declararon incompetente para resolver los problemas de frontera y esa incompetencia llevó a que muchos comercios terminara en bancarrota y cerrando”.
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