El proyecto de Impuesto para la Gestión del Medio Ambiente y de los Espacios Públicos fue rechazado en la sesión extraordinaria de la Junta Departamental, en una de las discusiones más tensas y políticamente más reveladoras de toda la sesión presupuestal. La votación arrojó 19 votos por la negativa y 12 por la aprobación.
El bloque de artículos sólo fue respaldado por los ediles alineados con el intendente Nicolás Olivera, mientras votaron en contra el Frente Amplio, el Partido Colorado y Arriba Paysandú, sector del propio Partido Nacional. La caída del tributo no sólo frustró una de las apuestas centrales del Ejecutivo en materia ambiental; también dejó expuesta, con crudeza, la división blanca en plena consideración del presupuesto.
LA DEFENSA DEL OFICIALISMO
Los ediles que acompañaron el impuesto lo presentaron como una pieza necesaria para sostener el equilibrio del presupuesto y financiar políticas ambientales. El edil Alejandro Colacce sostuvo que “no votarlo genera presupuesto deficitario y rompe el equilibrio fiscal”, y advirtió que lo que estaba en juego no era apenas una discrepancia tributaria, sino también el cierre de los vertederos abiertos en Quebracho, Gallinal y Guichón, además de mejoras en el sistema de recolección.
En la misma línea, el edil Andrés Silva afirmó que “esto es un hecho político”. A su juicio, el nuevo gravamen era “un impuesto finalista”, no destinado a Rentas Generales, y su rechazo implicaba “darle a esta Intendencia un presupuesto deficitario”.
Silva fue todavía más allá y planteó que la negativa respondía a una decisión de oportunidad política y no a una verdadera defensa de la legalidad. “No se venga a disfrazar nadie de querer respetar el principio de legalidad y la Constitución”, dijo, antes de insistir en que el nuevo instrumento suponía un “acto de sinceramiento político y jurídico y de responsabilidad”. También sostuvo que, si no se aprobaba, se perdería “este momento histórico de que los sanduceros nos comprometamos al cuidado del medio ambiente”.
En la misma línea, la edil Luciana Osaba dijo: “no puedo creer que voten en forma negativa”, señalando que sacar esa pieza del presupuesto era como desarmar “un jenga”. Insistió que “si no votamos esto, no va a pasar nada”, no se hará nada de lo propuesto porque “todo cuesta plata”.
Alejandro Culñev planteó que sería muy difícil explicarles a los vecinos del interior que esa herramienta no podía usarse porque no había sido aprobada. “Lástima que a la gente del interior hoy se le diga que no”.
LA OPOSICIÓN Y LOS BLANCOS DISIDENTES
Del otro lado, la respuesta combinó objeciones jurídicas, reparos económicos y definiciones de fuerte contenido político. La edil Verónica Villarreal (Frente Amplio) fue una de las más claras al bajar la discusión al efecto sobre el contribuyente. “No estamos de acuerdo con que se derogue la tasa de servicio, no estamos de acuerdo con que se cree este impuesto de medio ambiente”, afirmó, y explicó que a su juicio la diferencia de fondo es que la tasa obliga a prestar un servicio, mientras que el impuesto deja esa prestación “a discrecionalidad del intendente”. Además, sostuvo que el nuevo esquema suponía “un aumento real del 23%”, porque la recaudación prevista pasaría de 135 millones de pesos en 2026 a 165 millones anuales desde 2027.
El edil Marcelo Tortorella (Partido Nacional) reforzó esa línea desde el plano jurídico. Sostuvo que el momento elegido era “inoportuno” para crear un tributo de ese tipo y que la redacción proyectada dejaba “bolsones de inconstitucionalidad”, especialmente por la forma en que se definía la cuantía. Resumió su objeción con una frase de alto voltaje político: el proyecto, dijo, “de gestión de medio ambiente, espacio público tiene poco y de impuesto mucho”.
El edil Claudio Zanoniani (Partido Nacional), rechazó que se pretendiera presentar el episodio como una crisis de gobernabilidad. Recordó que había votado 163 de 167 artículos del presupuesto y lanzó una frase que sintetizó la postura de su sector; “dato mata relato”. También sostuvo que el artículo 225 de la Constitución admite otras interpretaciones y que la Junta mantiene amplias atribuciones en materia presupuestal. Pero dejó además una razón política muy concreta; “no puedo compartir subir la carga tributaria”, dijo, al señalar que Paysandú atraviesa una situación compleja y que la emergencia laboral pesó en su decisión.
Aparicio Larrañaga (Partido Nacional), remarcó que “Paysandú no resiste más impuestos” y sostuvo que de todos los argumentos escuchados durante la noche ninguno lograba justificar la creación del nuevo tributo. Para él, si durante todo el debate se habló de legalidad, de oportunidad y de carga económica, pero no de resultados concretos, era porque el propio proyecto no conseguía demostrar su necesidad. También el edil Andrés Imperial (Frente Amplio) cargó contra la idea de que el rechazo dejara al interior sin respuestas. Dijo que repetir que ahora no se arreglarán los vertederos de Guichón o Quebracho era “mentira” y recordó que el propio intendente había prometido en campaña cerrar vertederos a cielo abierto.
En la misma línea, Silvia Fernández fue todavía más dura: “el medio ambiente no se resuelve con un impuesto, se resuelve con políticas serias de medio ambiente”, sostuvo, antes de definir el proyecto como “un impuesto disfrazado de conciencia ecológica” y “un impuesto disfrazado de ecología”.
HELGUERA SUBIÓ LA TEMPERATURA
En ese clima, la intervención de David Helguera fue una de las más potentes de toda la madrugada. El edil colorado rechazó que se intentara condicionar votos con el argumento del déficit y definió ese recurso como un “talismán coercitivo”. “Nada de miedos, nada de temores”, dijo, para señalar enseguida que la responsabilidad de la Junta no era dejarse arrastrar por esa presión, sino ejercer su potestad de freno frente a un instrumento con el que no estaba de acuerdo.
Helguera también se metió de lleno en la fractura blanca. “Qué lindo verlos divididos acá”, lanzó, en una frase que atravesó el recinto y que resumió el momento político de la sesión. Lejos de dramatizar la votación, añadió que no pasaría “nada tan traumático”, porque el Ejecutivo siempre podría volver con una nueva iniciativa.
UN RECHAZO CON MÁS PESO POLÍTICO QUE TRIBUTARIO
La caída del impuesto ambiental terminó siendo bastante más que la derrota de un artículo. El resultado final dejó una doble señal. Por un lado, el nuevo impuesto cayó. Por otro, quedó en evidencia que en el tramo más sensible de la discusión presupuestal el oficialismo ya no votó como un bloque homogéneo. Y en una sesión en la que el Ejecutivo pretendía blindar uno de los puntos más discutidos de su proyecto, fueron voces de la oposición, del Partido Colorado y del propio nacionalismo las que terminaron marcando el ritmo, el tono y el desenlace del debate.
