El Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley que renueva el programa Uruguay Impulsa, con cambios en la asignación y establece el 10% de los cupos a personas en situación de calle, que equivale a 550 puestos.
Además, propone que el 5% de los empleos, es decir 275 lugares, sean ocupados por personas recientemente liberadas del sistema penitenciario.
El programa mantendría un total de 5.500 cupos, con una duración de cuatro meses y una remuneración de tres bases de prestaciones y contribuciones, actualmente unos 20.500 pesos mensuales.
Prevé que el 60% de los puestos se asignen a personas con menores a cargo, y se mantienen cupos para población afrodescendiente, personas con discapacidad, personas trans y mujeres víctimas de violencia de género.
Sin embargo, no hubo incremento en los cupos para el litoral del país, donde se registran mayores cifras de desempleo.
El diputado Fermín Farinha reclamó en marzo la reactivación del programa con el apoyo de diputados del Interior.
“El Ejecutivo tardó dos meses en responder y respondió a medias. Lo recibo con una mezcla de decepción y, sinceramente, de indignación. El 6 de marzo, junto a legisladores de Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Río Negro y otros departamentos, presentamos una exposición escrita ante la cámara pidiendo al gobierno que reactivara Uruguay Impulsa con al menos 10.000 cupos y prioridad para las zonas con mayor desempleo”, dijo a EL TELEGRAFO.
Explicó que el gobierno “tardó casi dos meses en responder y cuando lo hizo, mandó 5.500 cupos. Son los mismos de la edición anterior. Como decían hace un año, tardío e insuficiente. Así de simple”.
Según el representante nacionalista, “la realidad desmiente los números. En la última edición de Uruguay Impulsa se anotaron 165.000 personas para 5.500 cupos. Por cada persona que entró, treinta quedaron afuera. Son treinta familias del Interior sin respuesta”.
El programa anterior, Jornales Solidarios, alcanzó 15.000 cupos. Farinha cuestionó “cómo se explica que hoy, con esta realidad y más necesidades, el gobierno recorte en vez de ampliar. Esto no impulsa nada. Impulsa poco, y cada vez menos”.
El legislador precisó que no hay medidas diferenciales para los departamentos con mayor porcentaje de desempleo. “Paysandú, Salto y Río Negro atraviesan el cierre de plantas industriales, la caída del empleo, el golpe de la sequía, el aumento de costos por el combustible y los efectos acumulados de la diferencia cambiaria. Es una tormenta perfecta. Y el gobierno nos manda un paraguas con agujeros”.
Farinha reclamó ante “el silencio de los que antes hacían gárgaras con la justicia social, con el Estado presente, con medidas concretas para los que menos tienen. Hoy desaparecieron. Un programa como Jornales Solidarios, que tenía efecto derrame sobre comunidades enteras, se transforma en algo testimonial, casi decorativo”.
Subrayó que a pocos días de la conmemoración del Día de los Trabajadores, “con cadena nacional incluida para el ministro de Trabajo y el secretario general del Pit Cnt, lo más importante es si el presidente Orsi se subió o no a un portaaviones. Es increíble, esa es la distancia entre algunos políticos, el gobierno y la gente”.
A consideración del senado
El proyecto ingresó el 23 de abril, “casi un mes después de que se promoviera la solicitud al gobierno, manteniendo la estructura básica de la edición anterior, como si todo estuviera igual”, en cuanto a la cantidad de cupos y los participantes entre 18 y 65 años. La duración será de cuatro meses, con jornadas de seis horas de lunes a viernes, reducidas a cuatro horas para madres con hijos de hasta tres años. La prestación es de 3 BPC –unos 20.500 pesos– sin naturaleza salarial.
“Los cambios están centrados en que recae en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) la responsabilidad de la capacitación” con el 8% de los cupos para afrodescendientes, 4% para personas con discapacidad, 5% para liberados del sistema penitenciario, 1% para personas trans y 1% para mujeres víctimas de violencia de género.
“Todo eso está bien. Lo que sí es una novedad, y resulta llamativo, es que reserve un 10% para personas en situación de calle atendidas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que esperemos ver cómo se va a instrumentar. Mientras no existe una sola línea para los departamentos con mayor desempleo del país, queda claro que este gobierno no sabe identificar, o no quiere ver, la vulnerabilidad territorial”.
Próximas acciones
Ante este contexto, Farinha adelantó que “daremos la pelea para tratar de que se aumenten los cupos y se incorporen criterios territoriales que reconozcan la situación diferencial del Interior. Un programa de esta naturaleza no puede ser igual para Montevideo que para Paysandú o Artigas. Hay que dejar el discurso y los diagnósticos, y pelear por medidas concretas”, concluyó.
