Mientras los uruguayos discuten, una y otra vez, por qué hacer las compras resulta cada vez más caro, un sistema estatal que permite comparar precios en tiempo real entre supermercados y farmacias permanece prácticamente oculto para la mayoría de ellos. Tiene más de 700 comercios registrados, recibe datos diarios directamente desde las cajas de los establecimientos y permite construir canastas personalizadas para detectar dónde conviene comprar. Sin embargo, sus responsables admiten que todavía tiene un alcance limitado y que la mayor parte de los ciudadanos ni siquiera sabe que existe.
El Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC), administrado por la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, funciona como un gran observatorio de precios de alcance nacional. Su objetivo es sencillo en teoría y ambicioso en la práctica, es decir, reducir la asimetría de información entre empresas y consumidores para que las familias puedan tomar mejores decisiones de compra.
“La idea es justamente que los usuarios puedan tener acceso a esa información”, explicó a EL TELEGRAFO la economista Andrea Rodríguez, asesora profesional de la Unidad Defensa del Consumidor. “Una de las razones por las que los consumidores a veces no pueden tomar buenas decisiones de compra es por falta de información”, subrayó.
El sistema se alimenta de datos enviados obligatoriamente por supermercados, autoservicios y cadenas de farmacias que cumplen determinadas condiciones de tamaño, número de cajas o cantidad de sucursales. Actualmente, según detalló Rodríguez, hay 717 establecimientos registrados enviando información al sistema.
En el litoral y en nuestra ciudad, por ejemplo, predominan las grandes cadenas con fuerte expansión en los últimos años. “Sobre todo Ta-Ta y El Dorado han irrumpido con una gran presencia”, señaló. También aparecen comercios regionales como El Revoltijo o Felice en Salto.
El consumidor puede acceder al SIPC, en su página web www.precios.gub.uy o descargando la app Preciosgub.
La base normativa del sistema se remonta a la Ley 17.250 de Relaciones de Consumo y a decretos posteriores que establecieron qué establecimientos debían reportar información y qué productos integrarían la canasta de referencia. Esa canasta, sin embargo, arrastra un problema estructural al haber sido diseñada sobre hábitos de consumo de hace décadas.
“La canasta se formó con datos del IPC de 1996”, explicó Rodríguez. “Por eso necesita una actualización. Eran productos que se consumían en ese momento y se seleccionaron las marcas más vendidas de entonces”, añadió la economista.
Los precios del día, en tiempo real
Uno de los elementos que las autoridades destacan como diferencial es que la información llega directamente desde los sistemas de caja de los comercios mediante web services automatizados. Esto es, no existe una carga manual de precios.
“No es que reporta un humano los precios. Se hace a través de los productos cargados en caja. Son los precios que el consumidor pagaría al pasar por caja”, aclaró la socióloga Laura Font, también asesora profesional de la unidad.
Eso permite que la plataforma funcione prácticamente en tiempo real. Si un usuario consulta desde Paysandú, por ejemplo, verá los precios disponibles ese mismo día en los comercios registrados de su zona.
“Cuando el consumidor va a comparar precios, va a tener los precios de hoy y en ese establecimiento”, sostuvo Rodríguez. La herramienta permite comparar productos individuales, construir canastas de compras y visualizar diferencias entre comercios mediante un sistema de geolocalización. Un mapa identifica con pin de colores cuáles son los precios más bajos, cuáles están en oferta y cuáles son los más altos.
“Vos podés armar una canasta de arroz, aceite y fideos y ver cuál es el establecimiento que te brinda esa canasta a mejor precio”, explicó la economista.
Además, el sistema incluye una función menos conocida que permite denunciar diferencias entre el precio informado y el efectivamente cobrado en caja. “Si al sistema enviaron algo a 55 pesos y el ciudadano va a la caja y eso está a 100, puede enviarnos esa situación”, esto nos ayuda a detectar errores en el envío de datos, indicó Rodríguez.
Aunque existen errores puntuales –como problemas con decimales o ceros mal ingresados–, las autoridades sostienen que no son frecuentes las denuncias por inconsistencias graves.
Una herramienta invisible
Pese a sus posibilidades, el SIPC todavía tiene un alcance reducido. Según reconocieron las propias responsables del programa, la aplicación móvil PreciosGub se descargó apenas unas 339 veces en 2025 a algún dispositivo Android o iOS, una cifra que consideran baja para el potencial de la herramienta. “No tanto como quisiéramos”, admitió Rodríguez al ser consultada sobre el uso de la app. “No creemos que tenga la suficiente descarga que debería”.
Font cree que el problema tiene varias explicaciones. Una de ellas es cultural porque las aplicaciones compiten permanentemente por espacio y atención en los teléfonos celulares.
“Las apps son simpáticas, pero cada vez menos las queremos usar. Y además requieren una permanente revisión y adecuación al uso y costumbre de la gente”, afirmó. También influye que el sistema exige cierto grado de planificación por parte del consumidor. “A menos que seas muy ordenado o planificador, no entrás regularmente”, señaló la socióloga.
Sin embargo, dentro del ministerio circulan ejemplos concretos del potencial de ahorro. Font contó el caso de un funcionario que, tras descubrir la herramienta, modificó sus hábitos de compra.
“Revisó su canasta y se cambió a un supermercado donde gastaba 40% menos”, relató. “Y le quedaba a la misma distancia que el lugar donde compraba habitualmente”.
Una canasta que ya no representa a todos
La principal discusión abierta hoy en torno al SIPC es cómo adaptar el sistema a una sociedad cuyos hábitos de consumo cambiaron radicalmente desde los años de 1990.
Las autoridades reconocen que la actual canasta no contempla nuevas formas de alimentación, cambios culturales ni necesidades específicas de determinados grupos de población. “El comer sin gluten no estaba contemplado cuando se tomó esta canasta”, explicó Font. “Tampoco otras realidades de consumo”.
A partir de ese diagnóstico, el Ministerio de Economía comenzó un proceso de actualización mediante la participación en el Sexto Plan de Gobierno Abierto, coordinado por Agesic. Este proceso participativo se realiza mediante consultas públicas y mesas de diálogo con organizaciones sociales, academia y organismos públicos, los avances se pueden consultar en de la web https://plataformaparticipacionciudadana.gub.uy/
La discusión excede el universo de los productos para celíacos. El objetivo es incorporar una mirada más amplia sobre la diversidad de hogares y consumos.
“Tenés diabéticos, hogares con primera infancia, hogares con adultos mayores. Cada uno tiene necesidades distintas. Nuestra canasta hoy no facilita esa diversidad poblacional”, señaló Font.
La consulta pública, abierta desde fines de abril y prevista inicialmente hasta el 30 de junio, busca precisamente recoger esas diferencias. Cualquier ciudadano puede responder una encuesta sobre hábitos de compra, productos prioritarios y modalidades de consumo.
Entre los temas que comenzaron a aparecer figuran productos sin gluten, alimentos específicos para diabéticos, productos vinculados a cuidados infantiles, presencia de octógonos nutricionales e incluso compras por internet.
“Si yo compro online porque no voy al local comercial por mis horarios, eso hoy no está reflejado en el sistema”, explicó Font.
El objetivo final es construir una nueva generación del SIPC más flexible y adaptable. Las autoridades imaginan un sistema capaz de guardar canastas personalizadas, comparar productos en diferentes unidades de medida y permitir búsquedas mucho más específicas.
“Que tenga el mismo sentido para Pedro, para Laura o para Andrea, con hábitos de consumo distintos”, resumió la socióloga.
La otra batalla del consumo
El SIPC también revela otra dificultad más profunda como la escasa participación ciudadana en mecanismos de consulta pública.
Hasta la semana pasada, la encuesta sobre actualización de la canasta había recibido 165 respuestas. Para las autoridades, el número es relativamente bueno considerando el bajo conocimiento general sobre estas plataformas.
“Muchas veces participa, sobre todo, la sociedad civil organizada, gente activista en determinados temas”, dijo Font. La socióloga sostiene que existe una contradicción frecuente entre la demanda de participación y el involucramiento efectivo de la población. “A veces nos quejamos de que no nos escuchan, pero hay vías también para plantear puntos de vista”, afirmó.
En definitiva, el desafío del SIPC parece ser doble. Por un lado, transformarse técnicamente para reflejar mejor los nuevos hábitos de consumo. Por otro, lograr que los ciudadanos efectivamente utilicen una herramienta creada para ellos.