El diputado Fermín Farinha analizó que “la realidad vuelve a aparecer en el surtidor”, con el incremento del precio de las naftas y el gasoil desde hoy, a pesar del incremento del descuento del Imesi del 15% al 20% en los departamentos fronterizos con Argentina.
“En marzo de 2025, un sanducero cargaba nafta con el descuento fronterizo del 40% y pagaba aproximadamente $47 por litro. Desde este lunes, aún con el nuevo beneficio anunciado, terminará pagando cerca de $75 por litro. La diferencia es contundente y es más de un 58% de aumento real en poco más de un año”, dijo a EL TELEGRAFO.
Según el nacionalista, “cuesta presentar esta medida como un verdadero alivio para el litoral porque el aumento del descuento termina prácticamente diluido por la propia suba del combustible”.
Recordó que, de esta situación, “aparece una comparación inevitable” cuando “días atrás el presidente Yamandú Orsi expresó públicamente que cuando encuentra descuentos ‘se tira de cabeza’. Sin embargo, para cualquier trabajador, comerciante, productor o familia del litoral, este descuento claramente no da para tirarse de cabeza”.
Limitaciones del descuento
De acuerdo al legislador, el beneficio del descuento “mantiene fuertes limitaciones”, con un “máximo de 50 litros por carga, el tope mensual de 400 Unidades Indexadas (UI) o $2.622 a valores de la víspera para tarjetas de crédito, y 600 UI ($3.934,32 al día de ayer) para débito o prepagas. Una vez agotado el cupo, el usuario vuelve automáticamente a pagar el precio total del combustible”.
Agregó “otro dato” que dificulta la explicación de estos incrementos. “Durante 2025, el Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) estimó que los consumidores uruguayos pagaron aproximadamente U$S 88 millones por encima del Precio de Paridad de Importación (PPI) en nafta y gasoil, atribuyendo esa diferencia al nuevo esquema de fijación de precios aplicado por el gobierno y a la incorporación del denominado ‘factor de estabilización’ de $1,50 por litro”.
En aquel informe, “la brecha acumulada alcanzó aproximadamente U$S 39 millones en nafta y cerca de U$S 50 millones en gasoil entre marzo y diciembre de 2025. En cualquier caso, el debate dejó sobre la mesa una realidad evidente y es que mientras los combustibles continúan siendo utilizados como herramienta de financiamiento, los costos terminan impactando directamente sobre las familias, los trabajadores, el comercio y la producción del interior”.
En cuanto al gasoil, recalcó que merece “una atención especial”. En marzo de 2025, “costaba aproximadamente $50,92 por litro. Desde este 1º de junio pasará a valer $61,76. Eso implica un incremento superior al 21%, afectando directamente al transporte, la logística, la producción agropecuaria y toda la cadena económica que sostiene buena parte del empleo del interior del país”.
Según Farinha, “cuando aumenta el gasoil, aumenta el costo de producir, cosechar, transportar y sostener la actividad económica regional. Y justamente el contexto económico y laboral del litoral requiere señales en sentido contrario”.
Adelantó que presentará un pedido de informes porque “no solo sube el precio del combustible, sino que retacean los descuentos del Imesi, con una aplicación discriminatoria de algo que ya fue aprobado por ley. Por eso, quiero saber los datos técnicos y políticos para no cumplir la ley en forma completa y la discrecionalidad sobre su aplicación”.
Ley de frontera
La Ley de Frontera 20.419 comenzó a aplicarse el 1° de diciembre de 2025 en las ciudades limítrofes con Brasil, y el gobierno extendió sus beneficios al litoral fronterizo con Argentina el 1° de mayo de 2026. Luego de su instrumentación, “las medidas efectivamente aplicadas para Paysandú y el litoral continúan llegando en forma parcial, limitada y claramente insuficiente. El viernes, durante la visita de autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas a Paysandú, quedó en evidencia que el régimen actualmente operativo para esta región se limita esencialmente a microimportaciones simplificadas y exoneraciones parciales de aportes patronales para nuevos empleos”.
Explicó que permanecen excluidas “medidas centrales que fueron previstas para la frontera con Brasil” y sigue sin aplicarse en Paysandú y el litoral, “la reducción del IVA establecida en el artículo 17 del Decreto 236/025”.
Dicho decreto prevé “una reducción de 10 puntos porcentuales de IVA para bienes gravados a tasa mínima y una reducción de 11 puntos porcentuales para bienes gravados a tasa básica”.
Sin embargo, aclaró que dicho beneficio “no fue extendido a la frontera con Argentina, pese a las profundas asimetrías comerciales que siguen afectando diariamente al litoral uruguayo y la diferencia de tratamiento resulta difícil de justificar”. Comparó que “mientras en la frontera con Brasil se implementan herramientas tributarias más amplias para defender la competitividad regional, en el litoral las medidas llegan tarde, acotadas y con escasa capacidad real de mover la aguja. La frontera necesita una política integral, potente y sin discriminaciones. Porque mientras los anuncios hablan de descuentos, la realidad del surtidor, del comercio, del empleo y de la producción sigue mostrando que el litoral continúa pagando la cuenta”.
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