Los productores nucleados en la Federación Rural celebraron hace pocas horas en Salto el Congreso Anual de la gremial, en presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, dos ministros de Estado, y autoridades locales y nacionales. En esta oportunidad, más allá del temario específico relacionado con reivindicaciones y análisis de situación, tuvo lugar un simposio internacional sobre garrapata, con la presencia de técnicos y productores de varios países de la región. Una problemática que realmente preocupa seriamente a nuestro país ante las serias implicancias que tiene para la producción.
El encuentro dejó mucho más que una lista de reclamos sectoriales. Lo que surgió de sus deliberaciones es una advertencia que debería ser atendida por todo el sistema político: Uruguay no podrá aspirar a un papel relevante en los mercados internacionales si continúa postergando las reformas necesarias para fortalecer la competitividad de su principal motor económico.
Año tras año, las gremiales agropecuarias reiteran prácticamente los mismos planteos. El elevado costo país, la pesada carga burocrática, los combustibles más caros de la región, las deficiencias en la caminería rural, la presión impositiva y la falta de respuestas a problemas sanitarios como la garrapata conforman un diagnóstico conocido. Lo preocupante no es que estos temas se planteen nuevamente, sino que sigan vigentes después de décadas de promesas y anuncios.
La realidad es que Uruguay continúa siendo un país caro para producir. Y cuando producir cuesta más que en los países competidores, el perjuicio no recae únicamente sobre los productores rurales. Lo sufre toda la economía. Menos competitividad significa menos inversiones, menos empleo, menos crecimiento y menos oportunidades para generar riqueza genuina.
Por eso sería un grave error interpretar los planteos de la Federación Rural solo como simples reivindicaciones corporativas. Lo que está en juego es la capacidad del país para aprovechar uno de los escenarios más trascendentes que se presentan en materia de comercio internacional en las últimas décadas: la apertura de oportunidades derivadas del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea.
La posibilidad de acceder en mejores condiciones a un mercado de más de 400 millones de consumidores representa una oportunidad histórica para Uruguay. Sin embargo, los acuerdos comerciales por sí solos no generan competitividad. Abren puertas, pero son los países quienes deben estar preparados para atravesarlas.
Naturalmente, no son todo rosas en cuanto a la instrumentación del acuerdo, y en este sentido los países del Mercosur manifestaron recientemente “su gran preocupación ante la intención de la Unión Europea de abordar la situación de su industria siderúrgica nacional mediante la adopción de una medida que, a partir del 1º de julio de 2026, prevé el acceso a través de contingentes arancelarios y establece aranceles fuera de contingente de hasta el 50%”.
Los socios del bloque sostuvieron que estos aranceles “no solo tendrían un efecto adverso en los flujos comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea, sino que también podrían constituir un incumplimiento directo de los compromisos” europeos en virtud del acuerdo comercial “tan solo dos meses después” de haber implementado su aplicación provisional.
Aunque el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur busca liberalizar gran parte del comercio bilateral, la UE ha mantenido —e incluso reforzado— varios mecanismos de protección para sectores considerados sensibles, especialmente la agricultura. Esto genera una situación paradójica: se firma un acuerdo de apertura, pero simultáneamente se crean instrumentos para limitar o controlar sus efectos.
Y allí estamos ante un gran desafío, si tenemos en cuenta que mientras se celebra la perspectiva de nuevos mercados, el sector encargado de abastecer gran parte de esas oportunidades sigue enfrentando costos estructurales que reducen su capacidad de competir. No alcanza con conseguir cuotas, preferencias arancelarias o nuevos destinos comerciales si luego los productores uruguayos deben enfrentar desventajas que sus competidores no tienen.
El agro sigue siendo el principal generador de exportaciones, de divisas y de actividad económica en vastas zonas del interior. Es el sector que sostiene buena parte del entramado productivo nacional y que, además, tiene la capacidad de derramar crecimiento hacia el comercio, los servicios, el transporte y la industria. Debilitarlo mediante costos excesivos o falta de infraestructura equivale a debilitar las posibilidades de desarrollo del país entero.
La discusión, por lo tanto, debería trascender los límites del sector agropecuario. Uruguay necesita definir si quiere ser un actor relevante en el nuevo escenario comercial que se abre o si continuará resignando oportunidades por no resolver problemas que arrastra desde hace años.
La competitividad no se construye con enunciados de buenas intenciones y explicaciones de por qué no se hace tal o cual cosa ni con discursos; se construye con infraestructura adecuada, con políticas públicas eficientes, con un Estado que entienda las restricciones de quienes producen y con reglas que estimulen la inversión y la generación de riqueza.
El acuerdo Mercosur-Unión Europea puede transformarse en una plataforma de crecimiento sin precedentes para Uruguay. Pero para aprovecharla será imprescindible contar con un agro fuerte, dinámico y competitivo. Sin esa condición básica, cualquier oportunidad comercial corre el riesgo de convertirse en una promesa más.
El país productivo no puede seguir esperando. Porque en el mundo actual las oportunidades no son eternas. Y cuando finalmente llegan, solo las aprovechan quienes hicieron los deberes en tiempo y forma, o por lo menos minimizando vulnerabilidades.
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