A raíz de una solicitud del gobierno nacional al Congreso de Intendentes para que los gobiernos departamentales asuman el compromiso de comprar una cuota de portland a Ancap para la realización de obras, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, celebró “un convenio” sobre este tema, y que además, las intendencias dispongan la compra de lubricantes y combustibles a la petrolera estatal.
Al menos los intendentes nacionalistas manifestaron internamente su malestar, en tanto el acuerdo que se trabaja desde hace meses, no es el resultado del pedido de la ministra ni tampoco hay obligación de compra o reserva de cuota para la compra del portland de Ancap, que resolverá cada gobierno departamental.
“Obligados a pagar un sobreprecio”
El edil del Partido Nacional, Marcelo Tortorella, señaló su “posición categórica y contraria frente a la estrategia del Poder Ejecutivo de condicionar a las comunas a comprar el cemento portland de Ancap”.
Describió que “este acuerdo marco” es un “salvavidas político” y “un verdadero despropósito institucional y económico que no podemos consentir”. El convenio “implica gestar un rescate encubierto a costa de las autonomías departamentales para hacer que cierren los números de Ancap. Se trata de una mera operación financiera para salvar las finanzas de la deficitaria división de portland de la empresa estatal, que arrastra pérdidas estructurales crónicas superiores a los 20 millones de dólares anuales”.
Según Tortorella, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, “está muy equivocada si pretende en nombre del Poder Ejecutivo, ejercer una presión desmedida para articular este mecanismo de acuerdo”.
Enfatizó que es “alarmante que se pretenda financiar este déficit echando mano a las billeteras de las intendencias del interior. Los recursos de los sanduceros deben volverse en obras, caminería, iluminación y servicios para los vecinos de la ciudad y del interior, no para afectarlos en subsidios cruzados destinados a tapar las ineficiencias de una empresa estatal”, dijo a EL TELEGRAFO.
El edil agregó que la defensa del trabajo local, “es una causa justa pero no se puede hacer sobre la base de una ‘mosqueta’ económica”.
Rechazó el argumento que sostiene que la medida “mejora la ecuación del negocio”: “Es una falacia. Desde que obliga a los gobiernos departamentales a pagar un sobreprecio por un insumo esencial para la obra pública como lo es el portland, es desvestir un santo para vestir otro. Al final del día, el resultado neto para los contribuyentes es negativo”.
VIOLA LA LIBRE COMPETENCIA
Advirtió que es “una violación flagrante de la libre competencia y de la legalidad, desde el momento en que las exigencias planteadas por el Ministerio de Industria caminan por el pretil de la ilegalidad”.
Explicó que la Ley Nº 18.159 de Defensa de la Libre Competencia, “es clarísima porque se prohíben todas las prácticas que tengan por efecto restringir, limitar o distorsionar la competencia en el mercado relevante. Al pretender generar un mercado cautivo y obligatorio para las intendencias mediante este acuerdo político, se pasa por encima de los principios jurídicos que rigen a nuestro sistema republicano”.
Tortorella subrayó que configura “un claro abuso centralista que violenta los fueros políticos del Poder Legislativo y de las Juntas Departamentales, en cuanto a los mecanismos normales de contratación del Estado. En conclusión, la cuenta la paga el vecino”.
Aseguró que, como edil “no puedo avalar que se juegue al ‘solitario’ con los dineros públicos, haciendo un simple movimiento de papeles entre líneas del presupuesto estatal. Si la planta de pórtland necesita una reestructuración profunda, que el Ministerio de Industria lo haga con la verdad sobre la mesa, con criterios de eficiencia y transparencia, y no trasladándole el costo a los gobiernos departamentales”.
Concluyó que “el gobierno nacional no puede pretender mostrar balances maquillados de una empresa pública deficitaria a costa de los fondos de los contribuyentes. En esta lógica corporativa y centralista, nos plantamos firmes en la vereda de enfrente. Los recursos de las intendencias son para los vecinos, porque no podemos tolerar que las ineficiencias del Estado central las termine pagando, como siempre, el ciudadano de a pie”.
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