Las medidas adoptadas en los últimos días por el sector transportista de carga de nuestro país han marcado un antes y un después en materia de descontento por la forma en que el país ahoga a esa importante columna del tantas veces invocado “Uruguay productivo”.
Las medidas se tomaron en el marco de una movilización de varios días en protesta por el aumento del precio de los combustibles y en rechazo a la guía de carga que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se propone implementar a través de una aplicación para teléfonos celulares. De acuerdo con lo informado por el portal de noticias Subrayado, “la movilización la realizan desde hace varios días camioneros y transportistas que se identifican como ‘autoconvocados’, esto es, por fuera de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC). Los transportistas agremiados en la ITPC mantienen reuniones con el Ministerio de Transporte para intentar llegar a un acuerdo sobre la aplicación de la guía de carga. Mientras, los autoconvocados dicen no sentirse representados por la gremial empresarial y llevan adelante varias movilizaciones y concentraciones en rutas nacionales, con enlentecimiento del tránsito para entregar volantes”. El Estado, ese “Gran Hermano” que vulnera nuestras libertades y derechos más elementales, quiere controlar todo lo que hacemos: desde cuánto dinero gastamos hasta obligarnos a pagar por transferencia e incluso la famosa tarjeta de débito, que ha hecho desaparecer el dinero en efectivo. El motivo no es casual: cuanto más se utilicen los medios electrónicos de pago, más y mejor control tendrá sobre nosotros. Y esos controles solo tienen una finalidad: cobrarnos más impuestos, recaudar más y asegurarse de que podrán crear puestos de trabajo para sus amigos y familiares, con sueldos exorbitantes.
No seamos inocentes: el Estado no quiere mayores controles para mejorar la gestión de las rutas nacionales o de las cargas que transitan por ellas. Lo único que quiere es poder recaudar más y lograr mayor control, porque mantener a la casta política “no es changa”, máxime cuando estamos hablando de muchas figuras que en su vida nunca trabajaron ocho horas por día. Asimismo, resulta oportuno destacar que no se trata de la primera vez que este sector sale a las rutas a protestar contra la mencionada guía de carga, lo que ya ocurrió en los años 2018 y 2023 —durante el gobierno de Lacalle Pou— y ahora en 2026. Se trató y se trata de un reclamo que se ha formulado contra gobiernos del Frente Amplio y del Partido Nacional, por lo que resultan ridículas las afirmaciones de distintos políticos del Frente Amplio y organizaciones sociales de izquierda que pretenden darle a los “autoconvocados” un color político partidario que no poseen. Acá el reclamo es para poder trabajar y contra el ahorcamiento fiscal y burocrático que el gobierno de Orsi —pero también el de Lacalle Pou— ha querido imponer a este sector, responsable de movilizar mercaderías a lo largo y ancho del país con lluvia, viento, niebla o sol.
Por otra parte, y de acuerdo con el semanario Caras y Caretas, “el Pit Cnt se expresó a favor del monitoreo en los transportes de carga que impulsa el Poder Ejecutivo y cuestionó la reciente movilización de las patronales contra la instalación del nuevo sistema. El presidente del Pit Cnt, Marcelo Abdala, sostuvo que el debate debe centrarse en la necesidad de transparentar un sector que, a juicio del movimiento sindical, presenta importantes niveles de informalidad (…) Todos tenemos responsabilidades tributarias y no está bueno que un sector tenga tan alto nivel de evasión”. Es tal vez por eso que el Pit Cnt y el Sindicato Único del Transporte de Cargas y Ramas Afines (Suctra) realizaron una campaña contra el paro de los autoconvocados, afirmando que “el paro es mentira. Es una maniobra de los patrones incumplidores. El Suctra no para”. Lo cierto es que los trabajadores del transporte pararon, demostrando una vez más que la mayoría de ellos no está afiliada al Suctra y que tampoco se trató de un “paro de patrones” como quisieron pintarlo los eternos defensores e impulsores de la lucha de clases. Mal que le duela al Pit Cnt, la mayoría de los trabajadores no está afiliada a ningún sindicato, y ello es una muestra de que no pueden ni deben hablar en nombre de los trabajadores en general, por el simple motivo de que no los representan. Además, ni el gobierno ni los sindicatos pueden entender que hay “patrones” que también son “trabajadores”, que están pelándola todos los días codo a codo con sus empleados, quienes saben muy bien la situación en la que se encuentran; donde la diferencia entre el consumo de combustible de un camión de hace apenas diez años y uno de 2026 puede hacer la diferencia entre una empresa que sobrevive y una que muere. Claro que un camión nuevo vale decenas de miles de dólares, tanto o más que la 4×4 que se compró el presidente para ir a la Torre Ejecutiva cómodamente, y para los empresarios chicos los números no dan para modernizarse. Lo llamativo es que cuando el Suctra y el Pit Cnt hablan de informalidad del sector transportista y de empresarios evasores no se refieran nunca a la casa que el senador comunista Óscar Andrade se construyó evadiendo los aportes y permisos al Banco de Previsión Social y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tampoco mencionan el caso de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, quien admitió que nunca declaró a la Dirección Nacional de Catastro la casa que construyó en un terreno de su propiedad en Pajas Blancas hace más de 30 años. Quizás ahí también faltó una “guía”. La memoria es muy selectiva para algunos, pero los hechos son los hechos.
La guía de control para el sector del transporte de carga es tan solo la punta de un iceberg cuya superficie y profundidad resulta imposible de adivinar en este momento. No se trata de una iniciativa que se agota con su implementación, sino de una verdadera “caja de Pandora” que aspira a controlar todos los movimientos que hagan los transportistas de carga para poder recaudar más dinero. Ese es el verdadero motivo de la famosa “guía de carga”. En un país hundido por sus altos costos, las regulaciones estatales excesivas, la falta de productividad y la alta carga impositiva, resulta más barato importar que producir. En ese escenario, el transporte de carga constituye un sector cuyos márgenes de ganancia son cada día peores y el destino de los transportistas no parece nada prometedor.
Paradójicamente, todo el sector político reconoce que Uruguay es un país caro para producir, exportar, trabajar y vivir. Y gran parte del costo está en que la logística es extremadamente cara, principalmente por el precio del transporte carretero. ¿Y qué piensa hacer el gobierno, picaneado por el Pit Cnt y la izquierda radical? Aumentar burocracia y costos del transporte. El argumento que manejan es que los grandes beneficiados con la informalidad son los dueños de las cargas, que tampoco compiten con sus productos en el exterior, precisamente porque este país es inviable. ¿Y cuando aumenten los costos, quién va a terminar pagando la fiesta? Pues el consumidor final: el que compra en el almacén de la esquina productos más caros; el que adquiere un electrodoméstico en un comercio local; el que busca precios en Mercado Libre y recibe el paquete en su casa; o el que envía la heladera vieja o una bicicleta a su hijo que está estudiando en otra ciudad. Todos van a pagar más. ¿Esa es la forma de abaratar el costo país que tiene este gobierno? Como en tantas áreas productivas del país, al transporte de cargas se le aplica aquella famosa frase del primer ministro Winston Churchill: “Una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un balde, tratando de levantarse tirando del asa”.
