Durante la noche del viernes pernoctaron un total de 120 personas en los dispositivos dispuestos para las personas en situación de calle en Paysandú. Eso indica el tope de la capacidad instalada, en tanto se agilizan las gestiones para obtener otro espacio en alquiler que ampliará sensiblemente los lugares necesarios para derivar a usuarios, en el marco del alerta roja establecido por el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) el pasado 7 de mayo ante las bajas temperaturas.
Una vez confirmado el nuevo refugio, quedará desafectada una vivienda ubicada en la zona portuaria, propiedad de la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), María Inés Firpo, y que fuera objeto de polémica durante la sesión del jueves en la Junta Departamental, a raíz de una persona en situación de calle fallecida dentro de un predio privado ubicado en bulevar Artigas y avenida Salto.
Polémica
Durante la sesión, que consideró en forma grave urgente la situación que derivó en la muerte de un hombre de 48 años que registró tres ingresos al refugio durante el mes de mayo, el edil del Frente Amplio Francisco Gentile informó en sala que Firpo dispuso de una vivienda de su propiedad para la derivación de esta población. La confirmación avivó la polémica y, al tiempo que el Frente Amplio defendió la decisión de la jerarca, la mayoría del Partido Nacional condenó su actitud y destacó que la medida es un “parche” ante un “Estado ausente”.
El exdirector adjunto del Mides durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, Alejandro Colacce, solicitó la renuncia de Firpo y del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. Los nacionalistas exigieron, además, la presencia del secretario de Estado en Paysandú y que la directora aclare si su vivienda fue destinada “en donación, comodato o alquiler” con el fin de albergar personas en alta vulnerabilidad.
El Comunicado de firpo
Ante las consultas recibidas, Firpo resolvió emitir un comunicado, donde aclaró que el esfuerzo del Mides en todo el país es “sin precedentes para atender el problema de las personas en situación de calle, en crecimiento desde hace muchos años. En la mayor parte de los departamentos del país esto ha implicado la apertura, por primera vez, de centros 24 horas durante todo el año”.
Aclaró que, “en el caso de Paysandú, donde ya existía un centro permanente, se previó la incorporación de más de 70 nuevas plazas, según una planificación oportuna”. Firpo consignó que “la participación del Sinae y de los Cecoed responde a una innovación definida a nivel nacional, establecida por decreto presidencial, que dispone un abordaje interinstitucional de nivel superior recurriendo a la alerta roja para personas en situación de calle”.
El aporte de los distintos organismos del Estado que conforman los Cecoed “no constituye una colaboración con el Mides, sino una responsabilidad prevista por la normativa vigente, entendiendo que se trata de una problemática que por su dimensión y características requiere el involucramiento de todo el Estado”.
De acuerdo con la directora del Mides, “la alerta roja habilita, entre otras cosas, la herramienta de la evacuación obligatoria, nunca antes utilizada, que permite a la policía nacional trasladar a refugios a personas que no acceden voluntariamente a las alternativas que ofrece el sistema de protección social del ministerio”.
Comparó que, “a diferencia del año anterior, en 2026 no se contó en Paysandú con un inmueble de la Intendencia –velódromo municipal– ni con otro espacio alternativo ofrecido por las autoridades departamentales, situación que sí se ha dado en otros departamentos”.
Explicó que “a ello se sumaron las dificultades de la organización de la sociedad civil conveniante con el Mides para acceder a nuevos inmuebles adecuados para completar la ampliación prevista del alojamiento”. En este punto, recalcó que “frente a esta situación, y de forma transitoria, decidí poner a disposición desde el 9 de mayo un inmueble de mi propiedad, sin percibir por eso ningún tipo de beneficio y haciéndome cargo yo misma de los gastos por servicios”.
Firpo respondió que “esta decisión busca contribuir a dar cumplimiento, hasta tanto se obtenga un nuevo local, a la orientación que hemos recibido por parte las autoridades nacionales de nuestro ministerio de garantizar que ninguna persona quede a la intemperie por falta de plazas. Para cumplir con esa orientación hemos recibido el apoyo de las autoridades nacionales de forma permanente”.
La directora señaló que “la experiencia reafirma que la disponibilidad de recursos e inmuebles por parte de las distintas instituciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, es clave para sostener una respuesta adecuada a esta problemática, igual de importante que el diálogo y el trabajo conjunto”.
Firpo concluyó que “por esta misma razón no ingresaremos en debates políticos menores ni ataques cruzados. Para nosotros la relevancia de este tema, que es una causa nacional de primer orden, no admite ese tipo de tratamiento”.
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