De acuerdo con el documento “Exportaciones por Departamento 2025” de Uruguay XXI, Paysandú registró una caída del 9,3 % en sus exportaciones respecto a 2024, pasando de 461 millones de dólares a 418 millones en 2025.
Tradicionalmente, la maltería ha sido el sector con mayor incidencia en las exportaciones del departamento, seguida por el cuero y los productos agrícolas, con la soja como principal producto de salida.
Sin embargo, el informe también refleja una realidad concentrada en tres departamentos. Montevideo, Canelones y Colonia lideran las exportaciones gracias a mejores condiciones logísticas, infraestructura de transporte, cercanía a zonas francas, plantas industriales e incentivos a la innovación.
En ausencia de esas condiciones en el litoral, muchos discursos sobre el desarrollo equilibrado del país pierden sustento. Las estadísticas oficiales muestran un proceso de deterioro que se refleja en un indicador fundamental para el desarrollo humano: el empleo. La actividad laboral vuelve a concentrarse en las mismas áreas geográficas, mientras el litoral enfrenta tasas de desempleo de dos dígitos.
Esta situación evidencia la existencia de dos regiones claramente diferenciadas. En buena parte del interior se continúa produciendo con escaso valor agregado, lo que profundiza las brechas territoriales. En un país que avanza a dos velocidades, resulta difícil imaginar un desarrollo basado en la igualdad de oportunidades y la equidad social.
A ello se suma otro desafío estructural: la situación de la seguridad social, agravada por la baja natalidad y el envejecimiento de la población. Menos trabajadores activos, menor productividad y una reducción de las oportunidades laborales conforman una combinación compleja para cualquier política pública.
El desempleo también debe analizarse junto con los elevados niveles de informalidad que persisten al norte del río Negro. El resultado es un importante potencial desaprovechado, alimentado por la emigración de los jóvenes y las limitadas alternativas de desarrollo.
El elevado endeudamiento de las familias y la realidad de los departamentos fronterizos agravan aún más las dificultades económicas y reducen las posibilidades de crecimiento. Se trata de una región donde la recesión no termina de ceder y donde la capacidad de resistencia frente a los impactos negativos es cada vez menor.
Este escenario también es consecuencia de la ineficiencia estatal, que suele llegar tarde y con respuestas parciales ante problemas que requieren soluciones integrales. Mientras tanto, la expectativa de que alguna medida logre revertir la situación sigue sin concretarse.
El mercado laboral mostró algunas variaciones recientes y el gobierno anunció la creación de 5.800 puestos de trabajo entre diciembre y abril. De ese total, 4.600 fueron empleos formales y 1.200 informales, según datos de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía. Sin embargo, esa supuesta reactivación no parece reflejarse, al menos por ahora, en el litoral del país.
Recientemente, el Parlamento aprobó un proyecto de ley integral que establece un régimen de estímulos para que las empresas contraten personal. La iniciativa aún espera su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
La propuesta contempla subsidios destinados a reducir el desempleo juvenil y facilitar la inserción laboral de otras poblaciones vulnerables. Sin embargo, su impacto dependerá de múltiples factores. Si la productividad continúa cayendo, si disminuyen las ventas en sectores comerciales o si la información sobre estos beneficios no llega efectivamente a los potenciales beneficiarios, sus resultados podrían ser limitados.
Experiencias similares han tenido resultados dispares y las cifras actuales muestran que el desempleo sigue siendo un problema persistente.
Paysandú carga además con una larga historia de empresas e industrias que cerraron sus puertas a lo largo de las últimas décadas, sin generar suficientes oportunidades de reinserción laboral. Esa es la realidad que enfrentan nuevamente las generaciones actuales. A ello se suman las empresas que han enviado trabajadores al seguro de desempleo y aquellas que evalúan solicitar extensiones del beneficio ante un horizonte marcado por la incertidumbre.
Todo esto ocurre mientras el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social insiste en que las empresas comuniquen con anticipación cualquier decisión definitiva. Aunque la medida puede aportar previsibilidad, difícilmente constituya una solución de fondo.
El frigorífico más antiguo del mundo atraviesa hoy una coyuntura compleja. Fricasa necesita encontrar un inversor que le permita continuar produciendo. La alternativa resulta difícil de imaginar para un departamento que acumula décadas de pérdidas de empleo y cuyo mayor orgullo siempre ha sido la cultura del trabajo.
Existe una comunidad profundamente afectada, aunque todavía conserva un fuerte sentido de pertenencia. Más de 400 personas dependen directamente de esa fuente laboral, y podrían citarse muchos otros casos similares.
En distintos puntos del departamento se repite el mismo reclamo: preservar las fuentes de ingreso. Ocurre en AmBev-Cympay, donde poco más de un centenar de trabajadores continúa luchando por mantener en actividad a la histórica Norteña. También sucede en Paycueros, donde se reclama una mayor incorporación de procesos industriales que permitan completar la cadena de valor de las materias primas.
La mayoría de estas situaciones comparte un mismo trasfondo. El norte del río Negro presenta carencias estructurales en materia logística, competitividad de costos y desarrollo de un sistema de transporte multimodal capaz de facilitar el movimiento de la producción.
Por ahora, en esta región se ha instalado una percepción cada vez más extendida: al Estado le resulta demasiado costoso sostener su propia estructura. Un ejemplo recurrente en este debate es el caso de Ancap y las pérdidas acumuladas por su división de portland durante décadas.
Los subsidios pueden funcionar como una herramienta transitoria de contención, pero no constituyen una respuesta permanente ni integral al problema del desempleo.
Desde hace años se discute la necesidad de reformar un Estado percibido como pesado y costoso, cuya estructura burocrática ha seguido creciendo a lo largo de distintos gobiernos. Mientras tanto, las medidas implementadas parecen apenas un pequeño parche frente a una herida profunda que continúa afectando al empleo y al desarrollo del Interior del país.
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