Un sumario administrativo iniciado en 2024 por la Intendencia de Río Negro concluyó que en la oficina departamental de Tránsito que funciona en San Javier se expidieron licencias de conducir sin que, en determinados casos, se cumplieran las pruebas y los controles establecidos. Durante el período investigado, la cantidad de permisos otorgados en esa localidad aumentó cerca de 200% y varios solicitantes procedían de otros departamentos. Entre ellos, muchos residentes de Paysandú, aunque el expediente no determina cuántos fueron.
Las licencias de conducir son expedidas por las intendencias y no por los municipios. Por tanto, los permisos tramitados en San Javier fueron otorgados por la Intendencia de Río Negro, a través de la oficina de Tránsito instalada en esa localidad.
El caso tiene especial interés para Paysandú, ya que está confirmado que muchos residentes sanduceros se trasladaron a San Javier para obtener la licencia de conducir. Sin embargo, la documentación disponible no permite determinar cuántos fueron ni qué proporción representaron dentro de los trámites observados. Ante la ausencia de esa información, la Dirección de Tránsito de Paysandú comenzará a registrar las licencias gestionadas por residentes del departamento en otras intendencias, según confirmó a EL TELEGRAFO su director, Gastón Berretta.
La investigación derivó en una solicitud del Ejecutivo de Río Negro para destituir al funcionario involucrado. La Junta Departamental no aprobó la medida, debido a que la votación terminó empatada en 15, sin alcanzarse la mayoría necesaria para aplicar la máxima sanción disciplinaria.
FORMULARIOS INCOMPLETOS Y PRUEBAS SIN CONSTANCIA
El sumario detectó formularios sin la firma del funcionario actuante, declaraciones juradas incompletas, falta de constancia de las charlas obligatorias y expedientes en los que no aparecía registrado el acompañante exigido por la normativa.
También fueron observadas licencias sin documentación que acreditara la realización de los exámenes teóricos o prácticos. Entre los casos analizados aparecieron renovaciones correspondientes a personas mayores de 75 años en las que no constaba la prueba práctica prevista para esas situaciones, más allá de que tampoco se cuenta con el sistema electrónico que se aplica en Paysandú.
Algunos testimonios señalaron que determinadas personas concurrían solamente para tomarse la fotografía destinada a la licencia. Según una de las declaraciones, el funcionario les decía: “Esperá que ya te saco la foto”. El episodio habría ocurrido al menos tres veces y en todos esos trámites figuraba el mismo acompañante.
Otra persona declaró que había observado la entrega de permisos sin que los interesados rindieran los exámenes correspondientes. También manifestó que el funcionario investigado, debido a que cumplía tareas administrativas, no concurría a tomar las pruebas de manejo.
El sumario concluyó que no se trataba de simples errores administrativos, sino de una conducta “intencional y reiterada” de apartamiento de los procedimientos legales. Con base en esa conclusión, el Ejecutivo departamental solicitó la destitución.
EL COSTO ES EL MISMO, PERO PAYSANDÚ EXIGE FORMACIÓN PREVIA
El precio formal del permiso no explicaría en su totalidad los viajes desde Paysandú. Tanto la Intendencia de Paysandú como la de Río Negro establecen para la licencia por primera vez un costo de 1,25 unidades reajustables, equivalente actualmente a unos 2.403 pesos.
Una diferencia entre ambos procedimientos se encuentra en los requisitos previos. En Paysandú, quienes tramitan por primera vez las categorías A o B deben presentar una constancia expedida por un instructor habilitado, que acredite la formación exigida por la Ordenanza General de Tránsito. Esa preparación puede realizarse a través de una academia de conducción y, de acuerdo con precios consultados, un curso de diez horas ronda los 8.000 pesos. Además, los aspirantes deben asistir a la charla de seguridad vial y aprobar los exámenes teórico y práctico.
En el caso de libretas para motos de alta cilindrada, considerada categoría “Profesional” G3, en Paysandú se toma la prueba práctica en el vehículo correspondiente, mientras que en San Javier no se requería examen práctico, según manifestó a EL TELEGRAFO un vecino que obtuvo la licencia en esa localidad.
Por otra parte, en Río Negro los requisitos publicados incluyen la charla de educación vial, el examen teórico y la prueba práctica, pero no establecen como condición la presentación de una constancia de formación emitida por una academia o un instructor.
Esta diferencia podría reducir el costo total para un aspirante de Paysandú, debido a que las clases de conducción representan un gasto adicional. No obstante, el expediente no establece que esa haya sido la razón por la cual residentes sanduceros eligieron realizar el trámite en San Javier.
CONGRESO DE INTENDENTES AMPLIÓ LAS VERIFICACIONES
Las actuaciones en Río Negro se desarrollan mientras el Congreso de Intendentes, la Fiscalía y el Servicio Único de Cobros e Ingresos Vehiculares (Sucive) realizan controles sobre licencias presuntamente irregulares expedidas por las intendencias de Cerro Largo, Artigas, San José y Río Negro.
La principal alerta surgió en Isidoro Noblía, donde un oficio de la Fiscalía de Cerro Largo señaló 399 licencias como “presumiblemente anómalas”. El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, afirmó que el caso encendió una “luz amarilla” y llevó a extender los controles a otros departamentos.
El Congreso encargó a la Dirección General de Asuntos Vehiculares una investigación administrativa que incluye auditorías de expedientes, comprobación de exámenes teóricos y prácticos y seguimiento de los pagos realizados.
También se revisan licencias profesionales para ómnibus y camiones, con el objetivo de comprobar que las pruebas hayan sido rendidas con vehículos adecuados para cada categoría.
Sucive incorporó alertas informáticas para que, cuando alguna de las licencias observadas sea presentada para renovación, pago de multas u otra gestión, el sistema marque el documento y active una revisión.
El director de Asuntos Vehiculares, César García Acosta, indicó que el mecanismo detectado inicialmente podría haberse repetido en otros puntos del país. Las actuaciones procuran determinar si intervinieron gestores, funcionarios o particulares y si existieron entregas de dinero para acceder a los permisos sin completar los requisitos.
En Artigas se investigan expedientes tramitados por la Intendencia en distintas oficinas, entre ellas la que funciona en Bella Unión. Uno de los casos refiere a un funcionario que presuntamente se habría expedido una licencia a sí mismo.
San José analiza permisos concedidos a ciudadanos extranjeros y presentó una denuncia penal, mientras que en Río Negro se investigan los trámites realizados en San Javier.
Olivera sostuvo que se actuará con cautela y respetando la presunción de inocencia. Una vez finalizadas las investigaciones, el Congreso evaluará si corresponde presentar nuevas denuncias penales o adoptar medidas preventivas respecto de algunos permisos.
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