El diputado Walter Verri envió una carta al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, en la que solicita “formalmente” que “reconsidere la decisión de instalar un refugio transitorio para personas en situación de calle en el inmueble del ex Sanatorio Pasteur”.
Verri pidió la evaluación de otras alternativas de localización que “resulten más adecuadas tanto para las personas que serán atendidas como para el entorno urbano en el cual funcionará el dispositivo”. Aclaró que su planteo “no cuestiona, bajo ningún concepto, la necesidad de atender a las personas en situación de calle. Por el contrario, entendemos que se trata de una población particularmente vulnerable que requiere respuestas efectivas del Estado, acompañamiento profesional, condiciones dignas de alojamiento y políticas que permitan abordar las múltiples causas que conducen a esa situación y avanzar hacia procesos reales de recuperación de la autonomía e integración social”.
Explicó que esta condición de vulnerabilidad “no puede quedar determinada exclusivamente por la disponibilidad o las condiciones edilicias de un inmueble. Deben valorarse también las características del entorno, la densidad poblacional, la actividad económica y social existente, la movilidad, la seguridad, la convivencia urbana y la concentración de servicios públicos y privados en sus inmediaciones”.
Definió, en este sentido, que “la ubicación proyectada en el ex Sanatorio Pasteur no resulta adecuada”, dado que en la zona se ubican centros asistenciales públicos y privados, el Hospital Escuela del Litoral, instituciones educativas de distintos niveles y un sector de la ciudad que viene consolidándose como polo universitario y de formación terciaria.
“La eventual instalación en ese punto de un dispositivo destinado a albergar a un número significativo de personas en situación de calle necesariamente tendrá incidencia sobre la dinámica de una zona que presenta características muy particulares y que merece ser cuidadosamente considerada antes de adoptar una decisión definitiva”, señaló. A esto “se suma el fuerte rechazo y preocupación manifestados por vecinos, comerciantes e instituciones de la zona, cuyos planteos no deberían ser desestimados ni interpretados como una actitud de insensibilidad frente a quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. Escuchar a quienes viven, trabajan, estudian o desarrollan actividades en el entorno constituye una obligación elemental cuando una decisión administrativa puede modificar sustancialmente la dinámica cotidiana de un sector de la ciudad”.
En su carta, relató los antecedentes y las dificultades de convivencia que la instalación de este tipo de dispositivos ha generado en otros casos, y sostuvo que las situaciones vinculadas a personas que atraviesan consumos problemáticos, conflictos de convivencia y permanencia en el espacio público durante determinadas franjas horarias “requieren una gestión especializada y una planificación territorial responsable”.
Consideró “conveniente” una instancia de diálogo con la Intendencia de Paysandú, ASSE, la Universidad de la República, ANEP y el Ministerio del Interior, entre otras, y “especialmente, con los vecinos y actores sociales del entorno directamente afectados por la decisión”.
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