El atraso cambiario y las consecuencias de las correcciones que nadie quiere

Recientemente, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, cuestionó el nivel del tipo de cambio y advirtió sobre el impacto que tiene sobre la competitividad del sector agropecuario, al calificarlo de “atraso cambiario galopante”, y reclamó medidas que permitan reducir los costos que enfrenta la producción.

El planteo del presidente de la Federación Rural vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas más incómodos y persistentes de la economía uruguaya: el atraso cambiario. No se trata solamente de reconocer que el dólar puede estar demasiado bajo en relación con los costos internos, sino de admitir que, a lo largo de sucesivos gobiernos, Uruguay lleva décadas conviviendo con esta situación y que, por una razón u otra, ningún gobierno ha encontrado —o se ha animado a encontrar— una salida definitiva.
El dirigente ruralista habló del “atraso cambiario galopante” y puso el acento en sus consecuencias sobre la producción agropecuaria. El problema, sin embargo, excede largamente al campo. Cuando una economía se vuelve cara en dólares, pierden competitividad todos aquellos sectores que deben venderle al mundo, mientras los costos internos continúan determinados por una estructura de precios y salarios que se ha acostumbrado a funcionar con un dólar relativamente barato.

A esta altura nadie puede discutir objetivamente que Uruguay es, lisa y llanamente, un país caro. Los salarios medidos en dólares son elevados, los servicios y buena parte de los costos internos también lo son, y las empresas que compiten internacionalmente deben absorber esa diferencia. El resultado es conocido: márgenes cada vez más estrechos, menor inversión, dificultades para crecer y, en algunos casos, la necesidad de recortar gastos para sostener la rentabilidad. Es exactamente el mecanismo que describía Normey al advertir que, cuando los números de una explotación agropecuaria dejan de cerrar, la primera reacción suele ser postergar inversiones, pero solo para empezar. Pero el punto no es solo el precio del dólar, sino que en torno a ese eje se relaciona y consolida gran parte de la estructura de costos del país. Nuestra competitividad también está condicionada por el costo de la energía, la carga regulatoria, la burocracia, las relaciones laborales, los costos logísticos y una estructura tributaria que pesa sobre la actividad productiva.

La cuestión de fondo que desata interrogantes es por qué Uruguay no corrige de una vez el atraso cambiario, y la respuesta tiene una dimensión económica, pero también una dimensión política y social. Un tipo de cambio más alto puede mejorar rápidamente la posición de los exportadores y de las actividades que compiten con el exterior. Pero a la vez encarece los bienes importados, presiona sobre los precios internos y reduce el poder de compra de quienes viven de ingresos que no se ajustan automáticamente al dólar. Es decir, salvo el beneficio para la exportación, la consecuencia inmediata sería que todos los uruguayos seríamos un poco más pobres, por más vueltas que se le dé, con pérdida de calidad de vida, salvo aquellos que tienen ingresos en dólares. Durante años, mantener un dólar relativamente bajo ha sido, de hecho, una manera indirecta de contribuir a contener los precios y la inflación. El mecanismo es sencillo: un peso fuerte abarata los productos importados, reduce el costo en moneda nacional de numerosos insumos y ayuda a moderar determinados precios. Para los consumidores y, especialmente, para quienes tienen ingresos fijos, ese beneficio es tangible.
Por eso el atraso cambiario no puede analizarse como si existiera una solución gratuita. Corregirlo implica necesariamente redistribuir costos y beneficios. Una corrección significativa del tipo de cambio favorecería a los sectores exportadores y a quienes generan divisas, pero tendría un costo inmediato para asalariados, jubilados y otros sectores cuyos ingresos no acompañan la depreciación. También podría reavivar la inflación y obligar a una política económica más restrictiva.
Ahí está la explicación de por qué ningún gobierno, independientemente de su signo político, ha logrado o siquiera intentado decididamente resolver el problema de fondo, simplemente —y nada menos— porque la corrección cambiaria tiene un precio social y político demasiado significativo. La alternativa ha sido ir llevando el problema como se pueda, procurando que el dólar no se aprecie demasiado, o esperar que el crecimiento de la productividad y la reducción de costos compensen, al menos parcialmente, la pérdida de competitividad —algo que, hasta ahora, ha sido simplemente una ilusión sin sustento real.
Pero no se puede pretender indefinidamente que los exportadores compensen con productividad, escala o precios internacionales una estructura de costos que se encarece en dólares. Tampoco alcanza con reclamar un dólar más alto mientras se mantienen intactas regulaciones, costos energéticos, cargas laborales o trámites que hacen más cara la producción. La competitividad no es una sola variable, y el propio planteo de Normey acierta cuando la presenta como un problema integral. Uruguay tiene, además, una oportunidad que vuelve más urgente esta discusión. Como señaló el dirigente rural, existe una demanda internacional importante por alimentos y productos de calidad, precisamente aquellos en los que el país tiene ventajas naturales, reputacionales y productivas. China, Estados Unidos y Europa ofrecen mercados enormes para una economía pequeña como la uruguaya. Pero, lamentablemente para nosotros, una empresa puede tener compradores dispuestos a pagar por su producto y, sin embargo, no invertir porque los números no cierran. Puede existir demanda internacional y, al mismo tiempo, perderse competitividad frente a países que producen a menores costos. Puede haber oportunidades de aumentar la producción y la calidad, y que esas oportunidades no se concreten porque el retorno de la inversión resulta insuficiente. Y este es el escenario que enfrenta el país.
Por ello, el reclamo de “aflojar la cincha” no debería interpretarse como el pedido de un sector para recibir una ventaja particular. Si la producción agropecuaria genera divisas, empleo, actividad e ingresos fiscales, su competitividad interesa al conjunto de la economía. Lo mismo vale para la industria, los servicios exportables y todas aquellas actividades que deben competir fuera de las fronteras. La pregunta es cuánto tiempo más puede Uruguay seguir postergando una discusión que inevitablemente tendrá que enfrentar.
Porque cuanto más se demora una corrección estructural, más difícil puede resultar abordarla ordenadamente. Si el país pudiera mejorar gradualmente su productividad, reducir costos, eliminar trabas y adaptar su estructura económica, el ajuste sería menos traumático. Pero si las presiones se acumulan y la competitividad continúa deteriorándose, las correcciones futuras podrían terminar siendo mucho más bruscas. Y la paradoja es que Uruguay necesita mejorar su competitividad sin provocar un shock que golpee a quienes menos capacidad tienen para absorberlo. Esa es la verdadera dificultad.
El desafío, entonces, consiste, además —y sobre todo—, en reordenar la relación entre precios, salarios, costos, productividad y tipo de cambio sin trasladar brutalmente la factura a quienes viven de ingresos fijos, lo que es una tarea mucho más difícil que reclamar una devaluación. Y precisamente por eso requiere una política de Estado, gradualidad y una explicación honesta —y un compromiso— de la sociedad, en la que habrá ganadores y perdedores, y seguramente habrá alineamientos, según cómo le vaya a cada uno en la feria. Y este es el nudo de la cuestión, mientras los plazos para las respuestas aprietan.