Una nueva controversia institucional se instaló en la Liga de Fútbol a partir del cobro a los clubes de servicios profesionales contratados por el Consejo Directivo Central (CDC) para afrontar distintos asuntos jurídicos. Los clubes opositores cuestionan que esas contrataciones no hayan sido sometidas previamente a consideración y solicitaron que el tema sea tratado en una asamblea extraordinaria.
El origen de la disputa está vinculado con las actuaciones desarrolladas durante los últimos meses a raíz de cuestionamientos formulados por un grupo de instituciones sobre decisiones adoptadas en el ámbito de la Liga. Trece clubes promovieron una acción de amparo y, en paralelo, presentaron una denuncia ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por presuntas irregularidades relacionadas con una asamblea y el proceso electoral.
La acción judicial resultó ser desestimada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paysandú de sexto turno. Según consta en la documentación difundida por los clubes, la sentencia N° 28/2026 estableció el rechazo del amparo y dispuso que las costas y los costos fueran “por su orden”.
Ese punto ocupa un lugar central en la controversia porque en términos procesales las costas y los costos, que sean por su orden, implica que cada parte afronta los gastos correspondientes a su actuación en el juicio, incluidos los honorarios profesionales de sus abogados.
La Liga, no obstante, comunicó posteriormente a sus afiliados que había debido contratar asesoramiento y representación profesional para atender diferentes asuntos. En un comunicado dirigido a los clubes informó que las actuaciones comprendieron un informe jurídico sobre la situación institucional de Queguay Fútbol Club, gestiones ante el MEC derivadas de la denuncia presentada por 13 clubes y el patrocinio y representación judicial de la Liga en la acción de amparo.
Por esos servicios, el CDC estableció honorarios profesionales por $225.000. El monto fue distribuido entre los 26 clubes afiliados, con un aporte individual de $8.653,85, previsto en ocho cuotas mensuales de aproximadamente $1.082. El comunicado señala que el Consejo Directivo considera que el gasto ha sido “indispensable para la defensa institucional de la Liga y la preservación de los intereses de todos sus afiliados”.
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