Hay problemas que llevan tanto tiempo sin resolverse que la sociedad termina por aceptar de mala gana que existen, pero sin resignarse a tener que convivir eternamente con ellos. La delincuencia juvenil es uno de esos problemas. Las víctimas siguen sumándose, y para ellas y sus familias, estamos ante un 100 por ciento de fracaso de quienes deberían tenerlos en cuenta, es decir, los organismos responsables del Estado.
Recientemente se instaló una polémica en Argentina después de que una jueza suspendiera la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil —aprobado por el gobierno nacional— en la provincia de Buenos Aires.
La jueza Marta Elba Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo y suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen en el ámbito bonaerense. Su argumento central es que la provincia no cuenta con la infraestructura, los centros especializados, los profesionales y los recursos necesarios para aplicar adecuadamente esa reforma del gobierno de Milei.
La magistrada, además, se definió como garantista y afirmó que le parece “pésimo” que los menores estén encerrados. Al mismo tiempo, aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a 14 años y que no pretende “romantizar” a los adolescentes que salen a delinquir con un arma.
Su planteo conlleva una encrucijada evidente: encerrar a un menor y devolverlo después a la sociedad convertido en un delincuente aún más peligroso no es rehabilitarlo, sino promocionarlo en la escuela del delito.
Pero contiene también un problema que suele aparecer cada vez que se aborda esta cuestión desde una perspectiva exclusivamente idealista: mientras se construye el sistema perfecto, ¿qué hacemos con el problema real? Porque el menor que sale con un arma no es una abstracción jurídica. Existe. Tiene una víctima enfrente. Puede disparar y puede matar, como lamentablemente suele ocurrir.
Y frente a ello, el Estado no puede limitarse a explicar que todavía no dispone del mecanismo adecuado para rehabilitarlo. Hay una diferencia enorme entre encerrar por castigo y privar de libertad para contener un peligro. Pero tampoco resulta de recibo sostener que, como el encierro por sí solo no rehabilita, entonces no corresponde apartar de la calle a quien constituye una amenaza concreta, porque entonces aparece una paradoja perversa: para proteger los derechos del menor infractor se termina dejando expuestos los derechos de quienes pueden convertirse en sus próximas víctimas.
El Estado debería tener obligaciones prioritariamente hacia el ciudadano indefenso, hacia quien vuelve de trabajar y quiere llegar vivo a su casa, hacia el comerciante que no quiere que le roben el negocio por un adolescente que le apunta con un arma, hacia la familia que no quiere enterrar a uno de sus integrantes porque un menor decidió disparar para robar.
Por eso la discusión no debería ser “encierro sí” o “encierro no” a los menores, como así tampoco respecto a delincuentes mayores de edad que son dejados en libertad en la puerta giratoria de los juzgados. Debería ser mucho más seria: qué medidas permiten proteger a la sociedad y, al mismo tiempo, darle al menor una posibilidad real de cambiar. Y si la respuesta implica privarlo de libertad durante un período determinado, tendrá que ser así, como una medida de contención primaria, por lo menos, y no como venganza, como castigo ejemplarizante o como una forma de acallar la lógica indignación social.
El punto es que en estas discusiones suele aparecer una peligrosa contradicción entre lo deseable y lo posible, porque con toda lógica todos queremos que un menor que cometió un delito pueda reconstruir su vida, que estudie, que aprenda un oficio, consiga un trabajo y deje atrás la violencia, aunque quererlo no significa que vaya a suceder, y mucho menos que vaya a suceder en todos los casos.
Efectivamente, hay adolescentes que pueden ser recuperados, pero seguramente la mayoría, lamentablemente, han acumulado tantos años de violencia, abandono, consumo de drogas, falta de límites, fracaso escolar y pertenencia a organizaciones delictivas que la rehabilitación se convierte en una tarea extraordinariamente difícil, cuando no imposible.
Volviendo a la discusión argentina, el tema tiene, además, un componente político inevitable. Desde el oficialismo nacional se acusa al gobierno bonaerense de ponerse del lado de los delincuentes. Desde La Plata se responde que una reforma de esta magnitud necesita juzgados, fiscalías, centros de reclusión, personal especializado e infraestructura que requieren recursos.
Ambas partes tienen argumentos, pero se puede llegar a un extremo en que esos argumentos se convierten en excusas: si hacen falta centros especializados, habrá que construirlos; si faltan profesionales, habrá que formarlos; si se necesitan jueces y fiscales especializados, habrá que disponerlos; si hacen falta supervisores, habrá que contratarlos; si las medidas alternativas necesitan recursos, habrá que financiarlas.
No se puede utilizar la falta de infraestructura como excusa permanente para no enfrentar el problema, para volver siempre a lo mismo, a seguir esperando, a seguir en los diagnósticos, a discutir acaloradamente, mientras los menores siguen en la calle haciendo de las suyas.
En Uruguay estamos sufriendo desde hace tiempo este escenario. Mientras tanto, nos “argentinizamos” a pasos agigantados. Hace años se discutió la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad y el plebiscito no consiguió los votos necesarios.
Pero el problema incluso se ha agravado. El menor que delinque sigue existiendo, y peor aún, sus víctimas aumentan día a día. El delincuente en la calle, niño o adulto, es la amenaza para la sociedad que no puede seguir esperando respuestas, ni mucho menos la solución ideal.
Por eso, una verdadera política contra la delincuencia juvenil no debería comenzar con los adolescentes que ya están presos, sino con los niños que todavía no han cometido ningún delito, y ello conlleva aspectos como familia, la responsabilidad de los padres o tutores, educación, límites, disciplina, salud mental, prevención de adicciones, deporte, formación laboral, autoridad, respeto y esfuerzo.
Significa recuperar algo que durante demasiado tiempo ha sido dejado de lado: la transmisión de valores, lo que llevaría muchos años revertir, y probablemente nunca menos de una generación, porque si hoy se comenzara una política realmente seria para intervenir desde la infancia, los resultados más importantes podrían verse recién dentro de quince o veinte años.
Y el verdadero desafío es el mientras tanto, el hoy, porque no podemos esperar veinte años para ocuparnos de los adolescentes que delinquen hoy. Se requiere, por lo tanto, trabajar simultáneamente en dos tiempos.
En el corto plazo, contener a quienes constituyen un peligro, impedir que sigan dañando a otros. Ofrecerles educación y tratamiento mientras estén bajo custodia. Intentar recuperarlos, y en el largo plazo, impedir que los niños de hoy lleguen a convertirse en los delincuentes de mañana.
Una cosa no invalida la otra, y el error está en pensar que, porque el encierro no rehabilita necesariamente, entonces no sirve para nada. Claro que no rehabilita por sí solo, pero puede contener, puede impedir una reincidencia inmediata, puede proteger a una víctima, puede cortar temporalmente el vínculo de un delincuente con una banda, y si además se aprovecha ese tiempo para educarlo, capacitarlo y tratar sus problemas, mucho mejor.
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