La Intendencia de Paysandú destina más de 50 millones de pesos anuales a la asistencia alimentaria que brinda a través de comedores, entrega de canastas y otros apoyos a personas e instituciones, de acuerdo con los datos proporcionados por el subdirector de Promoción Social, Roque Jesús. La cobertura comprende cerca de mil almuerzos diarios y alrededor de 1.750 canastas de alimentos por mes en todo el departamento, además de gastos de funcionamiento, personal, logística, mantenimiento y asistencia extraordinaria.
Jesús explicó que el área alimentaria de Promoción Social funciona fundamentalmente mediante dos modalidades, la atención en comedores y la entrega de canastas. A esto se agregan apoyos a instituciones, estudiantes y respuestas ante situaciones extraordinarias.
CASI MIL ALMUERZOS POR DÍA
En la ciudad funcionan cuatro comedores barriales vinculados al comedor 101, uno instalado en zona de Ancap, ubicado en Curupí, y los otros son Suroeste, Chaplin y Vista Hermosa. Entre ellos atienden habitualmente entre 600 y 650 personas por día, de lunes a viernes.
A esa cobertura se agrega el comedor 52, ubicado en Michelini y Uruguay, que recibe entre 200 y 250 personas diariamente. En consecuencia, la atención directa de esos cinco comedores alcanza entre 750 y 900 usuarios, según la demanda de cada jornada.
Jesús señaló que el objetivo es atender “la contingencia de vulnerabilidad social en el área alimentaria” mediante “una dieta balanceada, un almuerzo de lunes a viernes, diseñado y elaborado por nutricionista”. La prestación corresponde a un único almuerzo diario y no funciona sábados, domingos ni feriados.
La cifra crece cuando se incorporan estudiantes y otros programas atendidos desde la misma estructura. Promoción Social calcula unos 60 estudiantes terciarios y otros 40 o 50 incluidos en diferentes convenios, además de alumnos de UTU, liceos e IFD, programas como Cecap y otros apoyos menores.
Parte de esas comidas se elabora en el comedor 52 y posteriormente se distribuye. Los estudiantes de UTU reciben las porciones en la antigua cantina de esa institución, mientras otros concurren al espacio donde funcionaba la anterior residencia estudiantil, junto al comedor 52.
“Cuando se suma todo, hay 200 comensales extra”, explicó Jesús, y estimó que la estructura alcanza prácticamente los mil beneficiarios. “Cinco mil almuerzos por semana”, resumió.
Existen además convenios específicos con Ancap y la Universidad de la República que funcionan bajo modalidades diferentes y no están incluidos en la misma cobertura del INDA.
En el interior departamental, Jesús mencionó la existencia de comedores en Guichón, Tambores, Quebracho y Porvenir. Esa disponibilidad también determina diferencias en el régimen de acceso a las canastas de alimentos.
APORTES DE INDA Y DE LA INTENDENCIA
Según los datos manejados por Promoción Social, el costo de los comedores ronda los 14,1 millones de pesos. El aporte del INDA se ubica en aproximadamente 6,67 millones, mientras que alrededor de 7,42 millones son asumidos directamente por la Intendencia.
A ese monto la administración departamental agrega aproximadamente 1,93 millones de pesos en alimentos que quedan fuera del convenio, 571.135 pesos en productos de limpieza y unos 768.000 pesos correspondientes al gas. Esos rubros extraordinarios suman aproximadamente 3,27 millones de pesos.
De esa forma, el aporte departamental directo llega a unos 10,69 millones de pesos, sin considerar todavía los costos de funcionamiento.
Jesús señaló que a esa cifra deben añadirse los salarios de entre 25 y 30 funcionarios municipales –“no son contratados ni por fundación, son municipales”-, la logística, el transporte y distribución de alimentos, el mantenimiento de los locales, equipos y utensilios.
“Está poniendo más la Intendencia”, sostuvo al comparar las partidas, y estimó que, sumados los distintos conceptos, la comuna cubre entre el 60% y el 70% del costo de esta asistencia.
UNAS 1.750 CANASTAS POR MES
La segunda gran modalidad de asistencia corresponde a las canastas de alimentos, financiadas íntegramente con recursos departamentales.
En la ciudad de Paysandú se entregan alrededor de 1.100 canastas mensuales, mientras que en el interior 630 y puede aumentar de acuerdo con la demanda. En términos globales, Promoción Social calcula aproximadamente 1.750 canastas mensuales en todo el departamento. Una inversión mensual de 1.741.250 pesos y de alrededor de 21 millones al año.
Cada canasta tiene para la Intendencia un costo de compra próximo a los 995 pesos y está integrada por 14 productos. Entre los alimentos mencionados por Jesús figuran fideos, arroz, harina, leche en polvo, lentejas, azúcar, aceite, atún, arvejas, choclo, cocoa y, según la época del año, maicena o polenta.
El jerarca sostuvo que el mismo conjunto de alimentos tendría en el mercado un valor aproximado de entre 1.500 y 1.800 pesos. “Por volumen” la Intendencia logra un precio inferior, aclaró, y enfatizó que la diferencia “no es por calidad sino por cantidad”.
Para acceder a una canasta en la ciudad, el criterio general establece que el solicitante sea mayor de 60 años y tenga ingresos que no superen los 22.000 pesos si vive solo. Por cada integrante adicional del núcleo familiar se adiciona un límite de 7.000 pesos. Se solicitan recibos de jubilación, pensión o salario y, cuando la persona no se encuentra trabajando, constancia de inactividad del BPS, además de cédula y comprobante de domicilio.
La Intendencia en la ciudad solamente aporta canastas por encima de esa edad. Otros programas, no financiados o financiados parcialmente por la Intendencia, entregan canastas a otras franjas etarias.
La edad admite excepciones cuando existen problemas de salud debidamente acreditados. “Hay una excepción a esa regla de los 60 años cuando se encuentra en situación de patologías de salud. Entonces, en ese caso, con certificado médico se puede otorgar a menores de 60”, explicó Jesús.
En el interior el criterio es diferente. Excepto en las localidades donde existen comedores, se elimina el requisito de tener más de 60 años y pueden ser contempladas personas adultas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
“No es que una canasta solucione totalmente tu problemática. Es una mano para poder ir al rescate de aquel que está en situación problemática”, señaló Jesús.
En el interior, la entrega se organiza de manera bimestral. Cada beneficiario recibe dos canastas cada dos meses, manteniéndose así el equivalente a una por mes. El sistema procura reducir costos de traslado y distribución.
Los municipios participan cada vez más en el relevamiento de las situaciones, aunque la resolución definitiva permanece en manos del equipo de asistentes sociales de Promoción Social en Paysandú.
Jesús explicó que se pretende que el municipio tenga un papel activo porque “estando en territorio conoce al vecino”. Los censos son remitidos posteriormente a Paysandú para su evaluación.
EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Las solicitudes son analizadas por asistentes sociales mediante formularios y censos. Promoción Social también comenzó a instrumentar visitas domiciliarias en situaciones que se encuentran próximas a los límites de ingreso establecidos.
Jesús indicó que se incorporaron declaraciones juradas de ingresos y de vehículos para disponer de mayor información antes de adoptar una decisión.
Explicó que el nivel nominal de ingresos no es siempre suficiente para establecer la situación real de una familia, especialmente cuando existen gastos de salud o cuidados, aunque también señaló que se procura evitar que obligaciones crediticias asumidas voluntariamente sean consideradas automáticamente como una reducción de los ingresos. “Ahí estamos puliendo y poniéndonos un poco más estrictos”, señaló.
MÁS DE $50 MILLONES POR AÑO
La combinación de comedores y canastas representa una inversión anual de decenas de millones de pesos. Sólo las aproximadamente 1.750 canastas mensuales, a un costo cercano a 995 pesos cada una, implican una erogación próxima a 21 millones de pesos al año.
A ello se agregan más de 10 millones de pesos de aporte directo municipal a los comedores, unos 15 millones anuales estimados en personal, logística y funcionamiento, además del mantenimiento de locales, equipamiento y las respuestas alimentarias extraordinarias. Jesús estimó así que la inversión departamental supera los 50 millones de pesos anuales.
A esa estructura se recurre asimismo cuando se presentan fenómenos climáticos, emergencias o actividades especiales y para diferentes apoyos institucionales.
El subdirector sostuvo que buena parte de esa inversión permanece fuera de la percepción cotidiana de la población. “El espectro social no ve cuánto se está poniendo, cuánto se está invirtiendo en aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de precariedad en el alimento”, afirmó.
Y agregó que “ese es un valor importantísimo. Se está rescatando, se está dando una mano a alguien que está en una situación de precariedad, que tiene un derecho fundamental a acceder al alimento”.
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