Los ediles nacionalistas Andrés Silva Gallardo y Luciana Osaba presentaron en la Junta Departamental un proyecto para establecer el silencio administrativo positivo en trámites ante la Intendencia de Paysandú, una figura que permitiría que, si la administración no responde una petición dentro de determinado plazo, el planteo del administrado sea considerado aceptado. La iniciativa pasará a estudio de la Comisión de Legislación y Apelaciones.
Silva Gallardo explicó que el objetivo de la moción es “dotar de un efecto al silencio de la administración”, en el marco de una discusión más amplia sobre modernización del Estado y eficiencia administrativa. Según señaló, muchas veces los particulares realizan trámites, peticiones o consultas ante organismos públicos y quedan a la espera de una resolución que no llega.
“Todos hablamos de modernizar el Estado, de un Estado eficiente, y a veces ante peticiones por diferentes trámites de particulares ante dependencias del Estado, la gente suele esperar y no se resuelve”, expresó el edil.
El planteo apunta a crear una “ficción jurídica” para que, vencido un plazo sin respuesta, el silencio de la administración tenga un efecto concreto. “Si la administración en este plazo no se expidió, la solicitud que hace el particular debe tenerla como aceptada el Estado, de alguna forma, para que el administrado no siga esperando y se convierta, como escribió García Márquez, en ‘El coronel no tiene quien le escriba’”, sostuvo Silva Gallardo.
El proyecto de decreto establece “el silencio positivo como regla general para todo tipo de procedimientos administrativos a cargo de la Intendencia Departamental de Paysandú, en donde tenga que resolver la petición y consulta de un administrado titular de un derecho subjetivo, y que en un plazo de dos meses no se adopte resolución expresa sobre el fondo del asunto”.
Silva Gallardo aclaró que el plazo de dos meses incluido en el texto “es arbitrario” y puede ser modificado durante el estudio legislativo. “Puede ser menos, puede ser más”, indicó, al señalar que la iniciativa recién comienza su etapa de discusión.
El edil sostuvo que el silencio positivo “no es nuevo” en el derecho administrativo y recordó que Maldonado incorporó recientemente una herramienta similar. También mencionó que la ley de acceso a la información pública contiene un criterio comparable. “Es una herramienta jurídica para proteger a los ciudadanos que ante el Estado a veces poseen esa espera ante la inacción”, afirmó.
La propuesta se diferencia del criterio que actualmente rige para muchos recursos administrativos, donde la falta de resolución puede interpretarse como una denegatoria ficta. “Hoy en día el efecto es totalmente contrario a esto”, explicó Silva Gallardo. “En Uruguay contamos con las desventajas de que los recursos administrativos, si no son resueltos en determinados plazos, tienen la denegatoria ficta; es decir, se entiende que han sido denegados”.
Según el edil, el objetivo es avanzar hacia un instrumento que garantice derechos y obligue a la administración a responder en un plazo razonable. “No estoy diciendo que esta administración sea ineficiente, ha demostrado que es eficiente, pero la idea es dotar de un instrumento garantizador de derechos a una respuesta en un plazo razonable a las personas, a los ciudadanos sanduceros, que se resuelvan sus peticiones, sus consultas”, señaló.
En la exposición de motivos, los ediles sostienen que “el silencio administrativo es inadmisible en el Estado de Derecho contemporáneo” y que el ordenamiento jurídico debe establecer “la obligación de la respuesta en toda petición o consulta”. También afirman que “esta ficción jurídica viene a ser una herramienta útil para descomprimir la burocracia estatal ante simples trámites y consultas de los administrados que ven pasar el tiempo sin que sus reclamos sean satisfechos”.
El texto agrega que la garantía efectiva para el administrado requiere “un plazo cierto, breve y perentorio para que la Administración se pronuncie” y que ese pronunciamiento se realice mediante un acto administrativo ajustado a derecho, con posibilidad de impugnación ante los órganos jurisdiccionales cuando corresponda.
Silva Gallardo señaló que el análisis deberá incorporar la visión jurídica y administrativa de distintas reparticiones. “La idea es integrar ese trabajo generando una agenda de trabajo para que diferentes representantes de la Intendencia puedan dar su visión también jurídica del tema y empezar a avanzar”.
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